Jurisprudencia

El TJUE resuelve que el Impuesto del Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no vulnera el Derecho de la Unión Europea. Este impuesto no posee las características de un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad y por otro lado no existe ninguna disposición en la Directiva 2009/28/CE (Fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables) que impida a los Estados miembros establecer un impuesto, como el IVPEE, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes de energía renovables.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de marzo de 2021, resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de febrero de 2019, recurso n.º 1491/2017 respecto del Impuesto del Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) en el sentido de que no vulnera el Derecho de la Unión Europea. El Tribunal europeo ha resuelto ahora estas cuestiones en el sentido de que el IVPEE no posee las características de un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad y no puede estar incluido en el ámbito de aplicación del art. 1.2 de la Directiva 2008/118. Por otro lado no existe ninguna disposición en la Directiva 2009/28/CE (Fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables) que impida a los Estados miembros establecer un impuesto, como el IVPEE, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes de energía renovables.

Durante esta segunda quincena de febrero 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• La pérdida patrimonial derivada de un préstamo multidivisa, debe integrarse en la base imponible general del IRPF y no en la base del ahorro
• Validez de la doctrina jurisprudencial de «doble tiro» a favor del contribuyente: Posibilidad de que dentro del plazo de prescripción pueda instarse una segunda solicitud de rectificación del IIVTNU (Plusvalía) fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes
• La proporción existente entre el valor del suelo y el valor catastral del bien no es el único método a utilizar cuando no se conozca el valor atribuido al suelo a efectos del cálculo de la plusvalía (IIVTNU)
• La SAREB puede ser responsable subsidiaria de las cuotas del IBI aducidos en un procedimiento de ejecución de préstamos, transmitidos previamente y de forma obligatoria

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• Existencia, alcance y extensión del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria ante el incumplimiento por el deudor principal de la obligación de reintegrar una subvención
• Interpretación de las ideas de «permanencia» en el territorio de una Comunidad Autónoma y de «ausencias temporales» de dicho territorio a efectos del determinar la competencia en el ISD
• Proporcionalidad de la sanción prevista para el diferimiento del IVA repercutido de un periodo a otro, lo que comporta un retraso en la declaración del IVA repercutido y devengado
• ¿Cabe excluir la deducción del IVA soportado por la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco; espectáculos y servicios de carácter recreativo, y bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas conforme al derecho de la UE?
• ¿La solicitud de aplazamiento y posterior pago en periodo voluntario de la deuda de aduanas, efectuada por el importador beneficia al representante indirecto?
• Ejercicio en el que debe apreciarse la exención de una fundación en el IBI, cuando a fecha del devengo no se encontraba aún constituida: ¿en el de constitución o en el siguiente?
• ¿Cuál debe ser el valor catastral a fijar por la Administración a efectos de IBI cuando se acredita que el fijado en la ponencia de valores es superior al valor de mercado?
• Calificación y cómputo de diferentes instalaciones y superficies de la Torre de Cristal de Madrid a efectos de cálculo de su valor catastral a efectos del IBI

• El TJUE avala el Impuesto andaluz sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito, pues no constituye un impuesto sobre el volumen de negocio
• El TJUE considera que los cánones adeudados al Municipio en virtud de la Ley nacional de transformación constituye una entrega de bienes a efectos del IVA
• El art. 63 TFUE no se opone a la limitación del crédito fiscal imputado en el marco de un régimen destinado a compensar la doble imposición de dividendos
• La moratoria de las tasas de aviación civil y de solidaridad de los billetes de avión motivada por el COVID-19 es una ayuda de estado permitida por el TFUE aunque se limite a compañías aéreas con licencia de un determinado Estado miembro
• La depreciación por deterioro de los bienes inmuebles en el IS no puede basarse en una tasación que no toma en consideración el valor en uso
• La doctrina de los actos propios no impide que si en una comprobación anterior se estimó deducibles en el IS los gastos de personal de la entidad en la nueva regularización se consideren no deducibles
• Extinción de la sanción por fallecimiento del sujeto sancionado, por el incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas bancarias (modelo 720)
• La aplicación de la bonificación autonómica en el ITP y AJD por adquisición de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales en determinadas zonas no requiere que el sujeto pasivo ejerza personalmente la actividad industrial
• Habiendo ingresado en Andalucía 38.000 euros por el ISD, no tiene sentido que la Comunidad de Madrid liquide diez años después por cantidad inferior de 36.000 euros, si no es para devolver al recurrente la cantidad ingresada en exceso
• Consecuencias de la anulación de la autorización de entrada y registro a un despacho de abogados

El Tribunal Supremo considera que los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, pues están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, son deducibles y por tanto a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el alcance y límites establecidos en el art. 20 TRLIS [art. 16 Ley 27/2014  (Ley IS)].

