Jurisprudencia

Aunque la Administración no tiene que justificar que el valor de tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible, dicho valor no se proyecta al proceso jurisdiccional y sólo  tiene valor de presunción iuris tantum.

Acudir al valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas es uno de los métodos previstos que la LGT prevé como uno de los posibles a utilizar por la Administración en las comprobaciones de valores. Siendo cierto que su uso no requiere ninguna carga adicional para la Administración actuante respecto a los demás medios de comprobación de valores, podría afirmarse que la Administración no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto [Vid., STS, de 17 de septiembre de 2012, recurso nº  177/2010).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia de 5 de octubre de 2017  afirma que lo aseverado anteriormente  no debe suponer para esta Sala una conclusión limitativa no solo de sus facultades, sino de sus obligaciones de tutela judicial efectiva.

Según la jurisprudencia comunitaria y del TS, sin buena fe, no hay posibilidad de eludir la imputación de la participación en un fraude carrusel 

Tal y como han señalado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo, la concurrencia de buena fe en el sujeto pasivo que pretende practicarse la deducción generada en operaciones fraudulentas, es un requisito imprescindible.

En efecto, su buena fe, y solo ella, podrían garantizar su derecho al crédito del impuesto, más allá del fraude en el que las operaciones donde se hubiera generado pudieran estar inmersas. Neutralidad del IVA en grado máximo: recuperación a pesar de un entorno contrario a la norma.

La decisión costó a los Directores de los Departamentos de Gestión e Inspección Tributaria del momento una querella por prevaricación, que ahora se sobresee

La decisión adoptada por los Directores de los altos cargos de la Agencia Tributaria, a raíz de la recepción de la lista Falciani, respecto de la actuación a llevar a cabo sobre los contribuyentes que aparecían en la misma como titulares de depósitos e inversiones en una entidad bancaria suiza, que se llevó a cabo mediante un procedimiento de gestión y no de inspección, les llevó a una querella personal por imputación de un delito de prevaricación.

La Audiencia Provincial de Madrid, en auto de 7 de noviembre de 2017, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda contra un auto anterior del Juzgado de Instrucción n.º 37 de la capital, por considerar que su decisión era una de las posibles y que fue acertada.

El TS reitera sus dudas sobre la constitucionalidad de los arts 1 , 4.1 , 6.1 y 8 que regulan el IVPEE creado por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, mediante un nuevo Auto de 10 de enero de 2018.

Tras la inadmisión por el Tribunal Constitucional de las cuestiones de inconstitucionalidad referidas al IVPEE planteadas por el Tribunal Supremo mediante autos de 14 de junio de 2016 [Vid., AATS de 14 de junio de 2016, recurso n.º 2554/2014 y recurso n.º 2955/2014  y a la  vista de la resolución del TJUE referida al canon eólico de Castilla la Mancha (Vid STJUE de 20 de septiembre de 2017, asuntos C-215/16 , C-216/16 , C-220/16 y C-221/16) esta Sala llega a la a la convicción de que, en lo que se refiere al IVPEE, la Ley 15/2012 no presenta problemas de ajuste con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, pero persisten las dudas sobre la constitucionalidad de los arts 1 , 4.1 , 6.1 y 8 que regulan este impuesto, que se plantean ahora mediante el Auto de 10 de enero de 2018.

La razón de esta cuestión de inconstitucionalidad se debe a que a juicio del Tribunal Supremo, hay razones para concluir no sólo que eI IVPEE recae sobre igual manifestación de riqueza de los sujetos pasivos contribuyentes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), sino que en realidad pueden estar gravando el mismo hecho imponible.

Por el contrario, el Tribunal Supremo no alberga dudas sobre la compatibilidad entre el IVPEE y el Impuesto sobre la Electricidad, porque el primero es un impuesto directo y el segundo indirecto de repercusión legal obligatoria, lo que implica que la capacidad económica sometida a gravamen en uno y otro sea distinta, aunque en ambos el sujeto pasivo contribuyente sea el productor de la energía eléctrica.

• No puede aprovecharse la comprobación de unas BINs para volver a comprobar una operación vinculada, anulada por aplicar un método equivocado, que quedó firme por inactividad de la Administración
• Las condiciones resolutorias explícitas no tienen la naturaleza jurídica de garantía real a efectos de la modificación de la base imponible del IVA
• El Supremo pide cautela a los tribunales respecto de la prejudicialidad penal para evitar situaciones indeseables como que un contribuyente sea residente y no residente a la vez
• El Supremo se puntualiza a si mismo: la concesión de obra pública "para construir y explotar" otorga titularidad catastral al concesionario pero tan sólo en la parte del inmueble que explota
• Pendiente de fijarse jurisprudencia sobre si los gastos de urbanización actúan sobre el valor de adquisición o transmisión a la hora de saber si hay incremento de valor de los terrenos
• El Supremo cree conveniente analizar de nuevo en casación si cabe inaplicar el art. 32 TRLIS –doble imposición internacional- por ser contrario al Derecho de la Unión
• Acreditar la recepción de la factura rectificativa con posterioridad a la firmeza de la liquidación es un documento esencial que da acceso al recurso de revisión y al reconocimiento de la rectificación
• Es ilegal condicionar la bonificación del IIVTNU al empadronamiento en la vivienda heredada
• En la gestión del IAE el Ayuntamiento debe probar el ejercicio de la actividad regularizada
• Anulada una sanción por motivos de fondo, la Administración no puede volver a sancionar esos mismos hechos

