Jurisprudencia

El  Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede en Valladolid), en su sentencia de 30 de noviembre de 2011, rechaza el cómputo de acciones y fondos de inversión que no han sido pignorados en el activo a efectos de calcular la reducción del 95 por ciento de la base imponible para determinar la liquidable, porque no constituyen en sí mismos, y en principio, una actividad económica, pues no suponen la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes, ni son medios necesarios para la obtención de los rendimientos derivados de una actividad que pueda calificarse como económica.

La interesada intentó acreditar la afección de las acciones con cotización y los fondos de inversión a la actividad económica de la empresa alegando que los dividendos que producen las acciones se ingresan en cuentas bancarias de la sociedad, por lo que contribuyen a la obtención de rendimientos de la misma, y porque los fondos de inversión constituyen un excedente financiero de la sociedad y se utilizan para financiar o afianzar sus inversiones, como lo evidencia, a su entender, que a fecha 22 de diciembre de 2004 la totalidad de los fondos de inversión estaban pignorados.

La Audiencia Nacional acaba de dictar la sentencia de 2 de febrero de 2012, en la que reconoce la existencia de responsabilidad de la Administración en un supuesto en que, en el marco de un procedimiento de apremio, embargado un determinado bien, el mismo se deteriora por negligencia del depositario en su cuidado.

Señala el Tribunal, en términos que resultan más que claros, que si la Administración es la que designa al depositario del bien embargado, e incluso en el caso de los autos el lugar de depósito, es a ella a quien compete exigir al depositario el cumplimiento de sus obligaciones.

La situación analizada en los autos es si cabe más grave en la medida en que la AEAT se retrasó 6 años en notificar al interesado que como consecuencia de no haberse adjudicado los bienes ni a particulares a través de subasta ni al Estado, los bienes embargados quedaban a disposición de su titular, lo que agravó aún más las consecuencias dañosas para el estado, y consecuentemente, el valor de los bienes embargados.

Según la recurrente, la falta de protección de los bienes embargados, en concreto maquinaria, dejándolos a la intemperie, desprotegidos frente a las inclemencias meteorológicas en un solar propiedad del depositario y, por otro lado, el retraso en la comunicación por parte de la Administración de que estaban a su disposición tras declararse desierta la subasta y declarada la no adjudicación al Estado son las causas directas del deterioro de la novedad y funcionabilidad de las máquinas que le resultaron embargadas.

El  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 3 de noviembre de 2011, declara no conforme a Derecho la liquidación girada por la Administración autonómica utilizando el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas.

No puede admitirse como justificada la comprobación del valor en la cantidad de tasación, pues el documento de valoración de la sociedad de tasación no se encuentra en el expediente administrativo, de ahí, que su ausencia no pueda ser suplida por el contendido teórico de los preceptos referidos, antes al contrario la inexistencia del documento es determinante de la falta justificación de la comprobación.

Esta liquidación no está motivada y no puede obtener su respaldo legal en el art. 57.1.g) de la Ley 58/2003 (LGT), en la medida en que en el expediente no consta el documento de valoración de la sociedad de tasación a efectos de la garantía hipotecaria del préstamo para su financiación.

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El  Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha declarado en su sentencia de 13 de diciembre de 2011, que la nulidad del expediente de contratación no afecta a la obligación tributaria, puesto que la nulidad se produce en un momento posterior al devengo del Impuesto y además se realizaron una serie de obras que dieron lugar a una posterior liquidación entre empresa y Administración.

Los impuestos y tributos se configuran como obligaciones legales y no como prestaciones personales voluntarias contractuales. Producida la nulidad de un acto administrativo o de un procedimiento, habrá que estar a cada caso concreto y en materia impositiva, al hecho imponible en cuestión.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia de 26 de diciembre de 2011, declara no conforme a Derecho la liquidación girada por la Administración autonómica utilizando el Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas.

En este caso el valor declarado sobrepasa ampliamente el informado por la Administración a efectos del art. 90 LGT, sin que pueda aceptarse la tesis de la resolución recurrida en orden a que dicha valoración sólo es vinculante para la Administración en el plazo de tres meses.

