Jurisprudencia

Para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.

El Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de septiembre de 2021, ha resuelto que para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.

El Tribunal Supremo, en esta sentencia resuelve el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado, que discrepa del parecer manifestado por la Sala juzgadora y que es admitido parcialmente por el Tribunal que casa y anula parcialmente la sentencia recurrida.

• El TJUE afirma que el servicio prestado por una televisión pública financiado mediante subvención queda fuera del ámbito del IVA
• La adquisición de un inmovilizado con cargo a beneficios es una materialización indirecta de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el IS correcta, encontrándonos ante una legítima economía de opción
• Alcance de la "reformatio in peius": Imputación temporal de ingresos y gastos en el IS a unos ejercicios prescritos por lo que se impide su traslado a otros ejercicios que no le correspondan
• Los coeficientes de amortización previstos en las tablas del Anexo del Rgto IS que se deben aplicar serán los correspondientes al grupo de la actividad que lleva a cabo la entidad
• Relevancia de los informes motivados del Ministerio de Ciencia e Innovación respecto de los gastos susceptibles de integrar la base de la deducción por innovación tecnológica en el IS por software avanzado
• Al no justificarse la perpetración del delito contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales atribuidos a varias personas y a la Fundación de ftbolista, la AN sobresee provisionalmente y archiva las actuaciones
• Tiene un motivo económico válido la aportación no dineraria que permite la deducción de gastos de alquiler y deducción por reinversión de renta obtenida al trasmitir acciones recibidas por aportación no dineraria del bien a otra entidad del grupo
• La preclusión de la comprobación limitada en 2011 pugna con un requerimiento del procedimiento inspector de 2013 en el que se pedía al contribuyente que justificara documentalmente los ingresos financieros
• Se ha desvirtuado el informe del sujeto pasivo que acreditaba que la finca había perdido valor por el paso del tiempo y no existía hecho imponible del IIVTNU (Plusvalía) mediante los tres informes aportados por el Ayuntamiento
• Se anula la sanción por el incumplimiento de la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720), pues a la vista de las especiales circunstancias y el cuestionamiento en la Unión Europea de la normativa aplicable no se ha acreditado la culpabilidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la resolución del Tribunal General por considerar que asumió erróneamente que no se cumplían las condiciones del art.1.d) del Reglamento (UE) 2015/1589 y por ello anuló la Decisión de la Comisión en la que concluía que el sistema de exención de los beneficios extraordinarios de las entidades belgas que forman parte de grupos multinacionales de sociedades constituye un régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior.

En un comunicado de prensa, se ha compartido el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de septiembre de 2021, en el asunto C-337/19 P en la que el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General, ya que este último había incurrido en varios errores de Derecho al interpretar la definición de «régimen de ayudas».

El TJUE recuerda que la calificación de una medida estatal como régimen de ayudas presupone la concurrencia de tres requisitos acumulativos (las ayudas pueden concederse individualmente a las empresas basándose en un dispositivo; no se requiere medida de aplicación adicional alguna para la concesión de dichas ayudas y las empresas a las que pueden concederse las ayudas individuales deben definirse «de forma genérica y abstracta».

Así pues, el Tribunal de Justicia concluye que el Tribunal General incurrió en varios errores de Derecho y anula la sentencia recurrida. Por lo que respecta a la prueba de la existencia de un «patrón de conducta sistemático», el Tribunal de Justicia considera que la muestra de decisiones examinadas por la Comisión (22 rulings del total de 66 seleccionadas de forma ponderada) puede, por su propia naturaleza, ser representativa de un «patrón de conducta sistemático» de las autoridades fiscales belgas. Sin embargo, declara que el litigio no está en condiciones de ser resuelto en lo que respecta a los motivos basados, sustancialmente, en la calificación errónea de la exención de los beneficios extraordinarios como ayuda de Estado, habida cuenta, en particular, de la inexistencia de una ventaja o de selectividad, ni en lo que respecta a los motivos basados, en particular, en la vulneración de los principios de legalidad y de protección de la confianza legítima, en la medida en que se erró al ordenar la recuperación de las supuestas ayudas.

En un comunicado de prensa, se ha compartido el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de septiembre de 2021, en el asunto C-341/20 (que no se ha publicado en castellano) en la que concluye que el hecho de que el fletamento de una embarcación constituya una actividad comercial para la persona que la pone a disposición de terceros no justifica la exención fiscal en cuestión y por tanto la República Italiana al conceder la exención del impuesto especial a los combustibles utilizados por embarcaciones de recreo privadas exclusivamente en el caso de que dichas embarcaciones sean objeto de un contrato de fletamento, independientemente de la forma en que se utilicen realmente, vulnera la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el marco comunitario para la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad.

