Jurisprudencia

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de diciembre de 2014, contiene una vuelta de tuerca más en lo que tiene que ver con la persecución de las conductas fraudulentas en el entorno del IVA y más en concreto de las operaciones conocidas como “fraude carrusel”, cual es la de que la inexistencia de norma interna en el Estado miembro en cuestión que sirva de instrumento para la eliminación de las conductas fraudulentas no deja de brazos cerrados a sus órganos jurisdiccionales, sino que estos pueden aplicar directamente los principios informadores del ordenamiento comunitario en la materia, reiteradamente puestos de manifiesto por ese mismo Tribunal, en aras de la denegación del beneficio fiscal que concurra, ya sea derecho a la deducción, a la exención o a la devolución del Impuesto.

• El gasto ha de probarse pero no necesariamente de la forma que exija la Administración
• El Tribunal Supremo se reitera en la defensa del consumidor no contribuyente pero obligado al pago del IIVTNU
• La prueba de la cesión de uso de los objetos publicitarios de escaso valor salva su deducibilidad en el IVA
• El contrato de organización de eventos deportivos tributa como canon en el ámbito de la tributación de no residentes 
• Imposibilidad de comprobar las operaciones realizadas en ejercicios prescritos 
• La imputación de las rentas de las operaciones a plazo solo procede cuando se cobran efectivamente

Debemos situarnos en esta ocasión en el entorno del cálculo de la provisión por depreciación de valores en sociedades no residentes, que lo son en países afectados por la inflación, e incluso por lo que se ha venido en llamar hiperinflación, como fue el caso en su día de la República de Argentina.

El art. 12.3 de la Ley 43/1995 (Ley IRPF), que es la norma aplicable a los hechos analizados en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2014, tenía la siguiente dicción:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de diciembre de 2014, ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben de respeto y defensa respecto de la libre prestación de servicios al aprobar las disposiciones contenidas en el art. 46 c) RDLeg. 1/2002 (TR Ley Planes y Fondos de Pensiones) y en el art. 86.1 RDLeg. 6/2004 (TR Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados), según las cuales los fondos de pensiones domiciliados en Estados miembros distintos del Reino de España y que ofrezcan en él planes de pensiones de empleo, así como las entidades aseguradoras que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, están obligados a nombrar un representante fiscal con residencia en este Estado miembro.

• El desenmascaramiento de una relación laboral no licencia para incluir el IVA que se venía devengando en la indemnización por despido
• La comprobación realizada por la Administración tributaria a raíz de la solicitud de un beneficio fiscal por el obligado tributario tiene carácter preclusivo

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2014 encierra, como luego se analizará, una fuerte crítica a las instancias económico-administrativas en lo que tiene que ver con el derecho del contribuyente a aportar pruebas que no pudieron aportarse en la primera instancia –art. 241.2 Ley 58/20003 (LGT)-, razón por la cual –aparte de su análisis jurídico de esta institución tan pro contribuyente- obliga a hacer un mínimo detenimiento sobre la misma.

Fruto de dos recursos planteados por una importante compañía aérea, uno planteado por la vía del recurso de casación ordinario y otro por la de la vía del recurso de casación para la unificación de doctrina -aunque no por la cuestión que ahora se va a comentar  sino por un tema de procedimiento que tiene que ver un defecto de falta de representación, que se admite y obliga a la Sala a actuar como Tribunal de instancia, abordando la cuestión de IRPF sobre la que versaba el fondo del asunto-, el Tribunal Supremo ha dictado jurisprudencia en la materia, merced a las correspondientes sentencias dictadas con fecha, ambas, de 16 de octubre de 2014.

• El TS recuerda que no se pueden aportar los documentos mercantiles de obligada llevanza y conservación que permiten contrastar datos declarados y contabilizados tras la terminación del procedimiento
• Si la prescripción no es evidente, los Tribunales no están obligados a apreciarla de oficio
• La carga de la prueba de que la comunicación de estar sometido al sistema de notificaciones electrónicas se ha entregado corresponde a la Administración

En raras ocasiones pueden encontrarse sentencias tan sinceras como las recién publicadas por el Tribunal Supremo -de 20 de octubre de 2014 y de 23 de octubre de 2014-, en materia de requerimientos de obtención de información dirigidos a sociedades de tasación inmobiliaria y más en concreto, en lo que tiene que ver con la categorización de la relevancia tributaria de los datos que almacenan por razón de su actividad.

Con la anulación por parte del Tribunal General de la Unión Europea mediante dos sentencias de 7 de noviembre de 2014 -asuntos T-399/11 y T-219/10- de las Decisiones 2011/282/UE y 2011/5/CE de la Comisión referidas a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras aplicada por España se pone punto y final a la polémica suscitada en origen por parte de algunos parlamentarios europeos al respecto de la legitimidad comunitaria de nuestro art. 12.5 Ley 43/1995 (Ley IS) desde su modificación por parte de la Ley 24/2011, también recogido como no podía ser menos por la redacción original del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), que llevaron a la Comisión Europea a adoptar las Decisiones ahora anuladas en sede de la instancia judicial europea.