La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2009, respecto de la culpabilidad del sujeto pasivo, considerando que no se pasa por alto que es verdad que la entidad, como consecuencia de los precios de transferencia, no aplicó correctamente el art. 16.3 Ley 61/1978 (Ley IS) y que, posiblemente, dejó de ingresar parte de la deuda tributaria correspondiente, conducta tipificada en el art. 79 a) Ley 230/1963 (LGT), entiende, por otro lado, como reza el art. 77.4.

Destacamos en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de noviembre de 2009, sobre fijación del precio de transferencia en el IS de operaciones que han sido valoradas previamente por la Administración a efectos de otros tributos (Derechos de importación en el supuesto de autos).

Critica la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de noviembre de 2009, que el legislador estatal, que ha dispuesto de tiempo sobradamente suficiente para acomodar la regulación del régimen jurídico del devengo de intereses moratorios a cargo de la Hacienda pública a la interpretación conforme a la Constitución indicada por este mismo Tribunal desde su STC 69/1996, de 18 de abril de 1996 (NFC004045), finalmente haya venido a reproducir en el art. 24 Ley 47/2003 (LGP) la ambigua por imprecisa redacción del anterior art. 45 RDLeg.

Así se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 26 de enero de 2010, sobre reclamación de responsabilidad por aplicación de normas anticomunitarias: El Derecho de la Unión, señala el Tribunal, se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de la Unión Europea dictada con arreglo al art. 226 del Tratado CE (actual art.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2009, reconoce la procedencia de la deducción como gasto de personal, al tratarse de salarios en especie, de la diferencia entre el interés que los trabajadores pagan a la sociedad para la que trabajan y el que ésta satisface por las mismas sumas a una entidad bancaria a la que le había solicitado un crédito para retribuir a sus trabajadores, por el que éstos le abonan un interés inferior al que le solicita la entidad financiera, ya que los gastos del crédito recibido de la entidad financiera, además de ser nece

La sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de julio de 2009, sale al paso de una controvertida cuestión al respecto del IVA, cual es el tratamiento de las prestaciones de servicios realizadas a título gratuito por parte del empresario o profesional. Concluye el alto tribunal que la interpretación conjunta de los arts. 6.º 2 de la Sexta Directiva y de los números 2.º y 3.º del art.

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2009 entiende que la constitución de una comunidad de propietarios para la promoción de un conjunto residencial por el sistema de creación sucesiva, en la que se integrarán las personas fundadoras (una sociedad gestora y otra cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria), y aquellas otras que sucesivamente se vayan incorporando a ella, no es propiamente una comunidad de autopromotores, sino de promotores constituida con la intención de realizar una actividad empresarial, por lo que debe quedar sujeta al gravamen d

Así lo establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2009, que declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, por tratar de diferente forma hasta el 31 de diciembre de 2006 las ganancias patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen residentes o no residentes (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ035348, y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, noviembre 2009)<

En este sentido cabe destacar la sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de julio de 2009, sobre ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras, en la que se afirma que hay un tiempo para la «apreciación» de las circunstancias que pueden abocar a la «ampliación»; y existe un «tiempo de carencia» para poder adoptar el acuerdo de ampliación.

Así se afirma en la sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo de 2009. El uso del método comparativo (establecido en las Directrices de la OCDE) no exige que se analicen "operaciones concretas efectuadas por empresas independientes" para determinar las diferencias con la realizada por la entidad inspeccionada. Si ello fuera así, la aplicación del art.