TEAC

La superación del plazo máximo de 18 meses de duración del procedimiento inspector no determina su caducidad, sino la pérdida del efecto interruptivo de la prescripción de las actuaciones desarrolladas hasta ese momento. No obstante, cuando la Administración reanuda las actuaciones mediante un acto con eficacia interruptiva, debe someterse nuevamente al plazo máximo de 18 meses para finalizar el procedimiento, por lo que la liquidación definitiva será válida siempre que se notifique antes de que transcurra dicho plazo.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 2374/2025, de 29 de septiembre de 2026, analiza las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, así como los efectos de la posterior reanudación del procedimiento. La controversia se centra, fundamentalmente, en determinar si la superación del plazo de 18 meses impide continuar las actuaciones inspectoras o si, por el contrario, la Administración puede reanudarlas mediante una nueva comunicación con eficacia interruptiva de la prescripción y disponer de un nuevo plazo máximo para dictar y notificar la liquidación.

El TEAC confirma la regularización tributaria derivada de la simulación de servicios facturados entre entidades vinculadas cuando la Administración acredita, mediante un conjunto de indicios suficientemente sólidos y coherentes, que las operaciones no se realizaron efectivamente, pero limita la sanción por emisión de facturas falsas al 75% de su base al considerar que no procede aplicar el agravamiento previsto para los incumplimientos sustanciales de las obligaciones de facturación cuando las facturas corresponden a operaciones simuladas que han sido eliminadas de la regularización de los mismos impuestos y períodos.

La resolución RG 9528/2023, de 24 de septiembre de 2026, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) analiza la regularización tributaria practicada a varias sociedades vinculadas, identificadas como JK, GH y XZ, en relación con los servicios facturados entre ellas. La controversia se centra, fundamentalmente, en determinar si los servicios facturados por JK a XZ se habían prestado realmente o si las operaciones respondían a una simulación absoluta destinada a generar gastos fiscalmente deducibles y justificar una estructura empresarial cuya apariencia no se correspondía con la realidad económica.

La caducidad del procedimiento de comprobación limitada por falta de notificación válida en plazo: la puesta a disposición de la liquidación en la dirección electrónica habilitada no constituye un intento válido de notificación cuando el contribuyente no está obligado ni se ha acogido voluntariamente a este sistema.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza en la resolución RG 2426/2023, de 23 de junio de 2026, la conformidad a Derecho de una liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) correspondiente al ejercicio 2021, dictada por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria (ONGT), a raíz de una reclamación en la que la interesada cuestiona la validez de las notificaciones practicadas por la Administración tributaria. La reclamante sostiene que las notificaciones no se realizaron conforme a las exigencias legales, lo que podría determinar la nulidad de pleno derecho o la anulabilidad de la resolución impugnada. Aunque la interesada centra sus alegaciones en los defectos de notificación, el Tribunal considera necesario examinar previamente, incluso de oficio, si se ha producido la caducidad del procedimiento de comprobación limitada por haber superado el plazo máximo legal para su terminación, así como las consecuencias que ello puede tener sobre la prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria.

La Administración tributaria debe justificar, con carácter previo al inicio de una comprobación de valores, las razones concretas que permiten cuestionar el valor declarado por el contribuyente, sin que resulte suficiente invocar el medio legal de comprobación utilizado ni exponer, una vez realizada la actuación, las diferencias existentes entre los precios de distintas transmisiones del mismo inmueble.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución RG 4338/2025, de 8 de octubre de 2026, analiza una comprobación de valores efectuada en el seno de un procedimiento inspector, mediante la que la Administración incrementó la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), aplicando el método previsto en el art. 57.1.h) de la LGT, consistente en tomar como referencia el precio o valor declarado en otras transmisiones del mismo bien.

Nuevo análisis amplio del régimen FEAC por el TEAC: canje de valores por persona física a favor de una holding, entregando acciones de una sociedad operativa con beneficios realizados que después se reparten como dividendos a la holding.

El TEAC delimita la aplicación de la cláusula antiabuso del art. 89.2 LIS en el régimen FEAC: la existencia de un propósito abusivo no permite regularizar íntegramente la ganancia patrimonial en el ejercicio de la aportación, sino únicamente eliminar la ventaja fiscal efectivamente consumada.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) RG 417/2023, de 8 de octubre de 2026, analiza la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (régimen FEAC), regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), a una operación mediante la cual una persona física aportó participaciones de dos sociedades a una entidad holding de nueva creación. La controversia se centra en determinar si la operación respondía a motivos económicos válidos que justificaran su acogimiento al régimen de neutralidad fiscal o si, por el contrario, su finalidad principal era obtener una ventaja tributaria indebida, lo que permitiría a la Administración aplicar la cláusula antiabuso prevista en el art. 89.2 LIS.

