TSJ

La alegación de que los pagos respondían a un préstamo entre la sociedad y el administrador no fue acreditada suficientemente, especialmente al no probarse posteriormente su devolución.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 470/2026, de 28 de julio, Recurso núm. 152/2024 se pronuncia sobre el tratamiento fiscal de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) satisfechas por una sociedad respecto de su socio y administrador correspondientes al IRPF del ejercicio 2019. La Administración entendió que dichas cuotas tienen la consideración de retribución en especie para el administrador que deben integrarse como rendimiento íntegro del trabajo, aunque, al mismo tiempo, las propias cotizaciones tengan la consideración de gasto deducible para determinar el rendimiento neto del trabajo. La AETA consideró que el contribuyente no había acreditado que hubiese sido él quien hubiera satisfecho directamente las cuotas. Por el contrario, de la documentación aportada se desprendía que era la sociedad en cuestión la que soportaba mediante domiciliación bancaria los recibos correspondientes al pago de los autónomos.

La existencia de un certificado de residencia fiscal británico no resulta suficiente para atribuir la residencia convencional a Reino Unido. Al existir viviendas permanentes en ambos Estados, el Tribunal aplica el criterio del centro de intereses vitales del artículo 4.2 del Convenio y concluye que este se encontraba en España por la mayor concentración de patrimonio, rentas y relaciones económicas.

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 449/2026, de 22 de julio, rec. núm. n.º 105/2024, que estudia la regularización del IRPF 2017 y 2018 al actor, un empresario que había declarado su residencia fiscal en España hasta 2014. A partir de ese momento dejó de presentar declaraciones de IRPF o IRNR en España, al considerar que había trasladado su residencia fiscal al Reino Unido. En 2015 presentó el modelo 030 comunicando dicho cambio. Aunque la Inspección no pudo acreditar que hubiera permanecido en territorio español más de 183 días, entendió que concurría el segundo criterio del artículo 9.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), esto es, en España radicaba el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Para declarar exenta la ganancia originada por la transmisión de la vivienda habitual el contribuyente debe haber ostentado durante el período exigido de al menos los tres años anteriores el pleno dominio de la vivienda

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia núm. 6825/2026, de 24 de julio, rec. núm. 1012/2026, donde el actor había transmitido unos inmuebles de los que era nudo propietario y había adquirido otra vivienda también como nudo propietario, mientras sus padres conservaban el usufructo vitalicio. Por ello, y dado que vivienda en la vivienda transmitida, pretendía aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual. El Tribunal desestima las pretensiones principales del contribuyente, y añado yo, por la rigidez del concepto de vivienda que se viene arrastrando desde la extinta deducción por inversión en vivienda habitual.

El TSJ de Madrid resuelve que la transmisión no generó una ganancia patrimonial para el nudo propietario porque el ejercicio de la facultad de disposición por el usufructuario supuso, a efectos prácticos, consolidar la plena propiedad del bien, sin obligación de compensarle

Esto es lo que resuelve la STSJ de Madrid 378/2026, de 17 de junio de 2026, recurso 990/2023, que tiene su origen en no haber declarado la ganancia obtenida por la transmisión del 50% de la nuda propiedad de los inmuebles en Madrid. La contribuyente y su hermana eran titulares, cada una, del 50 % de la nuda propiedad de unos inmuebles. Su padre tenía un usufructo vitalicio con facultad de disposición. Los inmuebles se adjudicaron por fallecimiento de la madre y esposa en 2015. En 2020 el padre ejercitó su facultad de disposición y vendió los inmuebles y las hijas simplemente consintieron y ratificaron la venta. La Oficina Gestora consideró que la hija había transmitido su 50 % de nuda propiedad y le imputó una ganancia patrimonial en el IRPF.

La excepción a la sujeción en AJD aparece cuando lo que impide la inscripción en el Registro es un vicio del propio título.

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Cataluña en su sentencia núm. 942/2026, de 6 de julio de 2026, rec. núm. 1663/2024, planteado contra una liquidación de la modalidad gradual impositiva en Actos Jurídicos Documentados, por importe de 34.988,90 €, derivada de la escritura mediante la que se ejercitó anticipadamente una opción de compra sobre una nave industrial. La particularidad del caso es que la nave adquirida no podía acceder al Registro de la Propiedad porque estaba construida sobre terrenos de MERCABARNA y carecía de una configuración registral autónoma. La propia escritura decía que la inscripción estaba pendiente por esa circunstancia.

Nos encontramos ante la escritura de fecha 8 de Enero de 2015, otorgada ante Notario por la que SANTANDER LEASE, S.A. EFC, cedió en arrendamiento financiero (leasing) a TAE TRANSPORTS I SERVEIS INTEGRALS, S.L., la finca en cuestión. Para la Administración, que la nave esté pendiente de inscripción no significa que carezca de aptitud registral. Y como el contribuyente no acreditó una denegación registral por una causa insubsanable, considera que se cumple el requisito del artículo 31.2 de la Ley del ITP y AJD.

