Jurisprudencia

El Tribunal Supremo sentará jurisprudencia sobre si procede anular las liquidaciones en estos casos, dada la ausencia de norma vigente que aclare cómo determinar cuándo concurre una situación inexpresiva de capacidad económica

El Tribunal Supremo ha dictado un auto, de 23 de noviembre de 2017, que contiene la admisión a trámite de un recurso de casación para la formación de jurisprudencia en el que el tribunal ve la necesidad de pronunciarse, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, sobre si esta «tesis maximalista» del alcance de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, de 11 de mayo que llega desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Zaragoza, es legalmente correcta.

• Pagar en vez de litigar un IVA que circunstancialmente deviene indebido, no garantiza un derecho a la devolución
• El valor de aduana no puede ser corregido a la baja por ajustes en los precios de transferencia
  
• La rescisión de una donación no evita la declaración de responsabilidad del donatario ya que ese momento los bienes estaban sustraídos de la acción administrativa
• Reorganización empresarial y sucesión en la dirección de las empresas implicadas son objetivos compatibles y no excluyentes de una operación sometida al régimen fiscal de fusiones
• El Supremo entiende que el inicio del procedimiento de inspección más allá del límite temporal de la orden de carga no es una causa de nulidad del procedimiento
• El Supremo se plantea responder a la cuestión de a quién le corresponde la carga de la prueba de la pérdida de valor de los terrenos transmitidos con minusvalía
• El alta en el IAE no implica necesariamente ejercicio de la actividad de promoción inmobiliaria ni afección  de los inmuebles  a dicha actividad económica
• El principio de los actos propios vincula no solo a la Administración sino también a los administrados
• La omisión del trámite de publicación de la ordenanza del IBI es un vicio de nulidad absoluta
• El error contable alegado determinó la insolvencia de la entidad, y no exime de responsabilidad al administrador

• El principio de legalidad obliga al TJUE a matizar los efectos de la sentencia del Caso Taricco sobre prescripción de la persecución de los fraudes de IVA 
• La extensión ilegítima de la revisión más allá de los términos del debate no constriñe al afectado a defenderse exclusivamente de ese particular
• El principio de justicia rogada limita la capacidad de los Tribunales de justicia para declarar la prescripción de oficio
• El Tribunal Supremo acota los límites temporales que permiten dictar una nueva comprobación de valores tras su anulación por falta de motivación
• A efectos del cómputo de las dilaciones, la matización de los requerimientos de documentación supone una nueva petición
• Es nula la tasa que no se justifique en una memoria técnico-económica suficiente
• Sanción a Registrador de la Propiedad por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración por no atender debidamente requerimientos
• Grupo de sociedades a efectos del régimen de empresas de reducida dimensión
• Efecto preclusivo del procedimiento de verificación de datos
• La no concesión de la licencia urbanística conlleva la devolución del ITP y AJD abonado con motivo de la división horizontal

Se confirma así la “doctrina” creada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias a costa de la residencia fiscal de los becados en el extranjero

El Tribunal Supremo, de la que es exponente la de 28 de noviembre de 2017, ha dictado un conjunto de sentencias que analizan bajo el formato del nuevo recurso de casación con el objetivo de formación de jurisprudencia la cuestión de si las ausencias esporádicas, que según el art. 9 Ley 35/2006 (Ley IRPF) no computan a la hora de determinar la residencia fiscal en España del contribuyente, dependen o no de la voluntad de permanencia de la persona en cuestión o su valoración se mide por criterios objetivos exclusivamente.

Es decir, que si el motivo de la residencia fuera de territorio español no pone de manifiesto una voluntad real de residir fuera –como es el caso en cuestión, de unos estudiantes becados por el ICEX para estudiar en el extranjero- pueda ello tenerse en cuenta a la hora de valorar que esos contribuyentes residen o no fuera de España, y tributan por el IRPF o IRNR.

El que comporte ventajas fiscales no es obstáculo para que una operación de reestructuración empresarial (escisión) pueda acogerse al régimen especial. El propio diferimiento en la tributación que supone el régimen  de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores puede constituir una ventaja fiscal a efectos de considerar la existencia de motivo económico válido en la operación

La Audiencia Nacional en dos recientes sentencias admite la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores en los supuestos analizados a pesar de que dichas operaciones comporten ventajas fiscales. 