La tributación en España de las prestaciones por desempleo percibidas por un contribuyente acogido al régimen portugués de Residentes No Habituales se determina atendiendo a los requisitos para aplicar el Convenio de Doble Imposición entre España y Portugal. El certificado de residencia fiscal en Portugal no garantiza, por sí solo, la aplicación del CDI cuando el contribuyente está acogido al régimen de Residentes No Habituales

La controversia analizada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución RG2463/2023, de 13 de julio de 2026, se refiere a la tributación de las prestaciones por desempleo abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante 2021 a un contribuyente que alegaba ser residente fiscal en Portugal. El interesado presentó una autoliquidación del modelo 210 del IRNR, solicitando la devolución de las retenciones soportadas, al considerar que las cantidades percibidas debían calificarse como una pensión y tributar exclusivamente en el Estado de residencia, conforme al art. 18 del Convenio hispano-portugués. Por su parte, la Administración consideró que las prestaciones constituían rendimientos del trabajo sujetos a tributación en España, criterio que fue confirmado por el TEAC.

En este caso analizado por el TEAC la modificación de la base imponible del IVA se realiza teniendo en cuenta la declaración de concurso del destinatario.

El art. 80.Tres de la Ley 37/1992 (Ley IVA), permite al acreedor reducir la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no ha satisfecho las cuotas repercutidas y, con posterioridad al devengo, se dicta auto de declaración de concurso. El ejercicio de este derecho está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos legales y reglamentarios, entre ellos la expedición y remisión de las facturas rectificativas al destinatario de las operaciones y, en estos supuestos, a la administración concursal, así como la acreditación de dicha remisión conforme al artículo 24 del Reglamento del IVA.

La controversia analizada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en la resolución RG 7774/2024, de 22 de septiembre de 2026, se refiere a las consecuencias de remitir esas facturas fuera del plazo establecido en el art. 18 del Reglamento de facturación. En el caso examinado, las facturas rectificativas se expidieron en noviembre de 2023, pero su remisión al deudor y a la administración concursal se efectuó en mayo de 2024, después de que la Administración tributaria iniciara un procedimiento de comprobación limitada. La Administración consideró que el incumplimiento del plazo determinaba la pérdida del derecho a reducir la base imponible, criterio al que se opuso la entidad reclamante por entender que la remisión tardía no debía impedir la recuperación del IVA correspondiente a créditos impagados.

El Libro Registro de Socios contiene información con trascendencia tributaria para la Administración, pues permite verificar la identidad y el domicilio de los socios, titulares de las participaciones en la sociedad y las modificaciones que se produzcan en la titularidad de tales participaciones como consecuencia de las diferentes transmisiones.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza en la resolución RG 7345/2023, de 24 de septiembre de 2023, un requerimiento de información mediante el que la Administración tributaria solicitó a una sociedad los datos identificativos de los dos socios o partícipes con mayor participación extraídos de su Libro Registro de Socios.

La entidad recurrente solicita la anulación del requerimiento alegando, por un lado, que carece de motivación suficiente y que no identifica las circunstancias que justifican la actuación administrativa y, por otro, que no se explica la trascendencia tributaria de la información solicitada ni su necesidad para una eventual regularización. Asimismo, considera que la Administración pretende invertir la carga de la prueba y actuar de forma desproporcionada, generando indefensión al obligado tributario.

La consecuencia jurídica de ello es que la tasación pericial contradictoria no procede cuando la base imponible del ITP y AJD se determina mediante el valor de referencia.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en la resolución RG 1409/2025, de 30 de junio de 2026, resuelve un recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, que había confirmado la inadmisión de la solicitud de reserva del derecho a promover una tasación pericial contradictoria en relación con la adquisición de 56 inmuebles. La controversia surge porque la Agencia Tributaria regularizó la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) aplicando el valor de referencia previsto en la normativa catastral. La entidad recurrente considera que dicha actuación constituye una comprobación de valores que permite solicitar la tasación pericial contradictoria, al amparo de los arts. 57 y 135 de la Ley General Tributaria (LGT), y del art. 47 del texto refundido de la Ley del ITP y AJD. En apoyo de su postura, sostiene que el valor de referencia puede encuadrarse en los medios de comprobación previstos en el art. 57.1 de la LGT.

Las cantidades satisfechas por un cónyuge separado para mantener el nivel de vida del otro pueden calificarse como pensión compensatoria sujeta al IRPF, aunque no estén expresamente recogidas en el convenio de separación ni exista una resolución judicial que las establezca. La Administración tributaria puede acudir a la prueba indiciaria para determinar la verdadera naturaleza de las rentas percibidas, siempre que los hechos acreditados permitan alcanzar una conclusión mediante un razonamiento lógico, preciso y concordante.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución RG 9367/2023, de 13 de julio de 2026, analiza la tributación en el IRPF de las cantidades satisfechas por un cónyuge separado a su expareja en concepto de alquiler de la vivienda, gastos personales y familiares y disposiciones realizadas mediante tarjetas de crédito, así como la procedencia de su calificación como rendimientos del trabajo en concepto de pensión compensatoria.