Jurisprudencia

No se produce el hecho imponible del canon del agua catalán ya que el agua que utiliza una pequeña central automatizada semienterrada para el aprovechamiento del salto hidráulico de la conducción existente que toma el agua de una acequia de riego propiedad de la comunidad de regantes que está exenta del pago del canon según establece el art. 64.2 e) TR Ley de Aguas de Cataluña y no puede gravarse la utilización del agua tomada de una acequia de riego.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 15 de abril de 2025, recaída en el recurso 496/2023 confirma que no se produce el hecho imponible del canon del agua catalán ya que el agua que utiliza la central eléctrica se toma de una acequia de riego propiedad de la comunidad de regantes que está exenta del pago del canon según establece el art. 64.2 e) TR Ley de Aguas de Cataluña y no puede gravarse la utilización del agua tomada de una acequia de riego.

La exención del art. 20.Uno.23 Ley IVA no comprende la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre terrenos y su cesión para la instalación en ellos de una actividad empresarial, y por tanto no puede gravarse por el ITP la servidumbre de paso de línea eléctrica para tender una línea de suministro eléctrico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede en Sevilla), en su sentencia de 4 de abril de 2025, recaída en el recurso 397/2022 confirma que no puede gravarse por el ITP la servidumbre de paso de línea eléctrica para tender una línea de suministro eléctrico, ya que la exención del art. 20.Uno.23 Ley IVA no comprende la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre terrenos y su cesión para la instalación en ellos de una actividad empresarial, como ocurre en este caso.

Se anulan las liquidaciones del IBI impugnadas ya que la Diputación provincial no procedió a la división de la obligación tributaria solicitada por el cotitular del inmueble con posterioridad a la liquidación del impuesto, estando perfectamente identificadas las demás propietarias de la finca, figurando asimismo sus domicilios y la cuota de participación en la propiedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede en Sevilla), en su sentencia de 14 de febrero de 2025, recaída en el recurso 90/2024 anula las liquidaciones del IBI impugnadas ya que la Administración tributaria no procedió a la división de la obligación tributaria solicitada con posterioridad a la liquidación del impuesto, estando perfectamente identificadas las demás propietarias de la finca, figurando asimismo sus domicilios y la cuota de participación en la propiedad. El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Financiera de la Diputación debió atender dicha solicitud, ocurriendo que, no obstante, ni dio respuesta a la misma ni resolvió el recurso de reposición obligando a la interesada a acudir contra el acto presunto a la vía judicial.

La Audiencia Nacional considera aplicable la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el IS, ya que no se cumple el requisito de que la parcela transmitida tuviese carácter de inmovilizado, calificándola como existencia.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 30de junio de 2025, recurso n.º 855/2020 estima que no procede la deducción por reinversión, ya que no se cumple el requisito de que la parcela transmitida tuviese carácter de inmovilizado, calificándola como existencia, ya que es indiferente lo que hiciese la anterior titular para proceder a su venta. Para la Sala, aunque la parcela tenía la condición de inmovilizado para el anterior titular que desarrolló la actividad de camping durante más de 20 años, para la hoy recurrente, cuya intención y destino de la finca era claramente la venta -para eso participa en el proceso de desarrollo urbanístico- sólo podía tener la condición de existencia, y no de inmovilizado, y ello con independencia también de la vinculación entre los dos titulares de la parcela -el existente hasta 2002 y el posterior a esa fecha- a través del socio mayoritario, y con la sociedad que explotaba el negocio.

El art. 13 TR Ley IS en su redacción vigente no incluye entre las provisiones deducibles la provisión por responsabilidades derivadas de litigios, pero tampoco se encuentra entre las provisiones que expresamente se mencionan como no deducibles, por lo que debemos entender que dicha provisión sigue siendo deducible.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de junio de 2025, recurso n.º 440/2020 estima que el art. 13 TR Ley IS en su redacción vigente no incluye entre las provisiones que no son deducibles la provisión por responsabilidades derivadas de litigios, pero antes comprendía expresamente las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios en curso como deducibles. Esta previsión quedó eliminada con la reforma llevada a cabo por la disp. adic. 8.1.3 de la Ley 16/2007, de 4 de julio, y aunque tampoco se contempla como deducible en la vigente redacción de dicho precepto, no se encuentra entre las provisiones que expresamente se mencionan como no deducibles, por lo que debemos entender que dicha provisión sigue siendo deducible.

No cabe aplicar la exención por reinversión de la vivienda habitual en el IRNR si el sujeto pasivo en el plazo reglamentariamente establecido (dos años anteriores a la enajenación) la vivienda enajenada no constituyó la habitual del sujeto pasivo que dejó de tener su residencia en España y la estableció en Holanda

La Audiencia Nacional en su sentencia de 19 de junio de 2025, recurso n.º 606/2021 estima que no cabe aplicar la exención por reinversión de ganancia derivada de la vivienda habitual en el IRNR si en los dos años anteriores a su transmisión el sujeto pasivo cambió su residencia a Holanda puesto que la edificación enajenada, no constituía su vivienda habitual, ya que la posibilidad de la exención de la ganancia patrimonial por la reinversión solo es aplicable cuando dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de la transmisión, siendo irrelevante el tiempo transcurrido desde que dejó de tener su residencia fiscal en España, aunque la Ley del IRNR no establece ninguna limitación sobre el plazo que puede transcurrir desde que el contribuyente pierde la residencia fiscal en España.