• El Derecho de la UE exige que a la devolución del impuesto sobre la electricidad indebidamente recaudado por la aplicación errónea de una disposición nacional que excede de las facultades conferidas por la Directiva 2003/96 se le debe sumar los intereses
• Una disposición de Derecho nacional que impone una obligación de pago del IVA por la adquisición intracomunitaria de carburantes antes de que dicho impuesto resulte exigible se opone a la Directiva del IVA
• A efectos del IBI, la superficie de las marquesinas de las estaciones de servicio de carburantes, constituyen un elemento singular y no se computa al 50%
• El Ayuntamiento está legitimado para impugnar la ponencia de valores del municipio, mediante el al requerimiento del art. 44 LJCA o interponiendo directamente recurso contencioso administrativo
• No cabe la rectificación de la declaración del IS de 2006 para rebajar el importe de la ganancia patrimonial en 2010, aunque la Ley del Suelo excluyera las expectativas urbanísticas
• Las dotaciones a fondos internos por compromisos de pensiones y prejubilaciones dan lugar a un crédito por impuesto diferido (DTAs), en el IS con independencia de la denominación del convenio
• No se admite el ajuste negativo en la base imponible del IS de la adquirente por las pérdidas producidas en los créditos de clientes que carecen de valor que correspondían a la transmitente
• Remitidas las actuaciones para su tramitación como delito, la Administración no recupera la competencia hasta que exista decisión jurisdiccional firme indicando que no existe delito
• El TSJ de la Comunidad Valenciana admite la deducción en el IRPF de los gastos del vehículo del agente comercial agente o corredor de seguros sin exigir la afectación exclusiva del mismo a la actividad económica
• Procede la devolución del IBI de los ejercicios no prescritos ante la declaración del Catastro de la naturaleza rústica de un terreno

No se oponen al Derecho de la UE denegar una solicitud de devolución del IVA cuando el sujeto pasivo no haya presentado a la Administración tributaria competente, en los plazos fijados, ni siquiera a requerimiento de esta, todos los documentos y la información exigidos para acreditar su derecho a la devolución del IVA, con independencia de que el sujeto pasivo presente, por su propia iniciativa, tales documentos e información con ocasión de la reclamación económico-administrativa o del recurso jurisdiccional interpuestos contra la resolución denegatoria de ese derecho a devolución.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 9 de septiembre de 2021, resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional sobre el derecho a la devolución del IVA de una sociedad no establecida en el territorio de aplicación del impuesto. La Administración tributaria le requirió, en dos ocasiones que le presentara la información que faltaba para apreciar el derecho a la devolución del IVA. El Tribunal Supremo [Vid., STS, 10 de septiembre de 2018, recurso n.º 1246/2017] anuló la SAN, de 22 de septiembre de 2016, recurso n.º 152/2013 que negó la devolución del IVA a la sociedad alemana y ordenó que se devolviera el asunto al referido órgano jurisdiccional, de modo que este resolviera a tenor del material probatorio incorporado al proceso relativo a la solicitud de devolución del IVA formulada. La Audiencia Nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales referidas a la posible oposición al Derecho de la Unión Europea de la denegación de una solicitud de devolución del IVA cuando el sujeto pasivo no haya presentado a la Administración tributaria competente, en los plazos fijados. El Tribunal resuelve ahora estas cuestiones manifestando que las disposiciones de la Octava Directiva IVA y los principios del Derecho de la Unión, en particular el principio de neutralidad fiscal, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se deniegue una solicitud de devolución del IVA cuando el sujeto pasivo no haya presentado a la Administración tributaria competente, en los plazos fijados, ni siquiera a requerimiento de esta, todos los documentos y la información exigidos para acreditar su derecho a la devolución del IVA, con independencia de que el sujeto pasivo presente, por su propia iniciativa, tales documentos e información con ocasión de la reclamación económico-administrativa o del recurso jurisdiccional interpuestos contra la resolución denegatoria de ese derecho a devolución, siempre y cuando se respeten los principios de equivalencia y de efectividad. Por otro lado, no constituye un abuso de Derecho que un sujeto pasivo que solicita la devolución del IVA no aporte durante el procedimiento administrativo los documentos que le requiere la Administración tributaria, pero sí los aporte espontáneamente en fases procesales posteriores.

