TSJ

Se aprecia que, tras el cambio de representante debidamente comunicado, todas las notificaciones fueron dirigidas al nuevo asesor salvo la liquidación, que se remitió al anterior, lo que impidió su conocimiento efectivo y vulneró la seguridad jurídica del obligado tributario, al quedar comprometida la correcta notificación del acto determinante de la deuda.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sentencia de 7 de abril de 2026, recaída en el recurso n.º 536/2024, examina el régimen de notificaciones en un contexto en el que, tras haberse comunicado el cambio de representante, la Administración dirigió de forma generalizada las comunicaciones al nuevo asesor designado, salvo la liquidación, que fue indebidamente notificada al anterior representante. Este último accedió a su contenido, pero no lo trasladó al obligado tributario, lo que impidió el conocimiento efectivo del acto en tiempo y forma, precisamente por haberse ignorado la designación del nuevo representante, comprometiendo la seguridad jurídica y causando indefensión al obligado tributario.

El TSJ de Cataluña confirma la regularización de la reserva de capitalización en el IS por incumplimiento del requisito de mantenimiento de fondos propios durante cinco años. Los errores deben corregirse mediante un ajuste en el ejercicio en que se detectan, sin efectos retroactivos sobre ejercicios anteriores, en consecuencia, la disminución reflejada en los estados contables de ese ejercicio aportados por la propia entidad constituye un dato objetivo y vinculante para la Administración, sin que la invocación de un error en su confección tenga virtualidad para exceptuar la estricta aplicación de la norma.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia de 10 de diciembre de 2025, recaída en el recurso n.º 2338/2023, se pronuncia en torno al cumplimiento del requisito previsto en la letra b) del art. 25.1 LIS, relativo al mantenimiento durante cinco años del incremento de fondos propios que habilita la aplicación de la reserva de capitalización.

Así, en el caso de trabajos realizados en la República de la India, donde el ejercicio fiscal está partido, puesto que comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente, el contribuyente español deberá computar lo abonado en la India durante el ejercicio que toma en consideración la ley española, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. En este caso, limitado a las retenciones parciales ingresadas en noviembre y diciembre de 2019 en la India, y sin perjuicio de que en la declaración de 2020 puede deducir las cantidades retenidas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ese año

Así lo resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Granada), en su sentencia núm. 4437/2025, de 22 de diciembre de 2025, rec. núm. 2304/2021. En este caso, el recurrente entendía que, al ser el impuesto indio progresivo y su devengo en fecha 31 de marzo de 2020, los impuestos que la empleadora ha abonado en el periodo enero a marzo 2020, también deberían considerase como impuesto efectivamente satisfecho a efectos de la deducción por doble imposición en su declaración del ejercicio 2019.

La parte recurrente, en síntesis, expone que en la autoliquidación presentada por el IRPF de 2019 aplicó la deducción por doble imposición internacional regulada en el artículo 25 del Convenio suscrito entre España y la República de la India y el artículo 80 de la Ley 35/2006 (Le IRPF) sobre el exceso de los rendimientos que quedaron exentos de tributación en aplicación del artículo 7.p). La cuestión controvertida es el importe que debe considerarse a los efectos de evitar la doble imposición internacional por los rendimientos salariales por trabajos realizados en el extranjero, concretamente, los importes brutos declarados en el ejercicio fiscal de la India de 1 de abril de 2019 a 31 de marzo del año siguiente, así como los importes brutos declarados por la empleadora española.

Además, a la hora de determinar el rendimiento neto del capital inmobiliario, únicamente cabe la deducción de los intereses de los capitales ajenos invertidos en cuanto los mismos se destinen a la adquisición y mejora del inmueble alquilado, pero nunca a gastos de reparación y conservación.

Estas son las dos conclusiones más relevantes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, núm. 408/2026, de 23 de febrero de 2026, rec. núm. 2768/2023. En este caso, nos encontramos con un inmueble de 8 habitaciones, que en total ocupan una superficie de 100 metros cuadrados, donde además hay unos espacios comunes de 171 metros cuadrados. La recurrente considera que los espacios comunes son susceptibles de ser usados en tanto en cuanto haya una sola persona (o más) residiendo en el inmueble. La habitación 1 tiene 19 metros cuadrados; la habitación 2, 15 metros cuadrados; la habitación 3, 13 metros cuadrados; las habitaciones 4 y 5, 12 metros cuadrados cada una; la habitación 6, 10 metros cuadrados; la habitación 7, 12 metros cuadrados y la habitación 8, 7 metros cuadrados. Por tanto, corresponde en porcentaje de 19, 15, 13, 12 10, 12 y 7 % de los espacios comunes a cada una de las habitaciones.

La exención en IRPF por trabajos realizados en el extranjero es aplicable al caso de un militar español destinado como integrante de UNIFIL, pese a que la República del Líbano forma parte de la relación de países que tienen la consideración de paraíso fiscal, por no resultar opaca la tributación de dichos rendimientos del trabajo para la Administración Tributaria y no existir ningún riesgo de evasión fiscal.

El TSJ de Andalucía en su sentencia 9 de marzo de 2026, recaída en el recurso n.º 612/2025, afirma la aplicación de la exención prevista en el art. 7.p) LIRPF por trabajos realizados en el extranjero en el caso de un militar español destinado como integrante de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), pese a que la República del Líbano se encontraba dentro de la relación contenida en el RD 116/2003 de países que tienen la consideración de paraíso fiscal, por no resultar opaca la tributación de dichos rendimientos del trabajo para la Administración Tributaria y no existir ningún riesgo de evasión fiscal.

