Jurisprudencia

El Pleno del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad de diversos preceptos del Código tributario de Cataluña por vulnerar el «marco general de todo el sistema tributario» cuya competencia corresponde al Estado.

En el BOE de 18 de julio de 2020 se ha publicado la STC 65/2020 en la que el Pleno, tras un minucioso y extenso análisis de los preceptos de la Ley 17/2017 de Cataluña (Código tributario de Cataluña) que fueron impugnados por el Presidente del Gobierno mediante el recurso de inconstitucionalidad n.º 4362/2017, admitido a trámite por la Providencia del Tribunal Constitucional de 12 de septiembre de 2017 (BOE de 13 de septiembre de 2017 y DOGC de 19 de septiembre), en la medida en que aprueba una serie de artículos y disposiciones del Código Tributario de Cataluña, y que, habiendo invocado el art. 161.2 de la Constitución, se ha producido la suspensión de la vigencia y aplicación de sus artículos 122-10.6; 217-3.3.d) y e); 217-5.3.c); 223-1 y 223-2 desde la fecha de interposición del recurso -8 de septiembre de 2017-, para las partes del proceso, y desde el día en que ha aparecido publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros -13 de septiembre de 2017-.

Con posterioridad, el Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 7 de febrero de 2018 (BOE de 14 de febrero de 2018 y DOGC de 20 de febrero), ha acordado mantener la suspensión de los artículos 217-3.3.d) y e) y 217-5.3.c) y levantar la de los artículos 122-10.6, 223-1 y 223-2.

Ahora, mediante esta sentencia se declara la inconstitucionalidad y nulidad de diversos preceptos aprobados por esta norma por vulnerar el «marco general de todo el sistema tributario» cuya competencia corresponde al Estado.

Durante esta primera quincena de julio de 2020 la Sección Primera del Tribunal Supremo ha admitido nuevos recursos de casación al objeto de que el Tribunal Supremo aclare determinadas cuestiones fiscales que necesitan la aclaración del Tribunal para que exista jurisprudencia sobre estos determinados temas, evitar situaciones contradictorias entre los distintos órganos jurisdiccionales o para reforzar la jurisprudencia y doctrina de este Tribunal.

Entre ellas, seleccionamos las cuestiones:

El Tribunal Supremo estima que ningún error jurídico ha sido cometido en la instancia al avalar una liquidación de la cuota a partir del régimen de estimación directa. En concreto, se determinan las bases imponibles del IRPF a partir del descubrimiento de facturas de ventas clandestinas de pescado no declaradas y respecto de las que no se había retenido el IVA.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 30 de junio de 2020, estima que ningún error jurídico ha sido cometido en la instancia al avalar una liquidación de la cuota a partir del régimen de estimación directa. El recurrente sostiene que es inadecuado el método de estimación directa y que la AEAT debió acudir al método de estimación indirecta, que era el aplicable a la vista de que unos ingresos no declarados suponen la existencia de unos gastos que no pueden acreditarse documentalmente pero que sí existieron, como es el caso, entre otros, de la participación de los marineros en sus capturas, de forma que al tomar como mayores ingresos esas facturas no declaradas y aplicar el criterio de estimación directa, en el que sólo cabe deducir gastos acreditables documentalmente, la determinación de la base imponible y de la cuota defraudada que realiza la AEAT no se ajusta a la realidad.

En estos primeros días de julio de 2020 se han publicado distintas sentencias del Tribunal Supremo en las que se da respuesta a las distintas cuestiones planteadas por la Sección Primera sobre las cuales era necesario que el Tribunal confirmase y reforzara la doctrina existente o aclarase nuevas cuestiones que carecen de jurisprudencia al respecto o sobre las cuales los distintos órganos jurisdiccionales presentaban pronunciamientos dispares.

Entre ellas, seleccionamos las siguientes:

• EL TS rechaza que la Inspección aplique el criterio de la inscripción contable a los ingresos (anticipados) y el del devengo a los gastos (contabilizados correctamente)
• El TS señala como el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha de regularización del gasto de otro contribuyente
• El TS afirma que para aplicar la reducción en el ISD por transmisión de empresas familiares, solo se atenderá a las retribuciones percibidas de sociedades en las que el sujeto pasivo participe directamente
• El TS confirma la aplicación de la exención en el IEDMT por actividades de alquiler aunque el sujeto careciera de tarjeta de transporte, pues la Directiva de servicios suprimió la autorización administrativa
• El TS resuelve que una sola comunicación de la opción de aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos es suficiente para aplicar la exención en el IBI y en el IAE
• El TS confirma que la Administración puede comprobar la base imponible del ICIO mediante el requerimiento de documentación al sujeto pasivo
• El TS recuerda que ni las actas con acuerdo ni, en general, las valoraciones a efectos de otros tributos, vinculan a la Administración
• El TS recuerda su doctrina sobre la imposibilidad de practicar una nueva liquidación tras anularse la inicial mediante sentencia judicial firme
• El TS reitera que la compensación de oficio de deudas tributarias es posible aunque las deudas y créditos que se compensen no sean firmes
• El TS confirma que frente a los actos de valoración de bienes del procedimiento de apremio caben los mismos recursos de reposición o reclamación economico-administrativa

Conclusiones de la Abogada General en los asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19

Basándose en el Convenio fiscal entre España y Luxemburgo así como en la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, la Administración tributaria española pidió a la Administración tributaria luxemburguesa en octubre de 2016 y marzo de 2017 que le suministrara información sobre una artista residente en España.