La Audiencia Nacional considera que no existe actividad económica de arrendamiento, ya que nos encontramos ante el alquiler de un único local comercial que prácticamente consistía en el cobro, facturación y actualización anual de la renta, como se recoge en el acuerdo de liquidación y para llevar a la a cabo no resultaba justificada una infraestructura empresarial.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 27 de junio de 2025, recurso n.º 58/2020 estima que el arrendamiento de un solo local comercial, con las características detalladas por la Inspección, no justifica el despliegue y mantenimiento de la infraestructura que la recurrente dedicaba a esta actividad, ante la comprobación efectiva de la falta de uso del local y de que la persona contratada no realizaba una actividad acorde a lo manifestado por el recurrente.  Además toda la actividad a la que se refiere el recurrente no tuvo su adecuado reflejo en los gastos soportados por la entidad para su efectiva realización, por tanto, al no existir actividad económica, no procede la aplicación del incentivo fiscal de libertad de amortización previsto en la disp. adic 11ª del TRLIS. No se ha acreditado que la comunidad de bienes realizara una actividad económica de arrendamiento de inmuebles a los efectos del art. 27 Ley IRPF y en esto consiste el fundamento de la regularización y no, como se sugiere en la demanda, en la falta de éxito empresarial.

La Audiencia Nacional considera no deducibles las cantidades que pretende deducir la filial por los gastos generales de "servicios de gestión" prestados por la matriz que se reparten entre todas las filiales del grupo, existencia de una factura, que globalmente comprende los servicios descritos, sin reflejar al detalle los servicios que pretende amparar, no puede ser acogida en el ámbito de la aplicación de un beneficio fiscal.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 8 de mayo de 2025, recurso n.º 2787/2021 niega la deducibilidad de los porcentajes establecidos por cada filial en concepto de gastos de apoyo a la gestión porque están basados en una estimación meramente presupuestaria, que no coincide con el gasto real. Estas cantidades no son deducibles porque este gasto real no se acredita en ningún momento la realidad del mismo a través de la emisión de las correspondientes facturas en las que se concrete tanto el concepto como el importe del servicio prestado, basándose todo en un desglose de cifras que es claramente insuficiente para acreditar la realidad del gasto producido. Considera la Sala que el "método" para la distribución de estos gastos utilizado conlleva la aportación de cantidades por la filial a los gastos generales por el concepto de "servicios de gestión", y que se reparten entre todas las filiales del grupo, pero sin tener en consideración servicios realmente prestados, que hayan originado una facturación que los reflejen de forma unívoca, sino que se presentan como importes pagados por gastos generales, como contribución a los mismos y prestados por la matriz. Por tanto, el beneficio obtenido se debe de predicar de la entidad que pretende la deducibilidad del gasto. En este sentido, la Sala considera que la existencia de una factura, que globalmente comprende los servicios descritos, sin reflejar al detalle los servicios que pretende amparar, lo cual no es suficiente para aplicar un beneficio fiscal, que impone una interpretación restrictiva del mismo.

Ninguna duda existe que la jurisprudencia del TJUE que interpreta el art. 63 TFUE tiene primacía y efecto directo en el ordenamiento jurídico español; las sentencias del TJUE que lo reconocen son innumerables, por lo que se nos excusará su cita, y en el ordenamiento español el art. 4 bis LOJP lo consagra, y también la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por tanto, la interpretación del TJUE sobre la norma foral de Bizkaia es extensible a la norma estatal del IRNR que ha de considerarse que vulnera la libre circulación de capitales, por las mismas razones.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de julio de 2025, recurso n.º 2486/2021 resuelve que la STJUE de 19 de diciembre de 2024, asunto C-601/23, en la que se determinó que la normativa del territorio histórico de Bizkaia, que no permite la devolución a las sociedades no residentes en caso de pérdidas, constituye una restricción a la libre circulación de capitales, contraria al derecho de la Unión, ya que puede disuadir la inversión en sociedades del territorio de que se trate (en el caso de esta sentencia el País Vasco) por parte de sociedades no residentes que se encuentren en la situación de la sociedad residente es trasladable a la norma aplicable en territorio común.

Se estima el incidente de nulidad planteado, al apreciar la lesión del art. 24.1 CE, pues se ha dictado auto de admisión de fecha 19 de junio de 2024 en el recurso de casación 6502/2023 interpuesto por esa misma parte respecto de las mismas partes y en relación a otro tributo, en aquel caso el IVA, un problema jurídico que guarda estrecha relación con el aquí suscitado y respecto al cual el TS ha determinado que el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos es la fecha en la que se constata con el conocimiento de la sentencia penal absolutoria el carácter indebido del ingreso.

El Auto del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2025, recurso n.º 8405/2023 estima el incidente de nulidad planteado, al apreciar la lesión del art. 24.1 CE, puesto que la decisión de inadmisión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y aprecia que existe interés casacional en la cuestión consistente en determinar a la luz del art.251.2 LGT (anteriormente art.180.1), si la reanudación de un procedimiento inspector suspendido por la existencia de un procedimiento penal -reanudación acordada tras conocerse la firmeza de una sentencia absolutoria, pero antes de que dicha firmeza fuera comunicada formalmente a la Administración- puede considerarse jurídicamente inexistente. Asimismo, se debe analizar si dicha irregularidad afecta a la validez de los actos posteriores del procedimiento inspector, en particular al acuerdo de liquidación dictado tras la recepción formal de la sentencia absolutoria.

Efectivamente, este Tribunal ha dictado auto de admisión de fecha 19 de junio de 2024 en el recurso de casación 6502/2023 respecto de las mismas partes y en relación a otro tributo, en aquel caso el IVA, un problema jurídico que guarda estrecha relación con el aquí suscitado y respecto al cual elTS ha determinado que el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos es la fecha en la que se constata con el conocimiento de la sentencia penal absolutoria el carácter indebido del ingreso.