Jurisprudencia

La declaración de concurso de acreedores es equivalente a la insolvencia judicialmente declarada, por lo que resultan deducibles las dotaciones por deterioro de créditos sobre una entidad al haberse declarado en situación de concurso de acreedores la deudora mediante auto judicial.

La cuestión tratada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su Sentencia de 7 de febrero de 2022 se contrae a determinar si la declaración de concurso de acreedores es equivalente a la insolvencia judicialmente declarada.

La entidad recurrente, en la autoliquidación correspondiente, dedujo las dotaciones por deterioro de créditos sobre una entidad.

Sin embargo, la Administración negó el derecho a la deducción dotaciones por deterioro de créditos sobre una entidad vinculada en el entendimiento de que a la fecha de devengo del impuesto no existía una "insolvencia judicialmente declarada que permita considerar deducible las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de entidades vinculadas con el acreedor".

Así, considera la Administración que no es equiparable a dicha declaración, la del concurso de acreedores, afirmando que se precisa la apertura de la fase de liquidación.

• La extinción de la deuda aduanera por haberse decomisado las mercancías no conlleva la extinción de la deuda de los impuestos especiales y el IVA, respectivamente, para mercancías introducidas ilegalmente en el territorio aduanero de la Unión
• Vulnera la libre circulación de capitales la diferencia de trato establecida, no en función del Estado de residencia del organismo de inversión colectiva, sino en función de la forma jurídica que reviste dicho organismo
• El TJUE afirma que para exista establecimiento permanente en un Estado miembro a efectos del IVA debe existir una estructura que le permita recibir los servicios prestados por la sociedad residente en ese Estado y utilizarlos para su actividad económica
• El TJUE analiza la aplicación de la exención en el IVA a las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria en establecimientos hospitalarios privados
• Las actuaciones de una Administración tributaria, incompetente por razón del territorio, a tenor del domicilio fiscal declarado por la contribuyente, interrumpen la prescripción con relación a la deuda tributaria de dicha contribuyente
• En los casos de propietario único, que además ejecuta las obras urbanísticas de las que resultan las parcelas urbanizadas que luego transmite, la AN concluye que existe actividad económica, y no estamos ante una sociedad patrimonial
• La AN confirma que un error contable no limita la deducibilidad del gasto, pero el gasto diferido contablemente se imputa al periodo de contabilización, salvo que determine una menor tributación
• En el cálculo de la pérdida patrimonial del IRPF no se tiene en cuenta el IIVTNU pues no es un tributo que "derive de la transmisión" del inmueble y no se aportan los documentos justificativos del ingreso del Impuesto
• La cancelación de cuentas de valores o fondos de inversión o el cambio de titularidad de cuentas corrientes que se hizo antes de la declaración de incapacidad no son actos de mera conservación o administración sino que implican la aceptación de la herencia
• Debe anularse la comprobación administrativa ya que aunque motivado el dictamen no responde a las deficiencias estructurales y el estado ruinoso de la edificación que debe demolerse y rehabilitase íntegramente

A efectos de entender acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art 25 LIRPF en el caso de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, el concepto de carga de trabajo no debe estar asociado en modo alguno a circunstancias tales como la de permanencia o no de un trabajador en un determinado centro de trabajo sino, fundamentalmente en sus dos manifestaciones: parque inmobiliario arrendado o en expectativa de arrendarse y el dinamismo que ello conlleve.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 23 de febrero de 2022, analiza un supuesto en el que el obligado tributario dotó una RIC en los ejercicios objeto de recurso, pero la Inspección entendió que "no había quedado probado el carácter de actividad económica del arrendamiento de inmuebles que está efectuando la sociedad", por lo que la sociedad no tenía derecho a la RIC ni al tipo de gravamen previsto para las empresas de reducida dimensión.

El TEAR estimó el recurso por su falta de motivación respecto de la cuestión examinada (existencia o no de actividad económica de arrendamiento).

Por su parte, el TEAC estimó el recurso interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria limitándose a reproducir lo resuelto por la Inspección.

A juicio de la Sala el debate se centra en el cumplimiento del segundo de los requisitos previstos en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), es decir, la existencia de un contrato de trabajo a tiempo completo y con el objeto de gestionar la actividad de arrendamiento de inmuebles.

