Jurisprudencia

El TC acaba de comunicar que el Pleno del Tribunal ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del RDLeg. 2/2004 (TRLHL) en la medida en que no excluye de gravamen situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incremento de valor

Después de meses de espera, por fin el Tribunal Constitucional, acaba de dar a conocer la decisión del Tribunal, que ha dictado sentencia declarando la inconstitucionalidad de los 107.1, 107.2 a) y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TRLHL), en cuanto obligan inexorablemente a la tributación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos con ocasión de la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, incluso en supuestos de pérdida de valor de los terrenos, por la mera titularidad sobre los mismos.

El TJUE ha acordado que la exención del IVA debe aplicarse a los servicios que sean esenciales para la educación de los estudiantes y que su objetivo básico no sea obtener ingresos adicionales para ese establecimiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 4 de mayo de 2017 se ha pronunciado a favor del contribuyente en un asunto relativo a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido de determinados servicios de restauración y de entretenimiento prestados por una centro de enseñanza superior británico como parte de los cursos de restauración y hostelería.

Según el TJUE, el art. 132.1.i) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA), debe interpretarse en el sentido de que pueden calificarse como prestaciones «directamente relacionadas» con la prestación principal de enseñanza y, por lo tanto, exentas del IVA las actividades, ejercidas en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, consistentes en que los estudiantes de un centro de enseñanza superior presten, en el marco de su formación y a título oneroso, servicios de restauración y de entretenimiento a terceros, cuando esos servicios son indispensables para su formación y no están destinados a procurar a dicho centro ingresos suplementarios por la realización de operaciones efectuadas en competencia directa con las de las empresas comerciales sujetas al IVA, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

Esa es la idea que debemos extraer de la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2017 –y de una segunda de 27 de abril, sobre idénticos hechos, pero en referencia a un ejercicio diferente-, en las que el recurrente, actor de profesión, plantea recurso de casación para la unificación de doctrina en contra de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaban sendas sanciones que le habían sido impuestas por la Administración tributaria por valerse del juego jurídico que le brindaba la sociedad profesional que constituyó, como socio y administrador único, al objeto de canalizar la actividad económica derivada de su profesión.

• Non bis in idem comunitario: sanción administrativa y pena por los mismos hechos son compatibles si se aplican a personas diferentes
• Los TSJs siguen insistiendo en considerar que el fallecimiento rompe el parentesco por afinidad mientras que el TS sube en intensidad diciendo lo contrario
• Utilizar los valores catastrales como referencia valorativa del ITP y del ISD es conforme a norma, pero no con efectos retroactivos
• Que el administrado no se oponga a la imputación de dilaciones indebidas en las alegaciones al acta, no justifica la falta de motivación del acuerdo de liquidación
• Los gastos de mantenimiento del centro tecnológico de una empresa pueden acogerse a la deducción de I+D+i porque a pesar de comunes no dejan de ser indispensables
• No se aplica la bonificación del 99% de la cuota del IS a la venta de parcelas por una sociedad pública local dedicada al desarrollo de suelo industrial
• La indemnización recibida por la resolución anticipada del contrato de arrendamiento no puede acogerse a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
• Imputación temporal del incremento de patrimonio en una expropiación por el procedimiento de urgencia
• Condena a una persona física y otra jurídica por un delito fiscal
• Condenado por los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública el expresidente de Bancaja

El examen de la contabilidad está vedado para el órgano de gestión por corresponder en exclusiva a la inspección, aunque la entidad hubiera aportado voluntariamente el libro mayor. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una sentencia de 2 de diciembre de 2016, anula la liquidación provisional objeto de la reclamación económico-administrativa, que excluye los gastos de aprovisionamiento y otros gastos de explotación, respecto de los cuales, no puede inferirse su deducibilidad o no sin examinar la contabilidad aportada, concretamente el libro mayor de las cuentas de los subgrupos 60 y 62 como justificativas de dichos gastos, pues ello no puede verificarse sino en el seno de un procedimiento inspector.  En relación con otros gastos deducibles, entiende la Sala, con coincidencia con el TEAR, que su comprobación no requería el examen de la contabilidad, siendo suficiente la comparación entre la suma de las facturas emitidas que la parte actora pretendía deducirse y el examen de la forma y contenido de los justificantes de los gastos. La Sala comparte el argumento del Abogado del Estado de que hubiera bastado el examen de los justificantes de gastos para determinar si procedía o no su deducción, siendo la referencia que en la liquidación se hace a asientos en el libro mayor simplemente aclaratoria y para facilitar la identificación de conceptos.