El contribuyente puede destruir la presunción del 3% para el ajuar doméstico haciendo uso de los medios de prueba admitidos en Derecho, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso personal. Sobre el dinero, títulos, activos inmobiliarios u otros bienes incorporales no se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente, pues se trata de bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico, al no guardar relación alguna con esta categoría.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 12 de marzo de 2026 recaída en el recurso n.º 1871/2021, se pronuncia sobre la determinación del ajuar doméstico en el Impuesto sobre Sucesiones, recordando que, en base a la doctrina jurisprudencial, para excluir bienes incorporales del cálculo de la presunción del 3% no se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente, debido a la naturaleza de estos bienes y al no guardar relación con la categoría y concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico.

Cuando la Administración regularice en el seno de un procedimiento de inspección o de gestión tributaria la situación tributaria de quien se dedujo las cuotas de IVA que le fueron indebidamente repercutidas, deberá efectuar las comprobaciones necesarias para determinar si dicho obligado tributario tiene derecho a la devolución de dichas cuotas, siendo improcedente remitirle a un nuevo procedimiento de rectificación de la autoliquidación y devolución de ingresos indebidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 11 de marzo de 2026, recaída en el recurso n.º 1692/2021, recuerda que, conforme al principio de regulación íntegra, la Administración está obligada a realizar todas las correcciones que sean necesarias para restablecer la situación que hubiera habido de no haber sido necesaria esa regularización, y ello en unidad de acto, esto es, en el seno del mismo procedimiento de comprobación, de acuerdo con los principios de justicia tributaria y seguridad jurídica, evitando un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.

El cambio de residencia debe ser necesario y no una decisión voluntaria del contribuyente, y, en todo caso, corresponde a éste acreditar esa necesidad por cualquier medio de prueba cuando han transcurrido más de dos años desde el abandono de la vivienda

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 366/2026, de 10 de febrero de 2026, rec. núm. 1509/2023, desestima el recurso de la recurrente que defendía la exención contemplada en el artículo 33.4.b) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), prevista para la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La venta de su vivienda en Barcelona se formalizó con fecha de 15/04/2019 y alega que, aunque dicho inmueble perdió la condición de vivienda habitual, ello fue por su traslado a Fornells de la Selva, motivado en "los achaques de la edad y el hecho de vivir sola" (lo que suponía un grave riesgo para su salud). En dicha localidad residía su hija y podía ser atendida por ella.

Cuando se pacte con la empresa que la indemnización por resolución del contrato laboral por mutuo acuerdo se perciba de forma fraccionada en varios ejercicios, podrá aplicarse la reducción por irregularidad a un único período impositivo, que será el primero del ciclo establecido y calculada sobre la cuantía recibida

Esto es lo que se concluye en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 136/2026, de 9 de marzo de 2026, rec. núm. 857/2023, que trata básicamente la diferenciación fiscal entre la extinción de una relación laboral por despido y el supuesto de resolución del contrato de trabajo por mutuo acuerdo cuando la cantidad es percibida en varios ejercicios y se pretende la aplicación de la reducción por irregularidad. El recurrente extinguió su relación laboral con la compañía Repsol S.A., de la que era empleado, con fecha 31 de mayo de 2020, pactando como compensación el percibo de la cantidad de 640.963,69 euros brutos, que se abonaría de forma fraccionada en cinco plazos anuales de idéntico importe cada uno de 128.192,74 euros brutos, de los que la compañía practicaría las deducciones y retenciones que legalmente procedieran en cada momento, teniendo lugar el primero en enero de 2021. La compañía expidió el 21 de febrero de 2022 certificado de retenciones practicadas sobre los rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio 2021, en que constaban las retenciones practicadas sobre la parte de la indemnización percibida en el ejercicio 2021, sin aplicarle la reducción del 30% por obtención de rendimientos irregulares, por cuanto el importe se ha imputado a más de un periodo impositivo.

El cálculo del porcentaje del 50% debe realizarse exclusivamente con los rendimientos positivos efectivamente obtenidos por el contribuyente, puesto que la dicción literal del artículo 4.Ocho.Dos Ley 19/1991 (Ley IP) utiliza el término "rendimientos" en un contexto vinculado a "retribuciones percibidas", lo que refuerza que deben tomarse en consideración únicamente los rendimientos efectivamente generadores de ingreso, y no magnitudes económicas negativas que, lejos de constituir renta, expresan la carencia de ella.

Así lo recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, núm. 4794/2025, de 29 de diciembre de 2025, rec. núm. 1432/2023, que menciona otras anteriores relativas a la aplicación de la reducción catalana en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este caso, la Agencia Tributaria de Cataluña, como parte recurrente contra la resolución estimatoria del TEARC, sostiene que no concurren los requisitos exigidos para reconocer al contribuyente la exención en relación con las participaciones contemplada en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (Ley IP), puesto que las retribuciones percibidas en concepto de funciones de dirección no superaron el 50% del total de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo. Los datos comprobados muestran que dichas retribuciones de los años regularizados únicamente representaron un 34% en 2014, un 33% en 2015 y un 35% en 2016, porcentajes muy inferiores al umbral legalmente requerido. La Inspección efectuó el cálculo excluyendo los rendimientos negativos de la actividad económica desarrollada por el contribuyente porque la Ley habla de rendimientos "netos" y "percibidos", y, por ello, no cabría considerar cifras en negativo que distorsionen la relación porcentual.