El Supremo sienta jurisprudencia en un recurso de casación para la unificación de doctrina sobre los requisitos materiales y formales de la motivación de las dilaciones del procedimiento inspector imputables al contribuyente

El Tribunal Supremo ha dictado, en recurso de casación para la unificación de doctrina, una sentencia de extraordinario interés, de fecha 11 de diciembre de 2017, sobre los requisitos materiales y formales relativos a la motivación de las dilaciones del procedimiento inspector imputables al contribuyente. La contundencia  y seguridad de sus palabras, no merece otra cosa que reproducirlas por tener suficiente peso específico:

Respecto de los requisitos formales, el Supremo sienta jurisprudencia sobre la idea de que la motivación debe hacerse, en principio, tanto en el acta como en el acuerdo de liquidación. Y es que, por su propia naturaleza, las diligencias no son en absoluto el instrumento idóneo para este cometido, en voz del Alto Tribunal.

La jurisprudencia recién acuñada por el Tribunal Supremo sobre la subsanación de defectos de las solicitudes de suspensión permite un respiro al contribuyente por cuanto le abre un nuevo procedimiento voluntario de pago, sin recargos y sin sanciones

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017 fija la interpretación de los arts. 46 RD 520/2005 (Rgto. de revisión en vía administrativa) -apartados 3 y 4-, y los apartados Cuarto.4.2.3 y Cuarto 4.2.4 Resolución de 21 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la AEAT (Criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los TEAs y la AEAT) en el sentido de que:

“Cuando, solicitada en la vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado sin presentación de garantías, o con dispensa parcial de las mismas, porque la ejecución puede causar al interesado perjuicios de difícil o imposible reparación, y el órgano llamado a resolver considera que con la documentación aportada (que no presenta defecto alguno susceptible de subsanación o cuyos defectos ya han sido subsanados) no se acredita, ni siquiera indiciariamente, la posible causación de esa clase de daños, no procede abrir un incidente de subsanación para solventar esa deficiencia probatoria, sino admitir a trámite la solicitud y desestimarla en cuanto al fondo.”.

El TSJ de Valencia cambia su criterio  y exige una prueba razonable al administrado de la falta de incremento de valor del terreno, aunque no con unanimidad ya que la sentencia cuenta con un voto particular de dos de sus Magistrados que no están de acuerdo con el fallo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia de 16 de noviembre de 2017  modifica el criterio contenido en la STSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de octubre de 2017, recurso n.º 61/20167, que anuló las liquidaciones recurridas a la vista de la STC 59/2017, de 11 de mayo que puso de manifiesto la falta de concordancia entre el art. 104.1, y el art. 107 del TRLHL, entendiendo que el legislador debe hacer las modificaciones pertinentes para que no sea posible gravar minusvalías o arbitrar otro sistema.

Se considera necesario modificar tal criterio por entender que el sistema normativo regulador del IIVTNU no es, con carácter general, contrario a la Constitución Española, sino solo cuando se someta a tributación situaciones que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión, lo cual deberá determinarse de acuerdo al criterio probatorio razonable, siendo insuficiente la simple negación del hecho imponible.

La obligación legal correctamente notificada al obligado tributario de comunicarse por medios electrónicos está por encima de vicisitudes procedimentales

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2017 contiene el análisis jurídico de un procedimiento de inspección y sancionador en el que la Administración tributaria ha combinado el uso de los medios de notificación tradicional con las notificaciones electrónicas frente a una entidad obligada a comunicarse con la Administración tributaria por medios electrónicos, de lo cual fue puntual y legalmente informada.

El Tribunal Supremo sentará jurisprudencia sobre si procede anular las liquidaciones en estos casos, dada la ausencia de norma vigente que aclare cómo determinar cuándo concurre una situación inexpresiva de capacidad económica

El Tribunal Supremo ha dictado un auto, de 23 de noviembre de 2017, que contiene la admisión a trámite de un recurso de casación para la formación de jurisprudencia en el que el tribunal ve la necesidad de pronunciarse, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, sobre si esta «tesis maximalista» del alcance de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, de 11 de mayo que llega desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Zaragoza, es legalmente correcta.