• Que el actuario no supiera aún que estaba fuera del plazo máximo de desarrollo de las actuaciones no dota a la "primera diligencia" de carácter interruptivo
• La rectificación de una escritura anterior para señalar que la fecha de la operación no es la señalada en aquella sino en un contrato privado anterior determina el devengo de la operación
• Una vez requerido el pago a cada uno de los obligados solidarios, sólo interrumpen la prescripción de su obligación las actuaciones realizadas respecto de cada uno de ellos
• No es suficiente para probar la no existencia de incremento de valor del terreno el informe del proceso de fusión entre dos sociedades
• Interrupción de la prescripción del derecho a solicitar una rectificación por un acuerdo de compensación, acto que no encaja en ninguno de los supuestos de la Ley
• No procede la comprobación de valores y debe tomarse como precio de la compraventa el fijado en la subasta desierta
• La maquinaria de una planta de tratamiento de residuos forma parte de la base imponible ICIO
• No es admisible que se pida al comprador que indague si la baja en la actividad del vendedor es o no cierta a los efectos de las limitaciones a los pagos en efectivo
• Una explicación alternativa mínimamente razonable y no desvirtuada por la acusación evita la imputación de un delito contra la Hacienda pública por incremento patrimonial no justificado
• Por fin se publica oficialmente el auto que inició la cuestión de inconstitucionalidad contra la norma estatal que ampara cobrar "plusvalía" municipal en supuestos de pérdida de valor de los terrenos

El Abogado del Estado pide un cambio en la jurisprudencia sobre la retroacción de actuaciones por motivos de fondo y consigue la disidencia del TS a través de un voto particular con una imponente fundamentación jurídica

Estamos hablando de la importantísima sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2017: El Abogado del Estado no consigue remover la jurisprudencia del TS sobre la aplicación de la retroacción de actuaciones por motivos de fondo, que se mantiene firme y en términos muy contundentes –por referencia a un gran número de sentencias que se traen a colación y que el Tribunal utiliza para justificar su negativa a cambiar de parecer (dicho en sentido coloquial, algo tan arraigado pone de manifiesto que se tiene claro el planteamiento)-, pero sí que uno de los magistrados emita un profuso y profundo voto particular que, a pesar de su valor jurídico –tan sólo es un voto particular frente a una jurisprudencia estable y numerosa-, no puede ser desdeñado por cuanto contiene una fuerte y motivada fundamentación que, a buen seguro, va a ser el punto de partida de cualquier posicionamiento de la Administración en un proceso en la materia y, tiempo al tiempo, si se analiza su contenido, tiene muchas posibilidades de conseguir un cambio de rumbo en la jurisprudencia sobre la materia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó, el 16 de marzo de 2017, una vez más sentencia bajo el auspicio del principio de neutralidad fiscal, sin embargo desde una posición diferente a la habitual.

En efecto, en este caso los hechos tienen que ver con una falta de cumplimiento de la obligación de pago del impuesto que, sin embargo y por la concurrencia de las circunstancias que se expondrán a continuación, no es vista con malos ojos por el Tribunal de Justicia.

La inversión en un producto financiero de alto riesgo, complejo y confuso, indemnizada por el Banco emisor tras el acaecimiento de la pérdida que no se representaba el cliente, es un rendimiento más derivado de la inversión, no una ganancia

El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha dictado sentencia el 9 de enero de 2017 sobre unos hechos de rabiosa actualidad, incardinables en el entorno de la negociación bancaria, de los negocios oscuros y de difícil comprensión por parte del cliente de banca…, ahora en su versión de interés tributario.

Los hechos analizados en los autos derivan de un contrato financiero basado en una imposición a plazo atípica celebrado entre los recurrentes y una entidad financiera por la que aquellos invirtieron una determinada cantidad -100.000 euros- pactándose el resultado final en función del valor de referencia de unas determinadas acciones subyacentes que, llegado el vencimiento final del contrato, y dependiendo de otros valores de referencia se procedería a reintegrar a los recurrentes, más unos intereses, o bien, por el contrario, los recurrentes deberían proceder al pago de unas cantidades calculadas según la fórmula contenida en el propio contrato.

Un Juzgado de Burgos anula la plusvalía exigida en un caso en el que se ha acreditado la inexistencia de incremento de valor en el terreno. La Jueza estima que el TC declarará la inconstitucionalidad del IIVTNU estatal en términos similares al gipuzkoano y al alavés, dado que no se trata de un caso aislado o que incumba exclusivamente al País Vasco

Un Juzgado de Burgos, en una sentencia de 29 de marzo de 2017, falla en contra del Ayuntamiento ante la manifestación del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad y nulidad del IIVTNU cuando somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Este no es un caso aislado o que incumba exclusivamente al País Vasco, sino que están pendientes cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la legislación estatal sobre la materia que, previsiblemente, serán resueltas de acuerdo con la doctrina fijada en estos casos.

Conforme a dicha doctrina y previsión,  en este caso se anula la liquidación impugnada y cuyo importe debe devolver el Ayuntamiento se refiere a una transmisión de un inmueble el 15 de enero de 2016 por la cantidad de 235.000 euros, que fue adquirido el 18 de julio de 2007 por un valor de 391.842,56 euros (IVA incluido).