Jurisprudencia

Por otro lado, el Tribunal Supremo está pendiente de determinar el alcance de la expresión "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" y, precisar si se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y el control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero.

Así, en un reciente Auto de 21 de febrero de 2020, recurso nº. 5596/2019 , la Sección Primera del Tribunal Supremo ha sometido dos cuestiones sobre las que debe pronunciarse. Por lo que afecta al caso, deberá precisar el alcance de la expresión "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en el artículo 7.º p) Ley IRPF y, en particular, si se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y el control propios de la participación en los consejos de administración de una filial en el extranjero o, por el contrario, esas funciones carecen de la consideración de trabajos efectivos y, consecuentemente, no dan derecho a la exención contemplada en dicho precepto.

No es deducible la pérdida derivada de la operación de ampliación de capital asociada a un contrato denominado equity swap, ya que ambos deben analizarse de forma conjunta y el conjunto de actos y negocios jurídicos tuvieron por causa la captación de recursos propios, aunque se destinasen a la remuneración variable de los directivos de la entidad.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 23 de diciembre de 2019, analiza los efectos fiscales en el IS de una operación de ampliación de capital asociada a un contrato denominado Equity Swap (contrato mediante el que las partes se intercambian los rendimientos de una cartera por unos tipos de interés).

Ambas operaciones tenían como finalidad la de abonar a los directivos de la recurrente la cantidad que resulta del Plan de Retribución Variable. Dado que en el momento de vencimiento de la operación la acción cotizaba a un precio muy inferior al de emisión, los directivos no cobraron nada y tuvo que pagar a la entidad financiera una cantidad que registra como pérdida contable. La Administración entiende que la ampliación de capital y el equity swap tiene un único propósito negocial y debe ser contemplado de manera conjunta. Un informe pericial de parte, por el contrario, sostiene que se deben registrar de modo separado. Para el Tribunal es evidente que existe una vinculación, que el equity swap se articula como instrumento para obtener la ampliación, por lo que la calificación de la Administración es correcta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado cuatro sentencias de 23 de abril de 2020. Tres de las mismas abordan distintas cuestiones referidas al IVA, a fin de dar respuesta a las distintas cuestiones prejudiciales que le han trasladado distintos órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros. En la última de ellas el Tribunal se refiere a la adecuación al principio contable de imagen fiel de la utilización de un método de contabilización que prevé el registro, con cargo a la cuenta de resultados, de un descuento, al tipo de mercado, vinculado a la deuda a más de un año sin intereses correspondiente a esa adquisición y el registro del precio de adquisición de la inmovilización en el activo del balance previa deducción de dicho descuento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado cuatro sentencias de 23 de abril de 2020. Tres de las mismas abordan distintas cuestiones referidas al IVA, a fin de dar respuesta a las distintas cuestiones prejudiciales que le han trasladado distintos órganos jurisdiccionales de diferentes Estados miembros.

Las solicitudes de rectificación de autoliquidación son un procedimiento utilizado "en el supuesto de que una autoliquidación perjudique de cualquier modo los intereses legítimos del obligado tributario", este procedimiento está previsto únicamente para aquellos supuestos que den lugar a un menor ingreso o a una mayor devolución.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 26 de diciembre de 2019, considera que el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones solo puede utilizarse para solicitar una minoración del ingreso efectuado o una mayor devolución. En el caso examinado, la entidad presentó solicitud de rectificación de autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades declaración consolidada del ejercicio 2010, basándose en las actas de inspección formalizadas por la Inspección de los tributos. En dicho escrito solicitaba que se llevaran a cabo no sólo una serie de ajustes negativos en la base imponible del Impuesto para aplicar la deducciones de la amortización del fondo de comercio en función del criterio de la consulta vinculante DGT V0608/2012, de 21-03-2012, que supuso un cambio de criterio sobre esta cuestión, y al mismo tiempo efectuar ajustes positivos derivados de la regularización propuesta en las actas.

La Administración denegó la solicitud, no admitiendo los ajustes negativos y aplicando los positivos. Como la Administración solo acepta los ajustes positivos y esto determina una cuota a ingresar, desestima la solicitud de rectificación. Como consecuencia de la desestimación la Administración inició un procedimiento de verificación de datos para liquidar la cuota a ingresar, lo cual entiende la Audiencia Nacional que no es correcto, pues debía haber resuelto la improcedencia de los ajustes negativos y la procedencia de los positivos liquidando la cuota correspondiente.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 28 de diciembre de 2019 establece el criterio para aplicar o no la exención de las rentas de las UTEs que operan en el extranjero. En el caso enjuiciado se trataba de UTEs que estaban establecidas en España y realizaban suministros para contratos de ejecución de obras en Argentina. Para la Inspección las UTEs no operaban en el extranjero y por tanto no procede aplicar la exención respecto de sus resultados.

La aplicación de la exención no está condicionada a que las UTES operen en el extranjero mediante establecimiento permanente ni exije una tributación en origen o que las UTES estén dadas de alta en el extranjero, y es que el legislador del régimen fiscal de UTEs conocía perfectamente la posibilidad de que las rentas obtenidas por una UTE en el exterior no tributasen ni en el exterior (cuando no fuesen obtenidas a través de un establecimiento permanente) ni en España (por proceder, precisamente, del exterior). Como prueba última de que el legislador del régimen al que se han acogido las UTEs no exigió nunca una tributación en origen, tenemos que,el art. 22 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que a partir de los ejercicios iniciados en 2015, para que una UTE pueda aplicar el régimen de exención a las rentas obtenidas en el exterior, ahora sí será necesario que haya obtenido la renta a través de un establecimiento permanente en el extranjero.