El principio non bis in ídem impide dos sanciones, pero no dos pronunciamientos sobre los mismos hechos, por lo que  cabe la posibilidad de regularización administrativa pese a sentencia penal absolutoria

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 13 de julio de 2017 afirma que la prejudicialidad penal afecta a los hechos declarados probados por el tribunal penal. No obstante, en el supuesto de que respecto a la deducción por servicios no reales, el tribunal penal hubiese absuelto al administrador por no haberse acreditado la falsedad de las facturas, ello no implica que no pueda regularizarse en vía administrativa, en la medida que existan indicios suficientes de que los servicios no eran reales. Los testimonios de los trabajadores que sirvieron para declarar no acreditada la falsedad de las facturas no son suficientes para que en vía administrativa, dada la rotundidad de los indicios existentes en contra, se den por reales los servicios prestados. El principio de non bis in ídem impide dos sanciones, pero no dos pronunciamientos sobre los mismos hechos.

La Administración General del Estado recurre la denegación del carácter indebido de dilaciones imputadas en procedimiento con clara demostración de mala fe en el comportamiento administrativo

La sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de octubre de 2017, es un lamentable ejemplo de un desviado proceder administrativo que se intenta llevar hasta sus últimas consecuencias y que termina con un resultado no previsto: la condena en costas a la Administración por su abuso de posición y por la mala fe demostrada a lo largo de todo el procedimiento litigioso.

Ni la Administración ni el juez pueden reconstruir la regulación del IIVTNU declarada inconstitucional

Siguen repitiéndose los casos en los que los Tribunales anulan  las liquidaciones que por el IIVTNU giran los Ayuntamientos  a los contribuyentes  en un clima de gran inseguridad jurídica ante el retraso por parte del estado en ultimar la reforma de este impuesto una vez que el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad y  un Juzgado gallego pone sobre la mesa, a mi juicio,  el detonante de esta situación que no es otro que la habitual falta de correspondencia del valor catastral con el valor real de las viviendas, especialmente tras el desplome acaecido tras la burbuja inmobiliaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 22 de septiembre de 2017, se une a la denuncia que ya expresase el TSJ de Madrid en su sentencia de 19 de julio de 2017 que anula la liquidación del IIVTNU que había sido girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, pues el Tribunal Constitucional rechaza  "dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada.

Es una prueba más que, en análisis conjunto de la prueba, suma a la imputación de la sanción, sin que por ello se ponga en entredicho la presunción de inocencia del sujeto pasivo

La sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de noviembre de 2017, que ha seguido los cauces del recurso de casación para la unificación de doctrina -aunque no se ha podido culminar por no presentar las sentencias de contraste la contradicción necesaria para que se cumplieran los requisitos de acceso al mismo- es aprovechada, no obstante, por el Supremo para recordar su jurisprudencia en la materia y puntualizar sobre el valor que la ausencia de explicaciones justificativas de los contribuyentes en lo que tiene que ver con la existencia de los bienes cuya titularidad se les pretende imputar por considerar no justificada.

El TSJ de Valencia, en contra del criterio de otros Tribunales entiende que la enajenación del domicilio del causante al trasladarse a una residencia diez años antes de su fallecimiento acredita la inexistencia de ajuar.

El TSJ de la Comunidad Valenciana, en una sentencia de 28 de junio de 2017, entiende acreditada la inexistencia de ajuar ante el traslado de domicilio del causante a una residencia, diez años antes de su fallecimiento, pese a que los Tribunales están considerando que el traslado a una residencia o a la vivienda de un familiar por sí solo, no acredita la inexistencia de ajuar. Constituye una prueba diabólica para la actora acreditar la inexistencia de un ajuar cuando el mismo va ligado a la existencia de un domicilio que se enajenó diez años antes junto con sus muebles, sin que la causante se reservara derecho alguno sobre la misma, al pasar a residir a una residencia.

Este Tribunal ya se pronunció en otra sentencia en el sentido de 31 de mayo de 2017 ya se pronunció al respecto y sostuvo que el ajuar doméstico debe entenderse como el existente en la vivienda «utilizada» por el causante, sin poder computar como ajuar aquellos bienes muebles existentes en inmuebles sobre los que no existe certeza que fueran utilizados por el causante.