La Orden HFP/816/2017 (Modelo 232), respeta los principios de legalidad y reserva de ley, así como el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta y al no poseer naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de marzo de 2022 ha resuelto quela Orden HFP/816/2017 (Modelo 232), respeta los principios de legalidad y reserva de ley, así como el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta y al no poseer naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.

Resulta evidente que el Modelo 232 y la declaración en el mismo contenida, nada tiene que ver con la declaración a la que hace mención el art. 124 Ley IS, esta sí, referida al cumplimiento de la obligación tributaria principal y las operaciones vinculadas y aquellas que transcienden la frontera nacional y se realizan en paraísos fiscales poseen trascendencia tributaria. Por oto lado, la la Orden reguladora de este Modelo 232 no posee tal carácter sancionador, pues se limita a establecer una obligación formal.

Durante la segunda quincena de marzo de 2022, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Entre las distintas sentencias destacamos además de la sentencia referida a la conformidad a Derecho del modelo 232 que ya hemos comentado en otra entrad de esta web:

Los ingresos obtenidos mediante datáfonos ajenos son ingresos de la actividad, pues reflejan el pago de los bienes y servicios consumidos o contratados en el local.

El TSJ de Cataluña en una sentencia de 4 de noviembre de 2021 analiza la operatividad de un local de ocio nocturno de carácter sexual que funciona bajo el epígrafe de salas de baile y discotecas (Epígrafe 969.1) para justificar la aplicación del método de estimación indirecta por el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.

Según la sentencia comentada, la contabilidad presentada por la contribuyente, tras la incoación de procedimiento sancionador debido al incumplimiento de varios requerimientos de información, se apoya solo en extractos bancarios y en resúmenes diarios basados en tiques carentes de cualquier información útil que demuestre el detalle de los ingresos.

La estimación del recurso de amparo se fundamenta en apreciar que se trataron como desiguales situaciones de hecho material y jurídicamente iguales pues, en este caso, la inscripción en el registro municipal otorga las mismas garantías de voluntariedad de la decisión y seguridad jurídica, que son los objetivos que justifican la exigencia de inscripción en el registro autonómico.

El Tribunal Constitucional, en sentencia cuyo fallo ha sido publicado en una nota de prensa, ha estimado por unanimidad el recurso de amparo en el que la integrante de una pareja de hecho inscrita en un registro municipal madrileño –Rivas Vaciamadrid– impugnó la decisión de la administración tributaria, ratificada judicialmente, que le denegó la bonificación autonómica en la cuota tributaria en un caso de donación de una parte de la vivienda familiar que compartía con su pareja.

La Sala ha considerado vulnerado los derechos a la igualdad en la aplicación judicial de la ley y a la tutela judicial efectiva de la recurrente al constatar que la decisión administrativa y la judicial, cuya nulidad se declara, no tomaron en consideración su situación de convivencia estable acreditada, dado que la denegación vino fundada, exclusivamente, en no hallarse inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

Las razones que han fundamentado la decisión estimatoria son  que las respuestas administrativa y judicial vulneraron el art. 14 CE al otorgar a la recurrente un trato desigual no justificado entre parejas de hecho que, de forma acreditada por un titulo público, reúnen los requisitos materiales exigidos para acceder a la bonificación fiscal y la  decisión judicial que ratificó la denegación no puede ser considerada fundada en Derecho porque desatendió las circunstancias fácticas del caso concretoy  desatendió el criterio material igualatorio establecido en la STC 77/2015 para garantizar la igualdad de trato tributaria.

No es posible sostener la nulidad de un acuerdo e retribución de los administradores supliendo la inactividad de los legitimados para la impugnación, pues en tales casos, la inactividad de estos subsana o convalida el acuerdo, por lo que debe entenderse que estamos ante un gasto deducible en la medida en que la Administración no niega la realidad de la actividad de los administradores.

Comienza la Audiencia Nacional en su sentencia de 16 de febrero de 2022 señalando que no hay infracción de la doctrina de los actos propios y del principio de confianza legítima ni tampoco incongruencia en el acuerdo de liquidación al considerar nulo el acuerdo de aprobación de las retribuciones del órgano de administración mientras que en sede de la persona física se considera válido.

A juicio de la Sala, cuando se sostiene que el acuerdo de retribución de los administradores es nulo lo que debe hacer la sociedad que ha procedido a la retribución es reclamar al administrador la restitución de lo percibido, lo que no puede pretender es no ejercitar las acciones de restitución que tiene contra el administrador y que la Inspección considere que estamos ante un gasto deducible.