• La AN admite como deducible del IS la rebaja del alquiler de un hotel y restaurante que la propietaria concedió a la empresa explotadora
• Es inaceptable que ante el declive del mercado inmobiliario, la Administración niegue la prueba de la minusvalía del valor del mismo mediante las escrituras aportadas a efectos del IIVTNU
• El sujeto pasivo del IBI de las casas prefabricadas o mobil home es el titular de la parcela sobre la que se asientan
• La renuncia a la herencia reabre el plazo de prescripción respecto de los obligados tributarios para la presentación de las declaraciones-liquidaciones
• Nula de pleno derecho la sentencia dictada sin haber permitido la valoración de la prueba practicada respecto al IIVTNU
• Está exento del IIVTNU el ejercicio de la opción de compra de un hotel que siendo un edificio histórico fue objeto de rehabilitación
• Procede la reclamación del ICIO al sustituto, aunque la Administración hubiera iniciado previamente un procedimiento de inspección frente al obligado tributario
• El Ayuntamiento no puede alegar que una operación no estaba sujeta al IIVTNU si este la hubo asumido
• La extinción del condominio al no ser una traslación del dominio no se tiene en cuenta a efectos de determinar el valor de adquisición en el IIVTNU (plusvalía)
• El TSJ de Cataluña anula la sanción por el 720 por falta de motivación al no haber demostrado que la interesada no residía en Reino Unido y omitir la justificación de la adecuación de la sanción a la normativa europea

La cantidad percibida por el contribuyente en concepto de costas debe minorarse en el importe destinado al pago de los honorarios de abogado y procurador

La sentencia número 1146/2019 que motiva el fallo del TSJ de Madrid, de fecha 2 de diciembre de 2019, Rec. n.º 1089/2018, viene motivada por la posición que mantiene la Administración (Agencia Tributaria) de que la cantidad percibida por el contribuyente en concepto de costas como consecuencia del pronunciamiento de condena en costas a su favor recogido en sentencia supone una alteración patrimonial conforme al artículo 33 de la Ley 35/2006 (IRPF) y que como tal debe tributar, debiéndose consignar en la base general del impuesto, porque no deriva de una transmisión (y tributando, por tanto, al tipo marginal). El hecho de que esta cantidad se destine al pago de los honorarios de abogado y procurador no afecta a esta conclusión, y puesto que estas cantidades se consideran como pérdida patrimonial debidas al consumo, como dispone el art. 33.5.b) de la misma Ley, no tiene trascendencia a efectos de IRPF, y por tanto, no se pueden computar como pérdida patrimonial.

Así han resuelto nuestros Tribunales las cuestiones más polémicas que se les han planteado:

El día 1 de abril de 2020, ha dado comienzo el plazo para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2019. Las asesorías de España están ya en la línea de salida y, por ello, desde la Editorial CEF-. queremos aportar nuestro grano de arena, por lo que aprovechamos para repasar los 10 pronunciamientos más destacados del año, que les recomendamos tengan presentes en su quehacer diario.

Los títulos imprescindibles son los siguientes:

• TJUE: Los conceptos de «sociedades constituidas de conformidad con el Derecho del Reino Unido» y «corporation tax en el Reino Unido», no se refieren a las sociedades constituidas en Gibraltar y sujetas en ese territorio al impuesto sobre sociedades
• AN: Imputación temporal en el IS de los fondos no declarados y que son hallados en una caja fuerte
• La cooperativa del taxi acredita que ha soportado el impuesto por el IVMDH y la Administración deberá devolverle las cuotas abonadas
• Para deducir el 1% de los gastos del art. 15.e) Ley IS es necesario que se refieran a atenciones a clientes
• El Reglamento del Impuesto balear sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento no vulnera la libre prestación de servicios
• Valoración por la Administración del préstamo participativo a efectos del ISD
• La declaración tributaria especial no puede considerarse deuda del ISD aunque se refiera a bienes del causante
• Las posibles dificultades en el cobro de un pagaré no disminuyen su valor real a efectos de ISD
• La construcción de dos nuevas antenas por la NASA está exenta del ICIO
• No cabe sanción ante la confianza razonable derivada de encargar la gestión de los tributos a asesores expertos y colaboradores con la Hacienda

La renovación anual de la póliza del contrato de seguro colectivo es una novación meramente modificativa, que no extingue la relación de seguro ni la reinicia con ocasión de cada renovación, prórroga o alteración, por lo que se debe estar a la fecha de la celebración del contrato originario a efectos de la aplicación de la disposición transitoria undécima de la Ley 35/2006 para que sus destinatarios puedan disfrutar de la reducción correspondiente.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de marzo de 2020 confirma que la sentencia de instancia acierta en su interpretación jurídica al reconocer el derecho del recurrente a acogerse a la reducción prevista en la disp. trans undécima de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), beneficio reconocido a los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones contratados antes del 20 de enero de 2006, pues la renovación anual de la póliza debe ser considerada como una prórroga del contrato de seguro colectivo inicial, que permite mantener su fecha de contratación, y no como una novación anual del contrato de seguro colectivo, que no permite mantener la fecha de contratación del seguro inicial, a los efectos de tal beneficio.