Sin embargo, que la operación de entrega por la disposición testamentaria no pueda considerarse estrictamente como pago de una legítima por inexistencia del título legal de legitimario, ello no significa que pase a tener naturaleza de donación. Son cuestiones jurídicas diferentes y la donación exige sus propios requisitos

Esto es lo que resuelve acertadamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, núm. 984/2026, de 16 de julio de 2026, rec. núm. 1467/2024, que trata dos cuestiones relevantes en materia de derecho civil y de identificación del animus donandi. El fondo de la controversia radica en determinar si el recurrente, el hijastro de la causante, puede ser considerado civilmente legitimario de la misma, y por ello, si la adjudicación de la cuarta parte del caudal relicto efectuada por el heredero universal tributa en la modalidad de sucesiones o si, al no ostentar dicha cualidad, constituye un negocio jurídico gratuito intervivos sujeto a la modalidad de donaciones. La causante estaba casada pero el matrimonio no tuvo descendencia en común, aunque el esposo tenía un hijo de un matrimonio anterior. En su testamento (otorgado en 2014) dispuso dos cláusulas clave: legó la legítima a quien por derecho correspondiera e instituyó como heredero universal al nieto de su difunto esposo (con sustitución vulgar a favor de su padre). El nietastro aparece identificado en el CENDOJ como el Sr. Benito y su padre, el hijastro demandante, como el Sr. Eulogio.

El contribuyente consideró suficiente la referencia genérica incluida en el cuaderno particional para aplicar la reducción, al acreditar su condición de agricultor a título principal y titular de una explotación prioritaria. Sin embargo, su aplicación implica una serie de obligaciones que tiene que asumir el contribuyente de forma explícita, sin que se pueda exigir a la Administración que "adivine" si se van a realizar o no.

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la sentencia núm. 403/2026, de 22 de junio de 2026, Rec. núm. 90/2026. El asunto versa sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, en concreto, sobre la posibilidad de aplicar una reducción propia de la Comunidad Autónoma del 100% por adquisición de empresas o explotaciones cuando inicialmente no se había solicitado correctamente. El contribuyente había dejado constancia en el cuaderno particional de que debían aplicarse las bonificaciones y beneficios fiscales que procedieran, alegando su condición de agricultor a título principal y titular de una explotación prioritaria de la tierra.

Para determinar si una actividad constituye la principal fuente de renta, no basta con hacer una comparación mecánica de porcentajes cuando existen ganancias patrimoniales extraordinarias vinculadas económicamente a la propia actividad. Así, un fondo de inversión puede llegar a considerarse afecto a una actividad económica si se acredita que cumple una función económica real en ella, y en este caso, servía para financiar la adquisición de nuevos inmuebles destinados al arrendamiento.

Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, núm.11/2026, de 9 de enero de 2026, rec. núm. 308/2022, relativa al fallecimiento de una contribuyente el 14 de agosto de 2010 que desarrollaba una actividad de arrendamiento inmobiliario, dada de alta como empresaria individual el 14 de septiembre de 2007 en el epígrafe 861.2 del I.A.E. ("Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p."). La causante tenía unos 30 inmuebles arrendados, un local destinado exclusivamente a la actividad y una persona contratada a jornada completa. La propia Administración reconocía que existía una verdadera actividad económica de arrendamiento, ejercida de forma habitual, personal y directa. El problema estaba en el requisito de que esa actividad constituyera la "principal fuente de renta".

El TSJ de Madrid confirma que la cuota de IRPF del cónyuge no es deducible en el IP cuando los cónyuges tributan individualmente, aunque estén casados en régimen de gananciales, y descarta la prescripción al no existir retroacción de actuaciones y quedar interrumpido el plazo por el proceso penal.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 346/2026, de 3 de junio de 2026, dictada en el recurso n.º 996/2023, analiza si, en el IP, resulta deducible la deuda por IRPF correspondiente al cónyuge cuando el matrimonio está sujeto al régimen de sociedad de gananciales y ambos han optado por la tributación individual. Asimismo, aborda la incidencia de un procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública sobre la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el impuesto.

Tras la presentación extemporánea de la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de 2006, la Inspección inició actuaciones de comprobación y, paralelamente, remitió al Ministerio Fiscal las actuaciones relativas al IRPF de los ejercicios 2005 a 2007 por la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública. La liquidación inicialmente practicada por el IP fue anulada por el TSJ de Madrid, al considerar que, dada la conexión entre ambos procedimientos, la Administración debió suspender la inspección del IP hasta la finalización del proceso penal.

El valor asignado por el recurrente a las acciones en la escritura de aceptación de herencia, que fue el valor teórico que se hizo constar en el certificado emitido por la mercantil Fórum Filatélico, no se correspondía con el valor real de las mismas, habiendo incurrido el recurrente en un error involuntario al hacer la autoliquidación, toda vez que no puede considerarse que la disminución de valor de las acciones se debiera a una circunstancia sobrevenida, sino subsistente, que emerge con posterioridad

Esto es lo que vuelve a reiterar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia núm. 399/2026, de 29 de mayo de 2026, rec. núm. 323/2024. En este caso, el 23 de septiembre de 2004 se otorgó escritura de aceptación y adjudicación de herencia del padre del actor, fallecido el día 7 de abril del mismo año, adjudicándose los bienes inventariados, entre los que se encontraban 2.920 acciones de Fórum Filatélico S.A., que se valoraron en 579.620,00 euros, a razón de 198,50 euros la acción, adjudicándose a cada uno de los dos hijos, en nuda propiedad, una cuarta parte indivisa de las mismas, mientras que el usufructo universal a la viuda. El actor presentó la autoliquidación conforme a dicha valoración, pero después solicitó la devolución por ingresos indebidos, alegando que el valor declarado de las acciones no se correspondía con su valor real, sino con el valor teórico contable y ponía de manifiesto que se estaban realizando venta de acciones de dicha entidad por importe de 37 euros la acción.