Jurisprudencia

Según el Supremo, para que no se produzca interrupción injustificada de actuaciones sólo se exige realizar actuaciones, pero no se requiere el conocimiento formal del interesado

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de enero de 2018, resuelve en recurso de casación para la unificación de doctrina la dicotomía que plantea el art. 150.2 Ley 58/2003 (LGT) –en su redacción original- respecto de las exigencias que requieren la interrupción de las actuaciones inspectoras y la interrupción de la prescripción para producirse.

Artículo 150. Plazo de las actuaciones inspectoras.

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2. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

• Que se pueda identificar el precio de una prestación accesoria no facilita que se le aplique un tipo reducido de IVA
• El Supremo reitera la constitucionalidad del régimen de notificaciones electrónicas obligatorias
• El acuerdo de liquidación dictado antes de recibirse las alegaciones al acta no tiene la virtualidad de terminar el procedimiento de inspección
• IIVTNU: El Supremo analizará si la interpretación dada por el Juzgado C-A n.º 1 de Cartagena sobre la carga de la prueba de la minusvalía es o no un exceso interpretativo de la STC 59/2017
• Jurisprudencia pendiente sobre IVA: Tributación de los servicios prestados por los directivos de las Cajas de ahorro en sus entidades participadas y tributación de los swaps/IRS
• Ante la disparidad de pronunciamientos judiciales, el Supremo acepta valorar si la extinción parcial del condominio tributaría por AJD en vez de por ITP
• España no es competente para analizar las circunstancias que rodean la presentación de las solicitudes de devolución del IVA por los no establecidos en sus Estados de origen
• No poder pagar la hipoteca no justifica el abandono de la vivienda habitual y no se aplicará el tipo reducido en ITP
• La pérdida de incentivos económicos por una reforma legal no impide la exigencia del ICIO
• La Administración no puede inventar un método para la valoración de un estanco

Cada cierto tiempo el Tribunal Supremo nos “regala” un pronunciamiento en materia sancionadora, reprochando por enésima vez la reincidente conducta administrativa en materia de motivación.Es el caso de la sentencia de 21 de diciembre de 2017.

En esta ocasión, el Alto Tribunal se ve obligado a incidir en una obviedad: la de que lo que debe presumirse es la inocencia del administrado, no su culpabilidad. Según sus palabras, el órgano sancionador está obligado a motivar, en primer lugar, la presencia de culpabilidad en las conductas que sanciona y, sólo si concluye en su concurrencia, debe dar respuesta a los argumentos expuestos por el expedientado para justificar la ausencia de responsabilidad, no como en el caso de autos, en que el órgano sancionador la da por supuesta, limitándose a contestar los argumentos de la entidad para justificar su irresponsabilidad. Esta forma de razonar, que presume la culpabilidad, contradice no sólo los principios que presiden el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito tributario –art. 178 y ss Ley 58/2003 (LGT)-, sino una garantía básica de nuestro sistema constitucional proclamada en el art. 24.2 CE, cual es la presunción de inocencia, en su opinión.

A petición de la Abogacía del Estado, ha admitido a trámite recurso de casación al objeto de fijar jurisprudencia sobre la concurrencia o no de la exención en el IRPF

Varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como la impugnada de 29 junio de 2017 –al igual que anteriormente lo hicieran las de 3 de febrero de 2010 y de 6 de julio de 2016–, todas ellas fruto de un notable ejercicio de interpretación jurídica, han puesto en vilo a la Agencia Tributaria, y es que en ellas se reconoce la exención del IRPF de la prestación de maternidad, el subsidio que dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social –art. 42.1.c) RDLeg. 8/2015 (TRLGSS)– se reconoce a los empleados por cuenta propia o ajena -incluidos los contratados para la formación y a tiempo parcial-, cualquiera que sea su sexo, con ocasión de la maternidad, no sólo biológica, sino también con la adopción, el acogimiento familiar y la tutela.

Aunque la Administración no tiene que justificar que el valor de tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible, dicho valor no se proyecta al proceso jurisdiccional y sólo  tiene valor de presunción iuris tantum.

Acudir al valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas es uno de los métodos previstos que la LGT prevé como uno de los posibles a utilizar por la Administración en las comprobaciones de valores. Siendo cierto que su uso no requiere ninguna carga adicional para la Administración actuante respecto a los demás medios de comprobación de valores, podría afirmarse que la Administración no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto [Vid., STS, de 17 de septiembre de 2012, recurso nº  177/2010).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia de 5 de octubre de 2017  afirma que lo aseverado anteriormente  no debe suponer para esta Sala una conclusión limitativa no solo de sus facultades, sino de sus obligaciones de tutela judicial efectiva.

Según la jurisprudencia comunitaria y del TS, sin buena fe, no hay posibilidad de eludir la imputación de la participación en un fraude carrusel 

Tal y como han señalado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo, la concurrencia de buena fe en el sujeto pasivo que pretende practicarse la deducción generada en operaciones fraudulentas, es un requisito imprescindible.