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de febrero de 2021, recurso n.º 3071/2019, resuelve que  a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, en contra de lo sostenido por la Administración tributaria y el órgano administrativo revisor.

Esta es la solución a la cuestión planteada en el auto de 16 de enero de 2020, recurso n.º 3071/2019. Al respecto de la misma,  si los intereses tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, varios Tribunales Superiores de Justicia, [Vid., STSJ de Aragón de 20 de julio de 2016, recurso n.º 5/2015, y Castilla y León (Sede en Burgos) de 1 de febrero de 2019, recurso n.º 150/2018], han decidido en sentido contrario a la sentencia impugnada, esto es, que a efectos del IS los intereses de demora sí merecen la consideración de gasto fiscalmente deducible. Así pues debía determinar el TS si a efectos del IS, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica y con qué alcance y límites.

El TSJ de la Comunidad Valenciana (Vid., STSJ de la Comunidad Valenciana de 04 de noviembre de 2020, rec. n.º 61/2020) consideró que en caso de que se practique una doble notificación, una en sede electrónica y otra por correo certificado, el plazo para intentar los recursos se computa desde la fecha de la notificación a través de la oficina de correos y no a la fecha en que accedió a la sede electrónica, cuando el interesado no ha consentido que se le notificasen los actos administrativos por medios electrónicos y la comunicación de su inclusión obligatoria en el sistema electrónico de notificación se hubiera realizado mediante correo electrónico remitido a la persona interesada y no a través de su notificación personal, aunque el reclamante, en calidad de destinatario, haya accedido en la sede electrónica al contenido de la liquidación girada.

La sentencia comentada enfatiza la necesidad de que la comunicación de la inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada debe hacerse mediante notificación personal y no por medios electrónicos, desestimando que la comparecencia del interesado en sede electrónica suponga el consentimiento del interesado a que se le notificasen los actos administrativos por esa vía, todo dentro del contexto de que hubo una notificación personal posterior del mismo acto por correo certificado.

Durante esta primera quincena de febero de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Se han planteado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales y en diversas sentencias se ha dado respuesta a las cuestiones ya planteadas.

Además se ha reiterado la cuestión planteada en el Auto de 13 de noviembre de 2020  que incluimos en nuestra selección correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2020, sobre si en la compensación de bases imponibles negativas en el IS ¿el ejercicio de la opción es un mero requisito formal? en un nuevo auto al objeto de que el Tribunal Supremo dilucide, interpretando el art. 119.3 LGT, si es posible aplicar en el Impuesto sobre Sociedades, el mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación declarada resulta extemporánea, determinando si el ejercicio de la opción compensatoria de bases negativas es un mero requisito formal cuya inobservancia no puede dar lugar a la pérdida del derecho a tributar en el régimen especial, al cumplir todos los requisitos materiales al efecto o, por el contrario, constituye la imprescindible manifestación de la voluntad para elegir una de las alternativas posibles, lo cual posee contenido material con sustantividad propia.

• La Audiencia Nacional anula la Orden HFP/544/2018, que aprueba el Modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos»
• La participación indirecta a través de entidades extranjeras no está sujeta al impuesto sobre el patrimonio
• La revocación de la sentencia que condenaba al deudor principal por un delito de estafa no impide la afección del bien a la deuda por el ISD y su exigencia al responsable subsidiario
• No procede la sanción aunque la declaración del IAE fuera inexacta pues la entidad actuaba en la errónea creencia de estar hacerlo lícitamente
• A efectos de aplicar el tipo reducido en ITP y AJD para la primera adquisición de la vivienda habitual el límite del patrimonio se refiere a la suma del patrimonio común de los adquirentes
• Si el titular de la actividad de la entidad cuyas participaciones se donan tenía más de 65 años debe permitirse la reducción en el ISD, aunque el otro cónyuge donante no los hubiera cumplido en el momento de la donación
• El informe técnico-económico. del art. 25 TRLHL no es susceptible de subsanación, por lo que deben ser anuladas las disposiciones impugnadas
• El hecho imponible del IVPEE recae sobre la producción de todas las instalaciones de generación, incluidas las de energías renovables que no utilicen un alternador
• El porcentaje del valor de las obras respecto del valor catastral a efectos de aplicar la exención en el IIVTNU (plusvalía) por obras en edificios históricos se debe examinar a la fecha del devengo
• La compra de acciones queda exenta del ITP y AJD al no probarse que el valor del fondo de comercio fuese inferior al considerado por la contribuyente