• El TJUE afirma que un abogado debe considerarse «sujeto pasivo» del IVA y sobre el alcance el principio de fuerza de cosa juzgada respecto a este impuesto
• El TJUE se pronuncia sobre la necesaria regularización de las deducciones del IVA por los bienes de inversión utilizados simultáneamente para operaciones gravadas y para operaciones exentas
• El arrendamiento de un bien inmueble no es una «operación accesoria» de otras actividades liberales a efectos de la aplicación del régimen especial de las pequeñas empresas en el IVA
• No es aplicable la exención del IVA si la gestión mediante una plataforma informática si la gestora además de fondos comunes de inversión gestiona otro tipo de fondos
• El TJUE resuelve que el servicio de alojamiento de datos no está vinculado a un inmueble y por tanto está sujeto al IVA, ya que un armario rack no puede calificarse como bien inmueble
• El TJUE afirma que se opone al principio de neutralidad del IVA negar la devolución del IVA indebidamente abonado, aunque hubiera sido inspeccionado y quedado firme
• El TS confirma que los pagos por usuario y por disponibilidad forman parte de la contraprestación del servicio prestado al Ayuntamiento y están sujetos a IVA
• El TS determina el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a comprobar la base imponible del ICIO
• La inscripción de la pareja de hecho en un registro de otra Comunidad Autónoma es suficiente para aplicar la reducción en el ISD
• Alegaciones genéricas o meras comparaciones no son suficientes para apreciar la confiscatoriedad de los tipos incrementados del IBI

En la nota de prensa publicada por el Tribunal Constitucional se adelanta el fallo del Tribunal a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades aprobada por el Real Decreto-ley 2/2016, que se declara inconstitucional y se recuerda que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en ella ni las decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.

En el BOE de 31 de julio de 2020 se ha publicado la STC 78/2020, de 1 de julio, en la que el Pleno del Tribunal, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad 1021/2019, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, mediante el Auto de 19 de diciembre de 2018, recurso n.º 900/2016 sobre la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.

El Tribunal Supremo fija como criterio interpretativo que la solicitud de extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una Administración tributaria.

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, estableció como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

El TSJ de Madrid, en los autos que ahora se anulan, argumentó para no extender los efectos de su sentencia al solicitante que no estaba en “idéntica situación jurídica” a la que había ganado el pleito, ya que no había presentado una previa solicitud de rectificación de la autoliquidación del IRPF a la Agencia Tributaria.

El Tribunal Supremo, por el contrario, en esta sentencia afirma que la exigencia del previo agotamiento de la vía administrativa, o la equivalente previa rectificación de la autoliquidación tratándose de materia tributaria, no resulta muy conforme con la finalidad y naturaleza del mecanismo procesal de la extensión de efectos de una sentencia firme.

Durante este mes de junio de 2020 se han publicado distintas sentencias del Tribunal Supremo que dan respuesta a las distintas cuestiones planteadas por la Sección Primera sobre las cuales era necesario que el Tribunal confirmase y reforzara la doctrina existente o aclarase nuevas cuestiones que carecen de jurisprudencia al respecto o sobre las cuales los distintos órganos jurisdiccionales presentaban pronunciamientos dispares.

Entre ellas, seleccionamos las siguientes:

• Cooperación entre los Estados miembros e intercambio de información a efectos de IVA en entregas de bienes con transporte (ventas a distancia)
• No vulnera la libre circulación de capitales, el impuesto italiano que grava las transacciones de instrumentos financieros derivados
• El TS afirma que la exención en el IBI de los inmuebles del Estado, CCAA o entidades locales afectos a servicios educativos debe interpretarse restrictivamente
• El TS resuelve que a efectos del IS, los importes abonados a miembros de la dirección por la asistencia a consejos de administración de otras entidades, han de entenderse percibidas por la Caja de Ahorros
• El informe del arquitecto municipal a efectos de ICIO es un informe pericial que puede contradecirse con una tasación pericial contradictoria
• El TS deberá determinar el plazo para ejecutar las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos estimatorias parciales y las consecuencias de su incumplimiento
• EL TSJ de Cataluña considera que la notoriedad no es un medio de prueba que justifique la pérdida de valor del terreno a efectos de la plusvalía (IIVTNU)
• La compensación de bases imponibles negativas es el ejercicio de una opción a ejercitar dentro del plazo voluntario de presentación de la declaración del IS
• La deducción por I+D+i en el IS no es una opción, sino el ejercicio de un derecho que no se pierde si no se practica en el periodo voluntario de declaración
• Deducibilidad de gastos financieros en el IS de un préstamo constituido mediante documento privado no aportado a la Administración y del que no se tributó por el ITP y AJD