Jurisprudencia

En sentencia de 17 de enero de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado el incumplimiento del Reino de España de las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/112/CE (Sistema Común del IVA), por lo que tiene que ver con la aplicación del tipo reducido (8%, en el tiempo de los autos, actualmente 10%) y superreducido (4%) del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas operaciones que tienen que ver con los aparatos y material sanitario y con los medicamentos, respectivamente. Se trata en concreto de las siguientes:

• Las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente en la obtención de medicamentos, a las que únicamente les resultaría aplicable el tipo reducido si fueran susceptibles de utilización directa por el consumidor final para el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades o el tratamiento con fines médicos o veterinarios.
• Los productos sanitarios, el material, los equipos o el instrumental que, objetivamente considerados, solamente pueden utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales, pero que no son utilizados normalmente para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de minusválidos.

Por fin ha sido publicada por el Ministerio de Justicia una sentencia que ya había sido filtrada a la prensa antes de las vacaciones navideñas y que parece ser que trae de cabeza a los Ayuntamientos españoles, que temen enfrentarse a una reclamación masiva contra las liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que han venido practicando, al contener las mismas –según la sentencia- un cálculo erróneo de la base imponible del Impuesto.

Se trata en concreto de la sentencia de 17 de abril de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que confirma en apelación otra dictada en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cuenca, en la que un contribuyente consigue demostrar acertadamente -según ponen de manifiesto ambos tribunales-, que el cálculo realizado por el Ayuntamiento exacionante en la liquidación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que da lugar al recurso es del todo erróneo en la medida en que al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo, calcula el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados.

Las circunstancias del retraso y la disposición del obligado a cumplir pueden y deben ser analizadas caso por caso para determinar la procedencia o improcedencia de la aplicación del recargo.

Con este talante, tan pro contribuyente, se ha manifestado de nuevo la Audiencia Nacional, en su recién publicada sentencia de 5 de diciembre de 2012, basándose en la doctrina que ella misma marcó en su sentencia de 22 de octubre de 2009.

En el supuesto analizado en los autos, la actora acreditó adecuadamente que intentó efectuar dentro del plazo establecido para ello una declaración complementaria de la autoliquidación, modelo 220, cuya transmisión telemática resulta obligatoria para sociedades como ella que tributen en régimen de consolidación fiscal, y si ello no fue posible fue debido a problemas informáticos en la validación de determinadas casillas que impedían la transmisión telemática de dicha declaración, reconocidos por el propio Director del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT.

Resolviendo un recurso de casación en interés de la ley, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia el 19 de noviembre de 2012, en la que fija como doctrina legal que la estimación del recurso contencioso administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia sentencia. Con ello se echa por tierra la doctrina del tiro único apadrinada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es el lugar de partida de los hechos enjuiciados.

La sentencia contiene 3 votos particulares como ya los tuvo en su día la sentencia de instancia: STSJ de la Comunidad Valenciana, de  27 de octubre de 2010, que se sumaba a los postulados de otra anterior, con idéntico contenido, de  17 de junio de 2010, -Véase al respecto el Comentario doctrinal “A VUELTAS CON LA POSIBILIDAD DE REITERACIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS ANULADOS JUDICIALMENTE: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 17 DE JUNIO DE 2010” publicado en la Revista de Contabilidad y Tributación, RC y T, n.º 339, junio 2011- cuya doctrina, la de ambas, ha sido traída a colación para dirimir diferentes supuestos al de autos, reiterándose por tanto en sede de ese Tribunal hasta fechas bien recientes –Véanse SSTSJ de la Comunidad Valenciana, de 21 de junio de 2011, de 23 de marzo de 2012 o de 15 de mayo de 2012-. Cuestión polémica por tanto en sede judicial que aún puede hacer correr más ríos de tinta.

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El Tribunal Constitucional, en sentencia publicada en el día de hoy, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001 (Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito), que grava la captación por las entidades de crédito de fondos de terceros con obligación de restituirlos.

El Tribunal, tras un pormenorizado análisis del contenido de la norma, y tras compararla con la Ley 37/1992 (Ley IVA) y con el RD 1175/1990 (Tarifas e Instrucción IAE) concluye la compatibilidad de su hecho imponible, con los de estos otros dos impuestos.