El TJUE declara que excluir, en el cálculo del impuesto de matriculación de vehículos portugués, la depreciación de ese componente de la determinación del valor aplicable a los vehículos de ocasión puestos en circulación en territorio portugués comprados en otro Estado miembro vulnera el principio de la libre circulación de mercancías

En la NOTA DE PRENSA el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destaca su sentencia de  2 de septiembre de 2021 - Comisión/Portugal (Taxe sur les véhicules) recaída en el Asunto C-169/20 (no disponible en castellano) en la que se declara el incumplimiento de Portugal de las obligaciones que le incumben en virtud del art. 110 TFUE que garantiza el principio de la libre circulación de mercancías, al excluir, en el cálculo del impuesto de matriculación de vehículos, la depreciación de ese componente de la determinación del valor aplicable a los vehículos de ocasión puestos en circulación en territorio portugués comprados en otro Estado miembro. La Comisión considera que las modalidades y el modo de cálculo del impuesto implican que la imposición de un vehículo de ocasión importado de otro Estado miembro sea casi siempre superior a la de un vehículo de ocasión similar matriculado en Portugal, lo que conlleva una discriminación entre esas dos categorías de vehículos, aunque sea por razones ambientales. Un impuesto calculado en función del potencial contaminante de un vehículo de ocasión que, al igual que el impuesto controvertido, solo se recauda íntegramente cuando se importa y pone en circulación el vehículo de ocasión procedente de otro Estado miembro, mientras que el adquirente de tal vehículo ya presente en el mercado del Estado miembro de que se trate solo debe soportar el importe del impuesto residual incorporado al valor de mercado del vehículo que compra, es contrario al art. 110 TFUE, ya que la normativa nacional no garantiza que los vehículos de ocasión importados sean sometidos a un impuesto del mismo importe que el del impuesto que grava los vehículos similares ya presentes en el mercado portugués.

De los diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo durante el mes de agosto de 2021, destacamos las siguientes sentencias:

• El TS cambia su criterio respecto a la deducción en el IS de los gastos en publicidad para la difusión de acontecimientos de excepcional interés público
• Los periodos de interrupción por causa no imputable a la Administración deben tenerse en cuenta al fijar el dies ad quem del periodo de devengo de intereses de demora
• Ante un vicio sustancial de procedimiento, el órgano económico-administrativo no puede retrotraer las actuaciones, tras la nulidad de los actos tributarios, sin que haya sido solicitada por las partes
• En el IS la rectificación de una liquidación permite compensar bases imponibles negativas con las positivas del ejercicio, pero no crear también las bases negativas generadas en ejercicios prescritos a efectos de tal compensación
• La ganancia patrimonial en el IRNR derivada del ejercicio de la opción de compra de una agrupación de inmuebles debe computarse desde la adquisición de los inmuebles originarios y no desde la fecha de la agrupación
• La discrepancia sobre la obligación, el modo y forma de la aportación de las facturas no es un comportamiento del interesado contrario a la buena fe o abusivo que impida su valoración ulterior en vía judicial

Asimismo, resulta relevante el siguiente auto:

• ¿En casos de impago del precio es compatible el devengo en el último día del año siguiente al de realización de la operación en el régimen especial del criterio de caja con el art. 66 Directiva IVA?

Durante la segunda quincena de julio de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas, además de la ya comentada de 14 de julio de 2021en la que el TS fija como doctrina que Hacienda no puede utilizar pruebas halladas casualmente durante un registro a terceros que sean declaradas nulas por sentencia penal, destacamos las siguientes:

• La anulación por sentencia judicial de una escritura pública de apartación que determinó la liquidación de impuesto sucesorio no implica la devolución del ISD
• La sanción por no presentar el Modelo 720 no requiere el dolo específico de defraudar, basta la voluntariedad y que la omisión sea imputable al obligado, bien a título de dolo genérico o de mera culpa o negligencia
• Para cuantificar en el IAE la potencia consumida como potencia instalada en los sectores declarados en crisis para los que se apruebe la reconversión de sus planes de trabajo, es necesario que se reduzcan las horas trabajadas y de empleo en la empresa
• La potencia instalada es la comunicada por la obligada tributaria en la declaración censal del IAE y no puede tenerse en cuenta el informe pericial no llevado al proceso judicial
• Aunque no conste en la escritura la intención de vender la vivienda adquirida por el comprador se aplicará el tipo reducido del ITP, máxime si la ausencia es por un error del notario
• El valor indiciario del precio escriturado para acreditar la no existencia de incremento de valor del terreno en el IIVTNU (plusvalía) puede decaer por la prueba pericial en contrario de la Administración
• Debe anularse por confiscatoria la liquidación del IIVTNU (plusvalía) cuya cuota supera en más de un 400% el valor del incremento según la escritura de venta aprobada judicialmente, que prevalece sobre el valor catastral
• Por mucho que se dictamine pericialmente el valor dado por la administración concursal es el que ha de tomarse a efectos del IIVTNU (plusvalía) como valor de transmisión
• Los días de cortesía no implican suspensión del procedimiento, ni ampliación del plazo de la Administración para resolver, que deberá ajustar los trámites de modo que la notificación de la resolución final se realice en plazo
• Procede la sanción y la regularización en el IS al negar la deducibilidad de la provisión disparatada para el pago del IIVTNU, aunque se haya contabilizado