En efecto, su buena fe, y solo ella, podrían garantizar su derecho al crédito del impuesto, más allá del fraude en el que las operaciones donde se hubiera generado pudieran estar inmersas. Neutralidad del IVA en grado máximo: recuperación a pesar de un entorno contrario a la norma.

La decisión costó a los Directores de los Departamentos de Gestión e Inspección Tributaria del momento una querella por prevaricación, que ahora se sobresee

La decisión adoptada por los Directores de los altos cargos de la Agencia Tributaria, a raíz de la recepción de la lista Falciani, respecto de la actuación a llevar a cabo sobre los contribuyentes que aparecían en la misma como titulares de depósitos e inversiones en una entidad bancaria suiza, que se llevó a cabo mediante un procedimiento de gestión y no de inspección, les llevó a una querella personal por imputación de un delito de prevaricación.

La Audiencia Provincial de Madrid, en auto de 7 de noviembre de 2017, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda contra un auto anterior del Juzgado de Instrucción n.º 37 de la capital, por considerar que su decisión era una de las posibles y que fue acertada.

El TS reitera sus dudas sobre la constitucionalidad de los arts 1 , 4.1 , 6.1 y 8 que regulan el IVPEE creado por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, mediante un nuevo Auto de 10 de enero de 2018.

Tras la inadmisión por el Tribunal Constitucional de las cuestiones de inconstitucionalidad referidas al IVPEE planteadas por el Tribunal Supremo mediante autos de 14 de junio de 2016 [Vid., AATS de 14 de junio de 2016, recurso n.º 2554/2014 y recurso n.º 2955/2014  y a la  vista de la resolución del TJUE referida al canon eólico de Castilla la Mancha (Vid STJUE de 20 de septiembre de 2017, asuntos C-215/16 , C-216/16 , C-220/16 y C-221/16) esta Sala llega a la a la convicción de que, en lo que se refiere al IVPEE, la Ley 15/2012 no presenta problemas de ajuste con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, pero persisten las dudas sobre la constitucionalidad de los arts 1 , 4.1 , 6.1 y 8 que regulan este impuesto, que se plantean ahora mediante el Auto de 10 de enero de 2018.

La razón de esta cuestión de inconstitucionalidad se debe a que a juicio del Tribunal Supremo, hay razones para concluir no sólo que eI IVPEE recae sobre igual manifestación de riqueza de los sujetos pasivos contribuyentes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), sino que en realidad pueden estar gravando el mismo hecho imponible.

Por el contrario, el Tribunal Supremo no alberga dudas sobre la compatibilidad entre el IVPEE y el Impuesto sobre la Electricidad, porque el primero es un impuesto directo y el segundo indirecto de repercusión legal obligatoria, lo que implica que la capacidad económica sometida a gravamen en uno y otro sea distinta, aunque en ambos el sujeto pasivo contribuyente sea el productor de la energía eléctrica.

• No puede aprovecharse la comprobación de unas BINs para volver a comprobar una operación vinculada, anulada por aplicar un método equivocado, que quedó firme por inactividad de la Administración
• Las condiciones resolutorias explícitas no tienen la naturaleza jurídica de garantía real a efectos de la modificación de la base imponible del IVA
• El Supremo pide cautela a los tribunales respecto de la prejudicialidad penal para evitar situaciones indeseables como que un contribuyente sea residente y no residente a la vez
• El Supremo se puntualiza a si mismo: la concesión de obra pública "para construir y explotar" otorga titularidad catastral al concesionario pero tan sólo en la parte del inmueble que explota
• Pendiente de fijarse jurisprudencia sobre si los gastos de urbanización actúan sobre el valor de adquisición o transmisión a la hora de saber si hay incremento de valor de los terrenos
• El Supremo cree conveniente analizar de nuevo en casación si cabe inaplicar el art. 32 TRLIS –doble imposición internacional- por ser contrario al Derecho de la Unión
• Acreditar la recepción de la factura rectificativa con posterioridad a la firmeza de la liquidación es un documento esencial que da acceso al recurso de revisión y al reconocimiento de la rectificación
• Es ilegal condicionar la bonificación del IIVTNU al empadronamiento en la vivienda heredada
• En la gestión del IAE el Ayuntamiento debe probar el ejercicio de la actividad regularizada
• Anulada una sanción por motivos de fondo, la Administración no puede volver a sancionar esos mismos hechos

El Supremo sienta jurisprudencia en un recurso de casación para la unificación de doctrina sobre los requisitos materiales y formales de la motivación de las dilaciones del procedimiento inspector imputables al contribuyente

El Tribunal Supremo ha dictado, en recurso de casación para la unificación de doctrina, una sentencia de extraordinario interés, de fecha 11 de diciembre de 2017, sobre los requisitos materiales y formales relativos a la motivación de las dilaciones del procedimiento inspector imputables al contribuyente. La contundencia  y seguridad de sus palabras, no merece otra cosa que reproducirlas por tener suficiente peso específico:

Respecto de los requisitos formales, el Supremo sienta jurisprudencia sobre la idea de que la motivación debe hacerse, en principio, tanto en el acta como en el acuerdo de liquidación. Y es que, por su propia naturaleza, las diligencias no son en absoluto el instrumento idóneo para este cometido, en voz del Alto Tribunal.