Jurisprudencia

Critica la sentencia del Tribunal Constitucional, de 26 de noviembre de 2009, que el legislador estatal, que ha dispuesto de tiempo sobradamente suficiente para acomodar la regulación del régimen jurídico del devengo de intereses moratorios a cargo de la Hacienda pública a la interpretación conforme a la Constitución indicada por este mismo Tribunal desde su STC 69/1996, de 18 de abril de 1996 (NFC004045), finalmente haya venido a reproducir en el art. 24 Ley 47/2003 (LGP) la ambigua por imprecisa redacción del anterior art. 45 RDLeg.

Así se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 26 de enero de 2010, sobre reclamación de responsabilidad por aplicación de normas anticomunitarias: El Derecho de la Unión, señala el Tribunal, se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de la Unión Europea dictada con arreglo al art. 226 del Tratado CE (actual art.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2009, reconoce la procedencia de la deducción como gasto de personal, al tratarse de salarios en especie, de la diferencia entre el interés que los trabajadores pagan a la sociedad para la que trabajan y el que ésta satisface por las mismas sumas a una entidad bancaria a la que le había solicitado un crédito para retribuir a sus trabajadores, por el que éstos le abonan un interés inferior al que le solicita la entidad financiera, ya que los gastos del crédito recibido de la entidad financiera, además de ser nece

La sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de julio de 2009, sale al paso de una controvertida cuestión al respecto del IVA, cual es el tratamiento de las prestaciones de servicios realizadas a título gratuito por parte del empresario o profesional. Concluye el alto tribunal que la interpretación conjunta de los arts. 6.º 2 de la Sexta Directiva y de los números 2.º y 3.º del art.

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2009 entiende que la constitución de una comunidad de propietarios para la promoción de un conjunto residencial por el sistema de creación sucesiva, en la que se integrarán las personas fundadoras (una sociedad gestora y otra cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria), y aquellas otras que sucesivamente se vayan incorporando a ella, no es propiamente una comunidad de autopromotores, sino de promotores constituida con la intención de realizar una actividad empresarial, por lo que debe quedar sujeta al gravamen d

Así lo establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2009, que declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, por tratar de diferente forma hasta el 31 de diciembre de 2006 las ganancias patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen residentes o no residentes (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ035348, y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, noviembre 2009)<

En este sentido cabe destacar la sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de julio de 2009, sobre ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras, en la que se afirma que hay un tiempo para la «apreciación» de las circunstancias que pueden abocar a la «ampliación»; y existe un «tiempo de carencia» para poder adoptar el acuerdo de ampliación.

Así se afirma en la sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo de 2009. El uso del método comparativo (establecido en las Directrices de la OCDE) no exige que se analicen "operaciones concretas efectuadas por empresas independientes" para determinar las diferencias con la realizada por la entidad inspeccionada. Si ello fuera así, la aplicación del art.

También la sentencia, de 25 de marzo de 2009, del Tribunal Supremo, señala que nunca se podría afirmar, si el porcentaje de deducción es del 100 por cien, que existe omisión de cuota de IVA en los supuestos de inversión del sujeto pasivo, al tratarse el IVA en estos casos de IVA devengado y soportado al mismo tiempo, no originando cuota alguna a ingresar ni tampoco un perjuicio para la Hacienda Pública -aunque exista retraso en la declaración del IVA devengado-, al neutralizarse ambos mutuamente.

De nuevo, la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de abril de 2009, incide, al igual que ya se hiciera en la sentencia de 9 de julio de 2008, en la extralimitación reglamentaria que supone el art. 10.3 RD 214/1999 (Rgto IRPF) por lo que tiene que ver con la regulación de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo derivados de la concesión de opciones sobre acciones (stock options), pero por otro tipo de razonamientos.