TEAC

El TEAC detalla cuestiones que afectan valor de adquisición y de transmisión de un inmueble para calcular la ganancia patrimonial de una entidad no residente. El coste de construcción no siempre se incluye en el valor de adquisición, como tampoco puede minorarse siempre el valor de transmisión en el coste del mobiliario. Y, el hecho de que un inmueble sea propiedad de una persona jurídica no permite presumir que haya estado arrendado, cedido o puesto a disposición de los socios o administradores durante el tiempo de permanencia en su patrimonio.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) examina en su resolución RG 7794/2023, de 24 de septiembre de 2026 la conformidad a Derecho de una liquidación relativa a la ganancia patrimonial obtenida por una entidad no residente con ocasión de la transmisión de un inmueble situado en España.

La controversia se centra en tres cuestiones: la inclusión del coste de construcción de la vivienda en el valor de adquisición, la amortización que debe minorar dicho valor y la posibilidad de excluir del valor de transmisión una parte del precio atribuida al mobiliario existente en el inmueble.

En los supuestos de responsabilidad tributaria "en cadena", la derivación de la responsabilidad subsidiaria constituye el presupuesto de hecho habilitante de la posterior derivación de responsabilidad solidaria. En consecuencia, el responsable solidario puede impugnar el acuerdo dictado frente a él alegando la improcedencia de la previa derivación de responsabilidad subsidiaria, cuando ésta constituya un requisito para aquélla, invocando la inexistencia de declaración de fallido de la deudora primogénita.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución RG 9980/2023, de 17 de septiembre de 2026, analiza la legalidad de un acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria al amparo del art. 42.2.a) de la LGT, relativo a quienes causen o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

El Tribunal considera que no se puede obtener la devolución del IVA soportado por servicios de instalación y montaje cuando no se acredita que estos constituyan prestaciones accesorias de servicios de reparación o suministro de repuestos. La resolución también analiza el requisito de reciprocidad con Canadá y establece que el límite mínimo de 400 euros para solicitudes trimestrales debe calcularse sobre el conjunto de cuotas incluidas en la solicitud, y no factura por factura.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 5890/2025, de 22 de septiembre de 2026, analiza el régimen especial de devolución del IVA a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto, en particular, cuando el solicitante está establecido en Canadá, así como el alcance de la reciprocidad de trato reconocida entre España y dicho Estado.

El Tribunal rechaza la deducción de la amortización de un fondo de comercio no acreditado y analiza cómo deben corregirse los errores contables. La resolución también aborda la comprobación de operaciones de ejercicios prescritos, la doble imposición y la deducibilidad de cantidades pagadas por responsabilidad civil.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 2110/2024, de 23 de junio de 2026, analiza la deducibilidad en el IS de la amortización de determinados fondos de comercio, los efectos fiscales de los errores contables y las facultades de comprobación de la Administración sobre operaciones realizadas en ejercicios prescritos cuyos efectos se proyectan sobre ejercicios no prescritos.

El TEAC establece que la incorrecta llevanza de libros o registros, aunque su incidencia supere el 50% de la base de la sanción, no basta por sí sola para calificar la infracción como muy grave por utilización de medios fraudulentos, siendo necesario que la Administración motive el propósito específico de eludir el pago de impuestos.

La cuestión analizada por el TEAC en la resolución RG 51115/2026, de 22 de septiembre de 2026, consiste en determinar si, para calificar una infracción tributaria como muy grave por utilización de medios fraudulentos, conforme al art. 184.3.a).3.º de la LGT, basta con acreditar que la llevanza incorrecta de los libros contables o registros tributarios supera el porcentaje del 50% de la base de la sanción, o si, además, la Administración debe justificar la existencia de un ánimo fraudulento específico. El supuesto se refiere a la llevanza incorrecta de los libros mediante falsedad de asientos, registros o importes, omisión de operaciones o contabilización en cuentas incorrectas que alteren su consideración fiscal.