Asimismo, descarta la vulneración de las políticas y principios comunitarios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Andalucía, en su sentencia dictada el 30 de julio de 2012, niega la existencia de relación laboral entre  el titular de un despacho profesional del que un abogado es titular y los pasantes de dicho despacho, configurándose la relación entre ellos como de prestación de servicios retribuidos en régimen profesional, y por tanto, con sujeción al deber de efectuar las correspondientes retenciones.

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Aunque previamente anunciada por una nota de prensa emitida por el propio Tribunal, por fin en el día de hoy ha sido publicado oficialmente el auto de la Audiencia Nacional, de 18 de octubre de 2012, por el que se inadmite el recurso interpuesto por parte de uno de los partidos políticos de mayor representación en las Cortes contra la Orden HAP/1182/2012, que desarrolla la declaración tributaria especial -que comúnmente conocemos como amnistía fiscal-, y que fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Disposición Adicional 1ª del RDLey 12/2012 (Introduce diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público) publicada en el BOE el pasado 31 de marzo.

El Tribunal Constitucional, en sentencia publicada en el día de ayer, 17 de octubre de 2012, ha declarado inconstitucionales dos artículos de una norma autonómica –en concreto los arts. 6 y 7 Ley 10/2002 de Andalucía (Normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras)- por considerar que su contenido transgrede la competencia normativa atribuida a las Comunidades Autónomas por la entonces vigente Ley 21/2001 (Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía), hoy superada por la Ley 22/2009 (Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía), pero ambas con idéntico contenido en esta materia.

En concreto, el art. 38.1.b) de la citada Ley 21/2001 señalaba que:

De nuevo nos encontramos con una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso de 20 de septiembre de 2012, que contiene importantes matizaciones por lo que tiene que ver con la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades.

En esta ocasión el Tribunal Supremo, una vez recordado su criterio consolidado por lo que tiene que ver con la compensación de bases que derivan de ejercicios prescritos, prescripción que reitera impide modificar las bases de tales ejercicios, incide en una segunda cuestión, que es la que protagoniza el interés jurídico de esta sentencia, cual es la de la justificación documental de las bases negativas cuya cuantía se pretende compensar.

Y analiza este supuesto de hecho en el entorno de la modificación introducida por la Disposición Final Segunda de la Ley 40/1998 en el art. 23 Ley 43/1995, que lo dejó con el siguiente tenor literal:

Antes de entrar en el comentario de la sentencia, puntualizar el empleo del término “doctrina”, que por ello se entrecomilla, y es que no podemos hablar de tal, en el sentido de que tan sólo consta un pronunciamiento del Tribunal Supremo en la materia [sentencia de 10 de octubre de 2011, que ya fue objeto de estudio en esta misma página web, en un artículo titulado “Una vieja polémica: suspender actos de contenido negativo ¿supone tanto como otorgar el derecho denegado?”].

Acaba de publicarse en sede del Tribunal Supremo la sentencia de 27 de junio de 2012, que contiene el segundo pronunciamiento del Tribunal por lo que tiene que ver con la cuestión de la suspensión de los actos de contenido negativo, en la cual se desdice de la línea jurisprudencial marcada por su sentencia anterior de 10 de octubre de 2011, para ahora decantarse –según parece deducirse de su contenido, a pesar de la pésima redacción que contiene- por la teoría de que “la imposibilidad de suspensión de los actos negativos aliñada con la idea de la naturaleza discrecional de peticiones de aplazamiento genera por si sola una zona de inmunidad del poder que es preciso erradicar”, es decir, que considera, y esto es opinión de quien suscribe estas líneas, que la negación de la posibilidad de suspender actos de contenido económico  da carta de naturaleza a un “vacío de poder” que considera impertinente; dicho de otro modo, que no considera desajustado a Derecho analizar si conviene o no suspender este tipo de actos, lo cual fue negado en rotundo en su sentencia anterior de 10 de octubre de 2011, argumentando que lo que realmente se había conseguido denegando la suspensión era el otorgamiento del aplazamiento solicitado en aquella ocasión; dicho de otro modo, suspendiendo la denegación lo que se hizo implícitamente fue otorgar lo denegado, en opinión del Tribunal Supremo.