Jurisprudencia

La cuestión central del litigio consiste en determinar si el copago exigido por los servicios de atención a la dependencia al usuario tiene naturaleza de tasa, lo que implicaría su sometimiento al principio de reserva de ley, o bien constituye un precio público lo que permitiría una regulación más flexible.

La controversia de la sentencia del Tribunal Supremo n.º 277/2026, de 9 de marzo de 2026, con n.º recurso 8974/2023, gira en torno a la legalidad de las liquidaciones practicadas en concepto de copago por servicios de atención a la dependencia, así como, especialmente, a la naturaleza jurídica de dichas prestaciones económicas.

El caso parte de la situación de una persona declarada judicialmente incapaz, con un grado de dependencia severo (grado III), que requiere atención integral mediante servicios residenciales y de centro de día.

La Administración de Castilla y León, a través de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, dictó diversas resoluciones aprobando liquidaciones por la aportación económica que el beneficiario debía abonar por dichos servicios. Estas liquidaciones se fundamentaban en el Decreto 70/2011, modificado por el Decreto 18/2019, que configuraba dichas aportaciones como precios públicos.

La sentencia del Tribunal Supremo establece un principio claro: en operaciones de ventas sucesivas, la primera venta solo puede considerarse realizada con vistas a la exportación a la Unión Europea si se demuestra que las mercancías estaban destinadas a ser comercializadas efectivamente en el territorio aduanero de la UE. De modo que, aunque el valor en aduana se determina normalmente sobre la base de la primera venta (valor de transacción), esto no siempre es así si no se cumplen estas condiciones de destino y finalidad comercial.

La sentencia del Tribunal Supremo n.º 251/2026, de 4 de marzo de 2026, con n.º recurso 9077/2022, tiene como finalidad principal dilucidar la correcta interpretación de las normas de valoración aduanera, en particular el art. 29 del Código Aduanero de la Unión (CAC) y el art. 147 del Reglamento de Ejecución 2454/93, en situaciones de ventas sucesivas de mercancías.

La cuestión central que se plantea es determinar si, para que una venta pueda considerarse realizada “con vistas a la exportación al territorio aduanero de la Unión Europea”, es suficiente demostrar la introducción física de las mercancías en el territorio de la Unión, o si resulta necesario acreditar que las mercancías estaban destinadas a ser efectivamente comercializadas dentro de dicho territorio.

El art. 45 TFUE se opone a una normativa nacional que da lugar a la pérdida parcial de una deducción fiscal vinculada a la situación personal y familiar de un contribuyente residente, cuando este percibe rendimientos del trabajo en otro Estado miembro que, en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, están exentos en el Estado de residencia con aplicación de progresividad, si dicha pérdida no se ve compensada en el Estado de empleo mediante la concesión de una deducción equivalente proporcional a los rendimientos obtenidos en este último, sin que concurra una razón imperiosa de interés general que lo justifique.

El TJUE, en su sentencia de 12 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-150/25, se pronuncia sobre la interpretación del art. 45 TFUE en un supuesto en el que un contribuyente residente en un Estado miembro percibe rendimientos del trabajo en otro Estado miembro, exentos en el Estado de residencia en virtud de un convenio bilateral, y ve limitada la deducción de determinadas cargas familiares.

El TJUE resuelve un supuesto en el que una solicitud de devolución de IVA presentada por un sujeto pasivo no establecido fue transmitida electrónicamente y recibida por la Administración del Estado miembro de devolución, pero no tramitada debido a problemas técnicos que impedían su lectura, sin que la Administración requiriera su subsanación ni dictara resolución, considerándose posteriormente que la solicitud no había sido presentada, privando al sujeto pasivo tanto del derecho a la devolución del IVA como del derecho de acceso a la justicia para impugnar la inacción de la Administración tributaria.

El TJUE, en su sentencia de 12 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-527/24, se pronuncia sobre la interpretación de los art. 170 y 171 de la Directiva del IVA y de la Directiva 2008/9, en relación con los principios de neutralidad, proporcionalidad y buena administración, respecto a la denegación de la devolución del IVA a un sujeto pasivo no establecido por problemas técnicos en la transmisión electrónica de la solicitud y la consiguiente falta de acceso a la tutela judicial frente a la inacción administrativa.

