TSJ

El recurrente no percibía remuneración de la sociedad por sus funciones directivas, sin que los rendimientos agrícolas y ganaderos obtenidos directamente o a través de comunidades de bienes pudieran considerarse retribución por dichas funciones, al corresponder a la actividad agraria desarrollada por el contribuyente.

Esto es lo que concluye la sentencia núm. 659/2026, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de octubre de 2026, rec. núm. 672/2024 a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El 9 de marzo de 2020 falleció la tía del recurrente, a quien había legado unas participaciones sociales en una sociedad limitada agrícola. Tras autoliquidar el ISD y, comprobarse los requisitos de la reducción del 95 % por empresa familiar, la Administración denegó su aplicación al considerar incumplido el requisito del artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD), relativo al ejercicio efectivo de funciones directivas y a la percepción por ellas de una remuneración superior al 50 % de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal.

La sentencia distingue entre los actos preparatorios y el ejercicio efectivo de la actividad promotora, y considera que la mera obtención de una licencia de parcelación de terrenos no acredita el desarrollo de una actividad de promoción inmobiliaria.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 464/2026, de 25 de septiembre de 2026, rec. núm. 786/2021, resulta de interés en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) porque delimita los requisitos para aplicar la reducción por adquisición mortis causa de participaciones en una empresa familiar, prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD). En particular, precisa que la mera intención de desarrollar una actividad de promoción inmobiliaria, la realización de estudios urbanísticos o la obtención de una licencia de parcelación no acreditan, por sí solas, el ejercicio efectivo de una actividad económica a efectos de la exención de empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio y, por remisión, de la reducción en el ISD.

Cuando una misma escritura documenta una donación de varios bienes situados en distintas comunidades autónomas, cada Administración debe aplicar a los bienes de su competencia el tipo medio que corresponda al valor de la totalidad de los bienes transmitidos, conforme a sus propias normas

La cuestión que se plantea en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, núm. 452/2026, de 21 de julio de 2026, rec. núm. 496/2023, consiste en determinar cómo debe calcularse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando en una misma escritura se recoge una donación a favor de un mismo donatario de bienes inmuebles situados en varias comunidades autónomas, concretamente, la nuda propiedad de una parte de varios inmuebles situados en las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

En la fiscalidad de las criptomonedas, la dificultad de obtener una certificación formal de la plataforma, no supone rechazar automáticamente una pérdida patrimonial cuando el conjunto de evidencias permite identificar las operaciones y determinar sus importes

Esto es lo que concluye la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 465/2026, de 29 de julio de 2026, rec. núm. 62/2024, que trata la solicitud de rectificación de una autoliquidación del IRPF correspondiente al ejercicio 2020, porque la contribuyente no había incluido determinadas operaciones de transmisión de criptomonedas realizadas a través de la plataforma Coinbase. Se trataba de Bitcoin y Ether adquiridos el 23 de julio de 2018 y vendidos el 12 de marzo de 2020, que habían generado pérdidas patrimoniales de 3.597,93 euros y 17.343,97 euros, respectivamente, correspondiendo a la contribuyente el 50 % de dichas pérdidas por el carácter ganancial de las criptomonedas. La AEAT rechazó la solicitud al considerar que no se encontraban suficientemente acreditados el momento de las transacciones ni los valores de adquisición y transmisión de las criptomonedas.

La sustitución vulgar puede determinar que los descendientes adquieran por Sucesiones la parte de la herencia repudiada, pero no les atribuye automáticamente los derechos derivados de un seguro de vida del que no sean beneficiarios designados. Además, cuando la percepción de esos derechos se produce por una atribución gratuita distinta de la sucesión, puede concurrir el hecho imponible de Donaciones

La sentencia núm. 622/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 21 de septiembre de 2026, rec. núm. 714/2023, aborda una cuestión de interés práctico en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se trata de determinar si el dinero que perciben los hijos de una persona que ha renunciado a sus derechos como beneficiaria de un seguro de vida debe tributar por Sucesiones o por Donaciones, cuando esos hijos también han sido llamados a la herencia como sustitutos vulgares. La importancia del pronunciamiento radica en que distingue dos adquisiciones que pueden producirse en el contexto de un mismo fallecimiento y formalizarse en una misma escritura, pero que no tienen necesariamente el mismo título jurídico ni la misma tributación.