La Directiva autorización es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, pero sus arts. 12 y 13 no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 27 de enero de 2021, ha resuelto que la Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, pero sus arts. 12 y 13 debn interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro de que se trate

En el caso planteado, la mercantil presentó ante el Ayuntamiento una «autoliquidación» de la tasa por aprovechamiento del dominio público por la actividad de telefonía fija y de acceso a Internet que ejerce en el término municipal. Al considerar que la tasa es contraria a la normativa de la Unión que regula el sector de las telecomunicaciones, en particular a la Directiva autorización, tal como es interpretada por el Tribunal de Justicia, solicitó al Ayuntamiento la rectificación de la «autoliquidación» y la devolución de la suma ingresada, que consideraba indebida. La mercantil alegó que no era titular de las redes que explotaba en el territorio del Ayuntamiento, sino usuaria de las mismas en virtud de derechos de interconexión y que los servicios de telefonía fija y de acceso a Internet estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva autorización, y que era contrario a los arts.12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas) imponer un gravamen calculado exclusivamente sobre la base de un porcentaje fijo de los ingresos brutos de la empresa. El Ayuntamiento entendió que el importe de la tasa debida no adolecía de ningún error de hecho o de Derecho y que se había calculado conforme a la ley y que la mercantil era titular de redes de infraestructuras y, por tanto, no podía ser exonerada del pago de la tasa. El Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales [Vid., ATS, de 12 de julio de 2018, recurso n.º 1636/2017].

La AN considera que es indiferente si la compensación de bases imponibles negativas en el IS es o no una opción tributaria, en los términos previstos en el arti.119.3 LGT, por la sencilla razón de que este precepto no es aplicable en el caso de rectificación de las autoliquidaciones.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 11 de diciembre de 2020, considera que es preciso diferenciar entre declaración y autoliquidación. La primera es a la que se refiere el art. 119 de la LGT, mientras que a la segunda le es de aplicación el art. 120 LGT. Por ello, el tribunal entiende que :” A la declaración le resulta aplicable el régimen jurídico disciplinado en este art.119 LGT, y, por ende, la limitación prevista en el art.119.3 LGT. Sin embargo,  a la autoliquidación no le resulta aplicable la limitación del art.119.3 LGT, porque tiene otro régimen jurídico, contemplado en el art. 120 LGT, en el que se posibilita la rectificación de una autoliquidación cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente, en el que no se contempla la limitación temporal prevista en el art. 119.3 LGT.

Resulta, por tanto, indiferente si la compensación de Bases Imponibles Negativas (BINS),  es o no una opción tributaria, en los términos previstos en el art. 119.3 LGT, por la sencilla razón de que este precepto no es aplicable en el caso de rectificación de las autoliquidaciones.

• La autorización del uso de obras musicales por los titulares de derechos de autor a los organizadores de espectáculos constituye una prestación de servicios del IVA, pese a la intervención de la entidad de gestión colectiva que actúa como comisionista
• No está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva IVA la cesión, por un sujeto pasivo a su empleado, de un vehículo afectado a la empresa si esa operación no constituye una prestación de servicios a título oneroso
• Tributación de las rentas del trabajo obtenidas en España por un trabajador que luego desplaza su residencia al extranjero
• Si se dan los elementos objetivos para entender que estamos ante una empresa asociada no cabe negar la deducción en el IS del deterioro no registrado contablemente la pérdida de valor de una participación en una sociedad
• El domicilio fiscal a efectos del IS de la recurrente se determina teniendo en cuenta donde radica el mayor valor de su inmovilizado
• La AN se decanta por admitir la deducción de los intereses de demora derivados de liquidaciones tributarias
• La AN rechaza que se puedan impugnar las liquidaciones firmes dictadas dentro de un procedimiento inadecuado
• No es posible para determinar la sujeción al IIVTNU (plusvalía) fruto del ejercicio de la opción de compra atender exclusivamente al precio de adquisición del bien por el banco y al ejercicio de la opción de compra por la arrendataria
• La disolución del condominio es inócua respecto al requisito de permanencia en el patrimonio del adquirente sobre la vivienda del causante y no conlleva la pérdida de la reducción aplicada en el ISD
• No puede regularizarse una operación de ITP y AJD en aplicación del art. 108.2 de la Ley de Mercado de Valores sin examinar la contabilidad mercantil de la sociedad y por tanto no puede utilizarse el procedimiento de comprobación limitada