Jurisprudencia

• La actividad tendente a clarificar su procedencia y la voluntad de devolución al repercutido impiden la exigencia de sanción al sujeto pasivo por una repercusión improcedente
• No proceden las actuaciones posteriores a la diligencia en la que se dan por terminadas las actuaciones
• Dos horas a la semana no son suficientes para desarrollar las funciones directivas a los efectos de la reducción en la base imponible del ISD
• La obtención de una ganancia patrimonial excepcional superior al importe de los ingresos de la actividad no impide considerar que dichos ingresos sean la principal fuente de renta del causante. 
• Destrucción de la presunción del valor del ajuar en el ISD 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha 17 de septiembre de 2014, ha publicado una nueva sentencia sobre las consecuencias jurídicas que en el entorno del IVA supone el hecho de formar parte de un grupo de entidades a efectos del impuesto.

Los hechos tienen que ver con la tributación de las operaciones realizadas entre una entidad no establecida y su sucursal que sí lo está.

• Permuta de activos por acciones propias: se aplica la norma especial de la amortización de las acciones y no la de la permuta
• Un respiro a la aplicación del régimen sancionador en las regularizaciones voluntarias tácitas
• Terminar un procedimiento de inspección sin ninguna formalidad es un acto de voluntad que impide iniciar un segundo procedimiento
• Plazo para dictar una nueva liquidación derivada de una resolución económica-administrativa tras una retroacción de actuaciones
• El Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas de La Rioja no incurre en motivo de inconstitucionalidad alguno
• Si el recurrente ha obtenido reconocimiento de asistencia jurídica gratuita, no es necesario que acredite la exención de la tasa judicial

Curioso el juicio jurídico que contiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de septiembre de 2014, que como se adelanta en el título de este comentario hace recaer la clave para la legitimidad comunitaria de la aplicación de un eventual tipo reducido del IVA sobre los libros entregados en un soporte que no es el tradicional de papel en la valoración que el consumidor medio de cada Estado pueda hacer de lo que es para él un libro.

Más en concreto, el Tribunal señala que cuando un Tribunal interno tenga que valorar si su norma interna está en contra o no del Derecho Comunitario, deberá comprobar si el consumidor medio de ese Estado considera los libros editados en papel y los editados en otros soportes físicos como productos similares.

Por fin el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado la esperada sentencia –de 3 de septiembre de 2014– con la que se ponía fin al recurso por incumplimiento planteado en su día por la Comisión frente a nuestra legislación interna reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en lo que tiene que ver con la tributación de los no residentes.

El fallo de la sentencia establece que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE -dedicado a la libre circulación de capitales- al permitir que se introduzcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.

• Deducción por doble imposición en el IRPF: el tipo de deducción dependerá del gravamen soportado por la entidad pagadora no residente, lo que deberá acreditar el contribuyente 
• El devengo de los intereses de demora no deja de producirse si no se abona el montante total de la devolución que era procedente en Derecho -principal más intereses de demora-
• Las indemnizaciones no llevan IVA pero el IVA sí se incluye en las indemnizaciones
• Impugnación de valores catastrales que superan el valor de mercado (voto particular)
• Si consta domicilio fiscal en España no hay que notificar al representante de la entidad no residente
• Los intereses del préstamo con garantía hipotecaria impagados integran la base imponible del periodo y sirven para acreditar la existencia del préstamo participativo

La sentencia de 2 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contiene una interesante argumentación entorno a la cuestión de la devolución del céntimo sanitario, cuestión que, a la vista está, va a hacer correr aún muchos ríos de tinta.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 31 de julio de 2014, ha declarado que las liquidaciones presentadas por los impuestos que gravan la transmisión de un inmueble –en el caso de autos, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana-, no acreditan la realidad de la misma, por cuanto tan sólo constituyen una manifestación de voluntad de quienes presentan la declaración, que necesita ser acompañada de otros indicios de prueba.

De nuevo el alcance de la prescripción y su delimitación vuelven a ser analizados en sede del Tribunal Supremo, en concreto en su sentencia de 4 de julio de 2014, esta vez en el entorno de la figura del fraude de ley, pronunciamiento en el que el Tribunal se reafirma en su doctrina anterior, puesta de manifiesto en recurrentes sentencias de finales del año pasado.

 La sentencia recurrida en los autos, sentencia de la Audiencia Nacional,  de 24 de enero de 2013, recurso nº 440/2009 señaló en su momento -y el propio Tribunal Supremo se suma casi con la misma literalidad a sus palabras- que en el ámbito de la comprobación de una liquidación relativa un ejercicio no prescrito no se pueden declarar realizados en fraude de ley una serie de negocios jurídicos realizados en un ejercicio prescrito, cuyas magnitudes han adquirido firmeza como consecuencia de la prescripción, ejercicio que por otro lado no fue objeto de comprobación alguna por la Administración.

Con la sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de mayo de 2014, se pone punto y final al procedimiento judicial abierto por uno de los colegios profesionales de nuestro país relacionados con el mundo tributario, que consiguió remover al Alto Tribunal en el sentido de que este planteara la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el grueso de la regulación que de las operaciones vinculadas introdujo el RD 1793/2008 en el RD 1777/2004 (Rgto IS) -STC de 11 de julio de 2013-, la cual se desestimó en su totalidad.