El reembolso del coste de la garantía tiene su regulación específica en el art. 33 de la LGT y su normativa de desarrollo, en las que se establece el reembolso de los costes incurridos hasta la cancelación de la garantía más los intereses devengados desde la fecha en que se incurre en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago. Lógicamente excluyendo el periodo en el que el contribuyente se haya retrasado en su solicitud desde la cancelación de la garantía hasta que solicita el reembolso.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 3211/2023, de 17 de julio de 2026, se centra en determinar si, en el reembolso de los costes del aval aportado para la suspensión de la deuda tributaria, procede reconocer los intereses legales correspondientes a los costes devengados durante la tramitación del procedimiento amistoso.

Pero se exige acreditar mediante elementos objetivos la intención de rehabilitación del adquirente en el momento de la transmisión, sin que el estado ruinoso del inmueble ni la mera manifestación de voluntad recogida en la escritura permitan justificar por sí solos la sujeción y no exención al IVA.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 50042/2025, de 18 de junio de 2026, analiza si resulta procedente aplicar la exención del art. 20.Uno.22.º de la Ley 37/1992, del IVA, a la transmisión de un inmueble realizada entre dos entidades. La operación fue inicialmente considerada sujeta y no exenta de IVA porque, según la escritura de compraventa, se trataba de una edificación que iba a ser objeto de demolición o rehabilitación. La entidad adquirente impugnó posteriormente la repercusión del impuesto al considerar que no se había producido la rehabilitación del inmueble.

El TEAC considera que puede exigirse la responsabilidad subsidiaria del representante persona física de una persona jurídica administradora al amparo del art. 40.3 LGS, cuando no haya hecho lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones de reintegro, conforme al criterio establecido en su resolución de 10 de diciembre de 2024 (RG 00/07289/2021), extrapolable a este supuesto por la similitud del presupuesto de hecho.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 9086/2023, de 17 de julio de 2026, analiza la procedencia de una declaración de responsabilidad subsidiaria al amparo del art. 40.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la recaudación de una serie de préstamos concedidos a la deudora principal que no fueron reintegrados como consecuencia del incumplimiento de las condiciones.

La suspensión de las sanciones derivadas de responsabilidad tributaria solo produce efectos respecto del responsable que interpone la correspondiente reclamación económico-administrativa. Los recursos presentados por la entidad sancionada o por otros responsables no extienden sus efectos suspensivos a los demás responsables, dado el carácter autónomo e independiente de cada procedimiento de derivación de responsabilidad.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en su resolución RG 9993/2023, de 17 de julio de 2026, analiza si las providencias de apremio dictadas frente al responsable deben quedar sin efecto por los pagos efectuados por la entidad y, especialmente, si la suspensión de las sanciones derivadas acordada como consecuencia de los recursos interpuestos por la entidad sancionada o por otros responsables puede extender sus efectos al reclamante.

El TEAC determina que, para acogerse al régimen de diferimiento del IVA a la importación, el requisito de tener un período de liquidación mensual debe cumplirse en el ejercicio en que la opción produce efectos, y no necesariamente en el momento de su ejercicio, aunque el contribuyente debe acreditar anticipadamente que cumplirá dicha condición, admitiéndose como vía de acreditación la solicitud simultánea de inscripción en el Registro de Devolución Mensual.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 1021/2025, de 18 de junio de 2026, analiza cuándo deben cumplirse los requisitos necesarios para optar por el régimen de declaración e ingreso de las cuotas de IVA a la importación previsto en el art. 167.Dos de la Ley del IVA. Este régimen permite que determinados sujetos pasivos, en lugar de ingresar las cuotas de IVA a la importación en el momento correspondiente conforme a las reglas generales, las incluyan en la autoliquidación del período en el que reciben el documento en el que consta la liquidación practicada por la Aduana. Su desarrollo reglamentario se encuentra en el art. 74 del Reglamento del IVA, que exige, entre otros requisitos, que el importador sea empresario o profesional y que tenga un período de liquidación coincidente con el mes natural. La opción debe ejercitarse mediante declaración censal durante el mes de noviembre anterior al año en que vaya a producir efectos.