Es decir, la inactividad de la sociedad a la hora de recuperar lo indebidamente abonado no puede justificar que se le admita la deducción del gasto, pues nadie puede alegar su propia inactividad o torpeza para obtener una ventaja (nemo audiatur propiam turpitudinem allegans).

• El TJUE desestima el recurso de la Comisión contra la exención polaca del impuesto especial los productos energéticos para las empresas de elevado consumo energético sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión
• Exigir al expedidor verificar la exactitud del documento de acompañamiento en la circulación en régimen suspensivo de productos sujetos a impuestos especiales vulneraría la la libre circulación de mercancías y con ello la Directiva 92/12
• Los cónyuges que ejercen una actividad agrícola utilizando el patrimonio de su sociedad de gananciales pueden ser considerados sujetos pasivos distintos a efectos del régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas del IVA
• Se opone a la libre circulación de capitales someter a una retención en la fuente a los dividendos distribuidos por sociedades residentes y percibidos por un organismo de inversión colectiva no residente y a los pagados a organismos residentes no
• Impugnación del acuerdo de alteración catastral por incremento del valor a consecuencia de la realización de obras subsanando las deficiencias detectadas en la ITE
• Se anula la valoración catastral a efectos del IBI del concesionario del aprovechamiento hidroeléctrico del embalse, debido a que está acreditada una titularidad inferior ante la existencia de otros aprovechamientos prioritarios
• La AN confirma que no resulta suficiente disponer de unos inmuebles arrendados y transmitirlos para afirmar que existe rama de actividad y que la escisión parcial en que se segregue esa parte del patrimonio social podrá acogerse al régimen FEAC del IS
• Vulnera el derecho a la tutela administrativa efectiva que comprende el derecho a una resolución en un plazo razonable, la dilación al dictar la nueva resolución en ejecución de otra que ordenaba la retroacción de actuaciones
• Los fondos de pensiones no ejercen actividades empresariales y, por ende, no se les puede incluir en el Registro de grandes empresas
• La utilización de una entidad interpuesta con la finalidad de obtener ilícitamente un ahorro fiscal en el beneficio o margen obtenido en la comercialización de los bloques de mármol desde la cantera donde se extraen al cliente final

• Es inconstitucional y nula la deducción asturiana en el IRPF por obtención de subvenciones y/o ayudas para paliar el impacto provocado por la Covid-19 al incurrir en un exceso competencial, pues el Estado es el titular de los tributos cedidos
• El TC declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que supedita la bonificación en Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito de Canarias a que el domicilio social de la entidad radique en las islas
• ¿Cuál es la tributación derivada de la modificación de una permuta que ya devengó el IVA de forma anticipada, consistente en la subrogación de un nuevo operador jurídico en la posición de una de las partes?
• Si la Administración es parte, los informes o dictámenes elaborados por los peritos de la Administración, no gozan de imparcialidad y no pueden considerarse prueba pericial y no tendrán más valor que el de documentos administrativos
• Nulidad del procedimiento de liquidación y sancionador tramitado sin audiencia del interesado, en tanto que quien actuaba como representante de la sociedad había falsificado la firma de la administradora única y presentó un poder falso
• Existe una operación vinculada por la cesión a la entidad de los derechos de imagen y TV del socio (futbolista), pues este pudo cederlos directamente al club de fútbol, sin la intermediación de la sociedad recurrente
• No puede iniciarse un nuevo procedimiento de comprobación limitada para comprobar la deducibilidad de los gastos si ya se inició un procedimiento anterior para la comprobar deducción de intereses de demora de un Acta/Liquidación provisional previa
• Resulta contrario a Derecho mantener el embargo respecto a la liquidación y sanción anuladas mediante sentencia judicial que declaró incorrecta la repercusión del IVA en la operación de dación en pago de deudas a entidad bancaria
• El TSJ de Madrid modifica su doctrina sobre las cantidades tomadas a préstamo de un tercero para la adquisición de la nueva vivienda habitual a efectos de la exención en el IRPF por reinversión en la nueva vivienda habitual
• Procede la devolución en parte del ITP y AJD al haberse rescindido la compraventa la participación indivisa de la zona deportiva por una prohibición estatutaria, pero se mantiene la cuota relativa al uso y utilización de la plaza de garaje