Si al fallecimiento del causante existe una deuda a favor de uno de sus herederos, la deuda no es deducible del caudal relicto, aunque el heredero no hubiera originado personalmente el crédito y aunque lo hubiera adquirido previamente por herencia de un tercero.

Esto es lo que concluye la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1021/2026, de 8 de septiembre, rec. núm. 1402/2024 a raíz de la reclamación formulada por uno de los sobrinos de la causante, fallecida el 8 de marzo de 2020, que había nombrado herederos a sus dos sobrinos, por partes iguales. La fallecida mantenía una deuda de 317.194,81 € frente a uno de los herederos, pero la deuda no se había originado directamente con el sobrino. La causante la tenía frente al padre de este, que falleció el 3 de diciembre de 2018. El sobrino adquirió el crédito frente a su tía por herencia de su padre. Al presentar inicialmente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los herederos no incluyeron esa deuda como pasivo de la herencia. Posteriormente solicitaron la rectificación de la autoliquidación, pretendiendo reducir el caudal relicto en esos 317.194,81 €. La Administración rechazó la solicitud. El TEARC confirmó el criterio administrativo, aplicando el artículo 13.1 de la Ley 29/1987 (Ley ISD), que excluye la deducibilidad de las deudas del causante a favor de los herederos y determinados familiares.

El TSJ reconoce la libertad de elección de residencia, incluso cuando exista un motivo fiscal, siempre que el cambio sea real y no responda a una finalidad ilícita, y se mantenga durante al menos tres años.

Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana núm. 420/2026, de 11 de junio de 2026, rec.  núm. 489/2025, en relación al concepto de residencia habitual a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019, porque termina dando prevalencia a la residencia efectiva acreditada mediante prueba indiciaria, frente a elementos familiares y patrimoniales situados en otra Comunidad. La Administración tributaria valenciana consideró que la contribuyente tenía su residencia fiscal en Llíria (Valencia) y no en Villarejo de Salvanés (Madrid), por lo que debía tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Valenciana. Para ello se apoyó en los criterios establecidos en el artículo 28 de la Ley 22/2009 y en el artículo 72 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

En un fideicomiso de residuo, la devolución que pueda corresponder por la tributación inicial del fiduciario pertenece a sus derechohabientes, sin que el fideicomisario pueda ejercitarla por el hecho de ser el destinatario final de los bienes

Esto es lo que se resuelve en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia STSJ de Cataluña, núm. 878/2026, de 17 de junio, rec. núm. 462/2024, planteado contra la resolución del TEAC de 29 de febrero de 2024, que había confirmado la denegación de la solicitud de devolución del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por un importe de 2.261.219,16 euros. El recurrente, fideicomisario, sostenía que tiene derecho a solicitar la devolución de la parte del impuesto que había satisfecho inicialmente el fiduciario por el pleno dominio de unos bienes que posteriormente pasaron al fideicomisario.

Se considera ajustado a Derecho que el procedimiento de comprobación limitada del IP se extienda a los inmuebles y cuentas bancarias de la contribuyente cuando su alcance comprende la determinación de la composición y cuantificación de su patrimonio. Asimismo, se reconoce el derecho a la exención en el IP por las participaciones en una entidad cuando se supera el porcentaje mínimo exigido y las funciones de dirección y la remuneración correspondiente son ejercidas por el cónyuge.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia n.º 1758/2026, de 20 de julio de 2026, con n.º de recurso 564/2022, analiza la procedencia de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio por la participación en entidades, así como el alcance de un procedimiento de comprobación limitada iniciado para determinar la composición y cuantificación del patrimonio de la contribuyente y verificar la procedencia de dicha exención.

La sentencia considera insuficiente la motivación de la liquidación para excluir determinadas fincas de la reducción, al establecer una explicación global sin concretar las fincas adquiridas por cada sucesor ni las razones que justifican la exclusión en cada caso. Asimismo, otorga relevancia al acta de inspección de la AEAT firmada en conformidad frente al mero dato formal del alta del causante en el IAE.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia n.º 1611/2026, de 3 de julio de 2026, con n.º de recurso 900/2022, analiza la procedencia de la reducción autonómica del 99% en el ISD por adquisición de explotaciones agrarias, atendiendo tanto al ejercicio efectivo de la actividad agrícola por el causante como a la suficiencia de la motivación de la liquidación para excluir determinadas fincas de la reducción respecto de los distintos sucesores.