En definitiva, la cuestión no se suscita en orden al carácter vinculante de la valoración, sino a la ineficacia como medio de comprobación, pese a manejar, según expresamente reconoce, las valoraciones a efectos hipotecarios lo que exige entonces acreditar que el valor del bien transmitido se ha elevado entre el fin del período de vinculación a la Administración y la fecha del devengo, en el modo que defiende el criterio de comprobación elegido.

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Acaba de saltar a la actualidad la sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de enero de 2012, sobre responsabilidad de los administradores en supuestos de cese en la actividad de la entidad que gestionan, que analiza una situación de hecho muy particular, que incluso “sorprende” al propio Tribunal en su necesidad de análisis, y que tiene que ver con la eventual responsabilidad del administrador nombrado con posterioridad al cese en la actividad. En definitiva, ¿puede exigirse responsabilidad al administrador que no lo era en el momento del cese de las actividades?.

Precepto aplicable, ratione temporis, el art. 40.1.párrafo segundo de la Ley 230/1963 (LGT), en la redacción que le da la Ley 10/1985, que reza lo siguiente:

“Artículo 40.
1. (…)
Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas. (…)”

Ha llegado a la sede del Tribunal Supremo, vía recurso de casación para la unificación de doctrina, una cuestión de notable interés jurídico- tributario cual es la de si el supuesto de no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido por la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, regulado en el art. 7.1º.a) Ley 37/1992 (Ley IVA), es aplicable a cualquier empresario o profesional a los efectos del Impuesto, o debe excluirse del supuesto a los urbanizadores de terrenos y promotores, constructores o rehabilitadores de edificaciones destinadas a su venta o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente, que son empresarios a efectos del Impuesto por imperativo del art. 5.Uno.d) de la citada norma.

La recurrente presenta como soporte de su recurso dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de fechas 20 de abril de 2009 (la que se recurre), y de 23 de marzo de 2004 (la que se aporta de contraste).

En la primera de ellas, en la recurrida, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, entiende que la transmisión de la totalidad de las parcelas de las que era titular la recurrente constituyó la enajenación del patrimonio empresarial de la transmitente, tratándose de una operación no sujeta al IVA conforme a lo dispuesto en el art. 7.1º.a) Ley 37/1992 (Ley IVA), en relación con el art. 5.Uno.d) de la misma norma, que le otorga la condición de empresario.

En relación con la determinación, a efectos de la percepción del IVA, del lugar de realización del hecho imponible en las prestaciones de servicios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 26 de enero de 2012, analiza si el concepto de «prestaciones consistentes en cesiones de personal» recogido en el artículo 9, apartado 2, letra e), sexto guión, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, incluye también la cesión de personal autónomo, no asalariado del empresario prestador del servicio.  

Dicho guión excepciona de la regla general del lugar de las prestaciones de servicios, a las prestaciones consistentes en cesiones de personal hechas a personas establecidas fuera de la Comunidad, o a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad, pero fuera del país de quien los preste.

Teniendo en cuenta no sólo el tenor literal sino también su contexto y el objetivo perseguido por la normativa de la que forma parte, y siendo el objetivo de los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, evitar, por una parte, los conflictos de competencia que pueden dar lugar a casos de doble imposición y, por otra, la no imposición de ingresos, el Tribunal responde de manera afirmativa e interpreta que el concepto de «prestaciones consistentes en cesiones de personal» al que se refiere esa disposición incluye también la cesión de personal autónomo, no asalariado de la empresa que presta el servicio.

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La sentencia de 25 de noviembre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señala que en la disolución de una comunidad de bienes habiendo sido compensado el sujeto pasivo en metálico por un importe superior a la cuota de participación en la misma se produce una ganancia patrimonial al haberse producido una actualización del valor de los bienes que integraban dicha comunidad.

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La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de asistencia social establecida en el art. 148.1.20º de la Constitución Española obliga a entender que la fijación de las bases para la concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF deben ser también de su competencia exclusiva, claro está, siempre y cuando hubieran asumido expresamente dicha competencia principal al amparo de su respectivo estatuto de autonomía.

Esta es la conclusión jurídica que se puede extraer de la lectura de la sentencia de 16 de diciembre de 2011 del Tribunal Supremo, que tiene origen en un recurso planteado por la Generalitat de Catalunya, interesada directamente en que el Tribunal aclarase que esa competencia -la de la fijación de las bases para la concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF- es de su competencia exclusiva, eliminando así intromisiones del Estado en su terreno competencial.