Jurisprudencia

• Incluso en la simplicidad del procedimiento abreviado, el juez sigue estando obligado a promover la subsanación de los defectos de representación de las partes
• No se puede privar a los establecimientos permanentes del beneficio a la amortización del fondo de comercio
• Declarada nula la última disposición reglamentaria del IRPF que vinculaba la reducción de los rendimientos del trabajo por la concesión de opciones sobre acciones a su no concesión anual
• Que no concurran todos los requisitos doctrinales para poder hablar de fraude carrusel no evita la concurrencia de delito contra la Hacienda pública si hay defraudación
• Las dificultades para la reinversión reconocidas en un plan especial no amparan una prórroga posterior del plazo concedido
• Al buque inmovilizado cautelarmente por orden judicial se le debe aplicar la tasa reducida prevista para buques en depósito judicial
• Un ayuntamiento no puede dotar un fondo social a costa de incrementar las tarifas de una tasa
• Los gastos generales del contratista no pueden incluirse en la base imponible del ICIO
• En un supuesto de segregación no es admisible que la Administración prorratee el valor de la finca en función de los metros segregados
• Dudas sobre la naturaleza jurídica de los rendimientos derivados de las labores de docencia de un religioso sin relación contractual laboral recibidos por la orden a que pertenece

El  Sr. Timothy  Martin  Hemming  y  otras  personas  son  titulares  de  autorizaciones  para  la explotación de sex-shops en Westminster. En esta localidad, la Junta Municipal de Westminster (Westminster City Council) es la autoridad que expide las autorizaciones para tales establecimientos.

Según la Ley británica, toda persona que solicite la concesión o renovación de una autorización debe abonar una tasa razonable fijada por la autoridad competente. Esta tasa está constituida por dos partes, una correspondiente a la tramitación de la solicitud (no reembolsable en caso de denegación de la solicitud), y la otra (de una cuantía muy superior), relativa a la gestión del régimen de autorización  (reembolsable en caso de denegación de la solicitud). Para el año 2011/2012, el importe total de la tasa era de 29 102 libras (aproximadamente 37 700 euros), de las cuales 2 667 libras (alrededor de 3 455 euros) correspondían a la tramitación de la solicitud, mientras que las 26 435 libras restantes (aproximadamente 34 245 euros)¹  correspondían a la gestión del régimen de autorización (y reembolsables en caso de denegación de la solicitud).

El Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia 74/2016, de 14 de abril de 2016, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.1 c) y 21 a 30 de la LEY 12/2014, de 10 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, correspondientes al Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia de 4 de julio de 2016, cuyo fallo ha sido publicado mediante edicto en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de octubre de 2016 ha acordado estimar el recurso interpuesto por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA (UNESA),contra la Orden ECO/375/2014 de 18 de diciembre por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 970 del Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que se ANULA por ser contraria a derecho. La Sala Segunda del Tribunal entiende que la Orden aquí impugnada carece de soporte legal alguno, dada la inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional delos preceptos de la Ley 12/2014 que servían de referente a la propia creación del impuesto así como la integridad de todos los aspectos del referido impuesto entre los que se encontraba la autoliquidación y pago fraccionado, lo que priva de soporte legal alguno a la Orden aquí recurrida que aprueba dicho modelo de autoliquidación, por lo que debe anularse, al ser contraria a Derecho.

• Que el NIF sea un instrumento de control en un sistema masivo de operaciones no puede transformarle en un requisito tal que niegue la exención a operaciones que materialmente no deben tributar 
• Las incomplitudes del auto de admisión de querella se suplen con su entorno procesal, interrumpiendo la prescripción incluso “lo no dicho” expresamente
• El conocimiento penal de los mismos hechos que en vía administrativa, si bien respecto de otro impuesto, también supone prejudicialidad
• Un pantallazo de ordenador que muestra el intento fallido de presentación de un recurso por vía electrónica no sirve para acreditar su presentación en plazo 
• Llevar a cabo operaciones que supongan el reflote de la empresa no evita la responsabilidad solidaria si para ello se sustraen bienes al control de la Administración
• Licitud de la cesión de los derechos de los jugadores de fútbol a una sociedad que no es club o sociedad anónima deportiva.
• El titular de la finca a efectos de IBI sigue siendo el expropiado hasta que no se pague el justiprecio y se ocupe posteriormente la finca.
• Legitimación de la viuda usufructuaria para impugnar la liquidación de la herencia de su viudo.
• Cómputo de familiares de socios y administradores como trabajadores a efectos de la aplicación del tipo reducido en el IS para las pequeñas empresas con creación o mantenimiento de empleo. 
• Licitud de los datos bancarios sustraídos por un empleado de la entidad bancaria y entregados a las autoridades fiscales francesas  

Ante la falta de respuesta del Tribunal Constitucional respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto al IIVTNU planteada por diversos Juzgados de lo Contencioso Administrativo, tanto en el ámbito estatal como en los respectivos territorios forales [Vid, Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 22 de Madrid de 15 de diciembre de 2015, recurso n.º 112/2014 en el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107 y 110.4 RDLeg. 2/2004 (TRLHL), por posible infracción del principio de capacidad contributiva del art. 31 CE e igualdad del art. 14 CE;  Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Donostia-San Sebastián de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014  en el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 de Gipuzkoa (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TRLHL) y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 1 de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015, recurso n.º 82/2015  en el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 de Álava (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TRLHL)], están apareciendo distintas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia referidas a este impuesto, en las que se cuestionan sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en ocasiones  no demasiado afortunadas.

