Jurisprudencia

Su deber estatutario de asesorar al cliente sobre el procedimiento que legalmente procede realizar para conseguir su encargo justifica su responsabilidad en caso de negligencia 

Así lo sentenció el 20 de febrero de 2017 el Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid, y a ese postulado se suma la sentencia de 19 de julio de 2017 de la Audiencia Provincial de Madrid que analiza ahora en recurso el caso.

Como bien recuerda la propia sentencia, el art. 1 del Decreto de 2 de junio de 1944  (Rgto notarial) establece que los notarios son profesionales del Derecho que tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar.

• Hacer tan lejana en el tiempo la recuperación de un IVA impagado que nos sitúe más allá de 10 años contraviene el Derecho Comunitario
• Para que se entienda primera ocupación no sólo debe superarse un porcentaje de inversión sino que también debe mediar una transformación sustancial del edificio
• No está exenta de ITP la constitución de una hipoteca en garantía del pago de una letra de cambio
• En determinadas circunstancias personales y tributarias, la falta de recepción del borrador y la confianza en que no se venía presentando declaración pueden liberar de la sanción por no presentar 
• Condena en costas a la Administración por no admitir la prueba de la exención matriz-filial que llegó tras finalizar el recurso de reposición
• Inicio de la prescripción de una donación escriturada por un notario extranjero
• No existe mejor antecedente que el que proporciona la vida interna del obligado tributario cuyas bases se estiman indirectamente
• No influye en el plazo de prescripción el hecho de que la vivienda no sea habitual hasta pasados doce meses
• Tributación del seguro de capital diferido a prima única
• AJD como gasto de constitución: En la controversia entre las Salas del TS, la jurisprudencia civil menor se sigue decantando por el criterio de la Sala de lo Civil 

• El TJUE censura el exceso de celo en la protección de los intereses fiscales de los Estados miembros respecto de la tributación de los beneficios matriz-filial
• La falta de motivación del acuerdo de ampliación de actuaciones no se subsana porque el interesado no formulara alegaciones cuando se adoptó
• El Supremo analizará cómo debe entenderse el devengo del ISD y del IP a la hora de valorar si las actividades de largo ciclo productivo son la principal fuente de renta del causante
• Deducción por doble imposición por dividendos repartidos con carácter previo a la venta de las participaciones
• La acreditación del valor de un bien inmueble puede efectuarse por otros medios distintos a la factura
• Los dividendos solo son aptos para dotar la RIC cuando se trata de la dominante de un grupo fiscal
• Intervención del tercer perito dirimente y reformatio in peius
• De existir fuerza mayor no sería aplicable a las obligaciones tributarias
• No instar ab initio la tasación pericial contradictoria no conlleva la preclusión del derecho a la tramitación de ese procedimiento
• El asesor fiscal está obligado a conocer la normativa sectorial aplicable a su cliente y que afecta a la tributación

Que las Comunidades Autónomas hayan asumido competencias normativas respecto del Impuesto no permite considerar que la diferencia de trato tenga origen en su normativa

La sentencia del Tribunal Supremo, de 17 octubre de 2017, pone el punto y final a una de las cuestiones judiciales que más repercusión mediática ha tenido en los últimos años, cual es si nuestra normativa sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es anticomunitaria cuando grava a los residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea de un modo más gravoso que a los residentes en España.

La cuestión a debate es el diferente tratamiento que se dispensaba en nuestra normativa sobre el impuesto a esos contribuyentes, en la medida en que las reducciones fiscales que establecían las Comunidades Autónomas únicamente se aplicaban en caso de conexión exclusiva con su territorio –el autonómico-, lo que tenía como consecuencia que la sucesión o la donación en la que interviniera un causahabiente o un donatario o un causante no residente en el territorio español, o bien una sucesión o una donación que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, no podía beneficiarse de ellas.

El fin último de la absorción era aprovechar bases imponibles generadas por la entidad que se va a absorber. Si se deniega el régimen especial tampoco cabe admitir la compensación de las bases negativas de la absorbida.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 15 de septiembre de 2017, no admite la compensación de BIN de la absorbida por la absorbente, pues ello es un efecto propio de la sucesión universal, que en el presente caso no se produce. Si no se ha producido una sucesión universal, no puede la absorbente adquirir los créditos fiscales de la absorbida. Si se juzga que la absorción se ha llevado a cabo con fines de fraude o evasión fiscal constituidos, precisamente, por la única intención de aprovechar bases imponibles generadas por la entidad que se va a absorber- no tendría sentido alguno denegar el régimen especial y, al tiempo, admitir la procedencia de esa compensación de bases en que radicaría la esencia de esa finalidad evasiva.

