Jurisprudencia

• El Supremo defiende la legalidad del Impuesto asturiano sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
• Rehabilitación de edificaciones: El RDL 2/2008 no puntualiza sino que regula ex novo en la Ley del IVA la exclusión del valor del suelo del cálculo del límite del 25 por ciento
• Las operaciones accesorias pero no intrínsecas a las operaciones financieras no están exentas de IVA
• Está justificado no tratar como a un Estado miembro de la UE a un paraíso fiscal, aunque se encuentre dentro del Espacio Económico Europeo
• Exención por doble imposición internacional en la transmisión de acciones de entidades no residentes
• Provisión para responsabilidades: momento de reversión de la provisión
• La indemnización recibida al no ser posible la ejecución de una sentencia es una renta exenta al indemnizar una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva

En los últimos meses en sede del Tribunal Supremo se ha reabierto el debate sobre la trascendencia de los datos declarados en el IRPF respecto de otras declaraciones, por otros impuestos, en los que estos tienen consecuencias en orden a reconocer diferentes beneficios fiscales.

Hablamos en concreto de la sentencia de 16 de diciembre de 2013, que señalaba que cuando era uno de los herederos el que cumplía las funciones de dirección, lo que deberá acreditarse para poder tener derecho a la reducción en ISD es que en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de dirección en la empresa familiar superaran el porcentaje del 50 por ciento sobre el resto de las retribuciones, no teniendo relevancia los datos declarados en su declaración por el IRPF del ejercicio anterior.

Se ha dado una última vuelta de tuerca al debate generado por la modificación del régimen de las tasas judiciales operado por la Ley 10/2012 (Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), que tantas idas y venidas ha suscitado en los últimos meses en todo tipo de estamentos: judiciales, políticos, sociales…

Pues bien, hoy toca hacer referencia a la valoración que sobre esta regulación ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 27 de marzo de 2014, o más bien a su falta de valoración, en tanto cuestiones procedimentales le han impedido entrar a valorar.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (Vid., auto TS, de 9 de febrero de 2012, recurso nº  7199/2004) a raíz de un recurso planteado por una de nuestras más importantes entidades bancarias, ha hecho pública su sentencia de 20 de marzo de 2014, en la que viene a dar luz verde al régimen de las transmisiones patrimoniales por equiparación (las transmisiones de inmuebles solapadas a través de transmisiones de participaciones en entidades cuyo activo está principalmente compuesto por bienes inmuebles) establecido en el art. 108 Ley 24/1988 (Mercado de Valores), conforme al cual se habilita a someter ese tipo de operaciones al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, privándoles de la exención reconocida a las transmisiones de valores en general.

El Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de marzo de 2014, ha señalado que el recurso de revisión de sentencias firmes, no cabe en el concepto general de procesos declarativos utilizado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su artículo 2 a), para definir el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la naturaleza extraordinaria y excepcional de dicho recurso, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como es la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior, es decir, dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible, lo que afectara a todos los órdenes jurisdiccionales.

La Audiencia Nacional (AN), que hasta ahora había mantenido una posición contraria a la posibilidad de que la Administración pudiera modificar, con ocasión de la comprobación del ejercicio en que se compensan, las bases imponibles negativas (BIN) de ejercicios prescritos -ver, entre otras, las sentencias de 19 de diciembre de 2013, recurso nº 89/2011, de 24 de octubre de 2013, recurso nº 358/2010, y otra de misma fecha, recurso nº 410/2010, acoge la reciente jurisprudencia del TS (6 de noviembre, 14 de noviembre y 9 de diciembre de 2013 que se citan en la sentencia de la AN) que admite la posibilidad de corregir las BIN de periodos prescritos y otorga a la Administración, en toda su extensión, sin límite por razón de la prescripción, la facultad de comprobación de las mismas.

• Si se conocen los datos necesarios para regularizar una situación tributaria se debe formalizar acta aunque las actuaciones continúen respecto de otros ejercicios o impuestos
• La pertenencia a un grupo de sociedades no supone una limitación a la exención en el IAE por inicio de actividad
• Las deudas asumidas por un pariente en ejercicio de sus obligaciones como tutor del causante son deducibles de su herencia
• La reducción por arrendamiento de vivienda también se aplica a los rendimientos negativos
• Solicitud de división de la obligación tributaria: excepción a la regla de la solidaridad que vincula a todos los sucesores mortis causa
• Designar a la pareja de hecho como beneficiaria de una póliza de seguros sirve como prueba de la convivencia

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de diciembre de 2013, aborda una situación curiosa, cual es la de la consolidación de la deducción por inversión en la construcción de la vivienda habitual dándose la circunstancia de que el contribuyente -y adquirente- ha ocupado la vivienda antes de la finalización de la construcción, al no hacerse cargo la promotora del remate final de la misma.

Acaba de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de enero de 2014, en la que se analiza la cuestión del devengo de las entregas de bienes en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en operaciones en las que no coinciden la entrega de la posesión y el otorgamiento del título de adquisición.

Recuerda el Tribunal Supremo algo incuestionable por su constante reiteración y es que en nuestro Derecho interno la transmisión de la propiedad se produce con la conjunción del título y el modo (art. 1462 CC) de tal modo que, o tienen lugar ambas, o la transmisión no se entiende producida.

• Una factura emitida de manera errónea supone la pérdida del derecho a la deducción de un IVA indebidamente pagado 
• El retraso en la inscripción de una operación societaria no evita la vinculación que se deriva de ella
• La existencia de sentencias en el sentido de la actuación del obligado tributario eliminan la sancionabilidad de su conducta
• El pago por un tercero de la deuda por IVA impide la exigencia de intereses de demora al sujeto pasivo por inversión
• La prueba de la afección total de los vehículos a la actividad en el IRPF es complicada pero posible
• No procede la adición a la herencia de los bienes que el heredero demuestra no han llegado a su poder
• Transmisión por telefax de escritos: la fecha y hora de recepción es la que se entiende como válida a efectos del cómputo de plazos 
• Lo verdaderamente importante del “certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias” es su realidad material, no la formal
• La revisión de las notificaciones de deudas tributarias que se recaudan en asistencia a otro Estado miembro no compete a los tribunales españoles
• El vínculo por afinidad desaparece con la muerte del pariente consanguíneo