En concreto veremos aquí una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otras seis más del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las que se abordan distintas actuaciones ocurridas durante el proceso en los Juzgados, así como los planteamientos que las defensas de los sujetos pasivos pretenden hacer valer frente a dichas liquidaciones.

La Audiencia Nacional, en dos sentencias equivalentes publicadas el 21 de julio de 2016, da por hecho que la circunstancia que la norma aplicable -art. 75.Uno.2º.in fine Ley 37/1992 (Ley IVA)- señala como determinante del devengo del IVA en el supuesto de las ejecuciones de obra con aportación de materiales -que el contratista ponga a disposición el bien al dueño de la obra- en un supuesto como el de autos -en que la misma se entiende producida con la entrega de la factura por haberse pactado así en el contrato de ejecución de obra-, bien puede no producirse.

No obstante, haciéndose eco de la deificación de la factura que a todos los efectos se consagra en nuestro ordenamiento jurídico, y en la interpretación que tanto doctrina como jurisprudencia hacen del mismo, el Tribunal entiende que, a pesar de ello, la entrega de la factura ha de hacerse coincidir con el devengo del impuesto.

• Una suerte de estimación indirecta para determinar la base imponible del IVA en supuestos de fraude fiscal no vulnera el principio de neutralidad fiscal
• No es posible exigir intereses suspensivos, y habría que ver de demora, al responsable subsidiario que se ve obligado a acudir a los Tribunales para que se le notifique correctamente la deuda
• Tributación en el IVA de las actividades realizadas en los colegios por los clubes de fútbol en aras del fomento del deporte
• Reacción en cadena de los Tribunales en lo que se refiere al carácter no interruptor de las valoraciones solicitadas a otros órganos dentro de un procedimiento de comprobación de valores
• Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y sociedades patrimoniales
• Obligación de tener en cuenta la declaración extemporánea de bases negativas, posterior también al inicio de otro procedimiento en el que se pretenden deducir tales bases

• En tanto no haya decisión del tribunal que conoce de la suspensión, no prescribe el derecho de la Administración a recaudar 
• El TS se niega a excluir del cálculo del ajuar doméstico bienes que por definición no pueden generarlo
• Acordar la ampliación de las actuaciones sin hacer referencia a por qué aún no se han realizado actuaciones respecto de un impuesto rompe el carácter unitario del procedimiento de inspección
• Los ingresos financieros no ordinarios no forman parte de la cifra de negocios a los efectos de la aplicación del régimen de empresas de reducida dimensión
• Plazo de mantenimiento de la reinversión en caso de renuncia al régimen  de diferimiento 
• Principio de comprobación íntegra en caso de revalorización contable 
• Plazo para volver a reinvertir en caso de incumplimiento del requisito de mantenimiento de la reinversión
• La previsión de una ordenada sucesión empresarial es motivo económico válido para la aplicación del régimen especial de  fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores
• Mientras que la parte de la  indemnización percibida en metálico está exenta en ITP y AJD no lo está la parte recibida en especie mediante la entrega de cocheras
• Amortización del fondo de comercio: Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2007 
• El Ayuntamiento debe respetar las exenciones del IIVTNU establecidas en el TRLHL 
• Comprobación de valores de un inmueble derrumbado 
• Imposibilidad de aportar documentación con posterioridad al trámite de audiencia del procedimiento administrativo 
• Se condena a un asesor fiscal por manipular con la firma electrónica las relaciones entre su cliente y la Administración tributaria y apropiarse del dinero destinado al pago de sus impuestos

• No permitir la deducción del IVA en el ejercicio de devengo de la operación sino en el de la rectificación de la factura es una “sanción” no permitida por la Directiva IVA 
• No da derecho a deducción del IVA soportado una factura por servicios jurídicos “desde una fecha hasta otra”, salvo que se complete con información extra 
• No se puede adelantar la valoración sobre la procedencia de la suspensión sin garantías a la fase de solicitud
• Con el alta médica cesa la obligación de retener de la Mutua y no puede ser declarada responsable solidaria 
• Carácter no excluyente de los medios de recuperación del IVA soportado: compensación y devolución
• El TSJ de Madrid aclara que a las parejas de hecho se les aplican los beneficios fiscales previstos para la sucesión de los cónyuges 
• Para determinar el  valor real de los valores de Forum Filatélico debe acudirse a una comprobación de valores y no a la verificación de datos 
• Si el Ayuntamiento no restaura la legalidad urbanística no cabe exigir la tasa por aprovechamiento especial de la vía pública para estacionamiento de vehículos
• Es ilegal exigir el  recargo del IBI para viviendas desocupadas en tanto no se desarrollen las condiciones para ello reglamentariamente
• Carácter vinculante de las valoraciones solicitadas a la Administración tributaria a pesar de errores en los datos suministrados por la Administración

A costa de la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2016, de escaso interés en si misma (no contiene el suficiente relato fáctico) si no es por el hecho de que le sirve al Tribunal para reiterarse en sus palabras anteriores respecto de las notificaciones electrónicas defectuosas practicad s desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria, se recupera una sentencia de ese mismo Tribunal, de 28 de mayo de 2015 que, como tantas veces con la Audiencia Nacional, supone un nuevo exponente de pronunciamiento en defensa de los derechos del contribuyente.