Que una información vaya a ser publicada no priva al administrado de información sobre ella si el acceso al boletín se alarga excesivamente

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional han publicado con fecha 17 de octubre de 2017 una sentencia de gran valor jurídico para los administrados/ contribuyentes por cuanto ampara, al hilo de la Ley de transparencia, su derecho de acceso a la información relativa a la tramitación de las normas, cuando su publicación se demora irrazonablemente en el tiempo.

Los hechos que se llevan a procedimiento tiene que ver con la denegación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de una solicitud de información pública relativa al texto del intercambio de cartas relativo al Convenio de doble imposición suscrito con Luxemburgo, así como la documentación y antecedentes de los expedientes de su tramitación que figuraban en la Dirección General de Tributos. La primera solicitud se denegó -con base en la Ley 19/2013 (Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno)- basándose en el hecho de que la publicación del intercambio de cartas se estaba tramitando en el BOE, a pesar de señalarse que "la publicación debe estar prevista y completada en un periodo de tiempo razonable"; la segunda, al considerar confidencial la información que se intercambian las partes en el marco del proceso de aplicación de un Convenio de ese tipo.

• Aparecer en un registro público de operadores inactivos a efectos del IVA, sin posibilidad de defensa, no priva a los clientes del derecho a la deducción del IVA
• El Supremo se plantea si el principio de igualdad en el reparto hereditario limita la capacidad reglamentaria de las CC.AA. respecto de las reducciones del ISD
• Vinculación de la Administración a los hechos probados que constan en la sentencia penal
• El error de hecho no es motivo del recurso extraordinario pero sí puede dar lugar al procedimiento especial de rectificación de errores materiales o de hecho
• Las rentas adjudicadas a los socios en la disolución de la sociedad se imputan en el ejercicio de la firma de la escritura de disolución
• Puede tributar como patrimonial la entidad que vendió terrenos en proceso de urbanización pero no efectuó actuaciones para esa urbanización
• Al valorar el arrendamiento de viviendas de lujo entre personas vinculadas mediante el método de coste incrementado no se incluyen los costes de obras y de decoración
• La liquidación definitiva del ICIO no puede basarse en la documentación contable si la Inspección ha demostrado que es inexacta
• Para calcular el ajuar doméstico sólo se tendrán en cuenta los bienes muebles contenidos en la vivienda habitual del causante

Los TSJ anulan las liquidaciones de IIVTNU al no haber probado los Ayuntamientos la existencia de plusvalías.

Son numerosas las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia en las que se resuelven casos en los que se recurren las liquidaciones que los Ayuntamientos habían girado con ocasión de transmisiones en las que no se había producido incremento de valor alguno. En estas tres sentencias, los TSJ han aplicado la sentencia del Tribunal Constitucional (Vid., STC, n.º 59/2017, de 11 de mayo de 2017), que traslada la carga de la prueba de la existencia del incremento de valor del terreno que legitima la exigencia del impuesto a los Ayuntamientos en los casos en los que el sujeto pasivo cuestiona que se haya producido el hecho imponible.

• Más allá de la literalidad del contrato, lo que determina que un arrendamiento suponga entrega de bienes o prestación de servicios es que la opción de compra sea la única razonable
• La elaboración de una lista de testaferros por una Administración tributaria y la manipulación de sus datos está sometida a las normas comunitarias sobre protección de datos
• El Supremo señala que la comunicación de la reanudación de actuaciones tras la caducidad del procedimiento de inspección debe ser clara y sin artificios
• La voluntad del causante, incluso más allá de la norma, refuerza el reconocimiento del parentesco con los familiares de su cónyuge previamente fallecido
• A debate en el Supremo si un bien perteneciente a una herencia transmitido a un tercero no protegido por la fe registral queda afecto al ISD del heredero o al de toda la herencia
• Beneficios fiscales vinculados a obligaciones sometidas a plazo: En caso de incumplimiento, ¿la prescripción empieza a contar cuando termina el plazo para hacerlo o cuando terminó el plazo de presentación de la declaración a regularizar?
• Poseer un sistema operativo más actual (MAC) no exime de recibir las notificaciones electrónicas de la AEAT
• El valor máximo permitido para aplicar el tipo reducido de AJD a adquisiciones de vivienda por jóvenes no incluye el del garaje, aunque ello si ocurra en la deducción por IRPF

Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Sociedades y las sanciones concurrentes deben aplicarse sobre la base imponible de las operaciones descubiertas “IVA incluido”  

El Tribunal Supremo ha dictado su sentencia de 27 de septiembre de 2017, dictada en el entorno del nuevo diseño del recurso de casación que operó la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2015 en la Ley 29/1998 (LJCA), y que nos tiene a la espera de pronunciamientos sobre temas interesantísimos –como es el caso-, a juzgar por los autos de admisión que ha ido publicando el Tribunal en los últimos meses.