El TJUE declara que el artículo 45 TFUE se opone a la normativa belga que grava a los no residentes fiscales con un recargo adicional sobre el impuesto sobre la renta cuando la carga fiscal supera la de los residentes, estableciendo una restricción a la libre circulación de trabajadores.

El TJUE en su sentencia de 12 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-119/24, se pronuncia sobre la compatibilidad del art. 245 del Código de Impuestos sobre la Renta belga (CIR 92) con el art. 45 TFUE, en relación con el recargo adicional aplicado a los no residentes fiscales en Bélgica.

Este recargo, establecido por un porcentaje comprendido entre el 6 y el 7 % sobre el impuesto adeudado por ingresos de origen belga, se fija por analogía con el recargo adicional municipal que abonan los residentes fiscales en beneficio de las aglomeraciones urbanas o municipios que deciden instaurarlo y que determinan su tipo. El Tribunal recuerda que la normativa belga persigue que los no residentes contribuyan de manera proporcional a sus ingresos de origen belga a la financiación de los servicios públicos, en igualdad con los residentes fiscales, evitando así cualquier discriminación.

Los arts. 168, letra c), 178, letra c), 179, 180 y 182 de la Directiva 2006/112/CE, en relación con los principios de neutralidad fiscal, proporcionalidad y efectividad, se interpretan en sentido contrario a una normativa nacional que deniegue la deducción del IVA de adquisiciones intracomunitarias por haberse ejercitado en el período en que se recibieron las facturas, posterior al de las adquisiciones, cuando el sujeto ha actuado de buena fe y dentro del plazo de prescripción.

El TJUE en su sentencia de 12 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-521/24, se pronuncia sobre la interpretación de los artículos 168, letra c), 178, letra c), 179, 180 y 182 de la Directiva 2006/112/CE, en relación con los principios de neutralidad fiscal, proporcionalidad y efectividad, en un supuesto en el que una normativa nacional y una práctica administrativa deniegan la deducción del IVA de adquisiciones intracomunitarias por haberse ejercitado en un período posterior al de las operaciones, concretamente cuando el sujeto pasivo recibió las facturas necesarias.

Una normativa nacional que, en la fecha de adhesión, introduce una exclusión del derecho a deducir el IVA soportado en gastos como los destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceros, es compatible con el art. 176, párrafo segundo, de la Directiva del IVA. Esta exclusión responde a la lógica del sistema del impuesto, dado el estrecho vínculo de estos gastos con la satisfacción de necesidades privadas, y se ajusta a la voluntad del legislador de la Unión, que contempla expresamente la exclusión de gastos que no tengan un carácter estrictamente profesional, como los de lujo o recreo.

El TJUE en su sentencia de 12 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-515/24, ha declarado que el art. 176, párrafo segundo, de la Directiva 2006/112/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que introduce una exclusión del derecho a deducir el IVA soportado por la adquisición de bienes y servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceros, como entradas para espectáculos deportivos.

La inclusión de esa cantidad en la base imponible obedece a un diferimiento permitido por la Ley IS de las ganancias derivadas de la transmisión de un bien y el importe imputado responde a la cuantía aplicable a la anualidad de amortización del año 2017 correspondiente con la renta no integrada en la base imponible del año en que se efectuó la venta del bien, de forma que no cabe decir que no sea un ingreso real, debido precisamente a ese diferimiento.

En resumen, esto es lo que establece el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid), núm. 12/2026, de 9 de enero de 2026, rec. núm. 530/2023, donde la recurrente reclama su derecho a la aplicación del beneficio fiscal de exención contemplado en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (Ley IP). Concretamente, pretende que a la hora de determina la fuente principal de renta no se compute una ganancia patrimonial derivada del beneficio reinvertido por la transmisión de un bien en el año 2000 y que ha imputado en 2017 conforme a las reglas de amortización de los elementos patrimoniales en los que se materializa la reinversión. A su juicio, no se trata de un ingreso real del ejercicio 2017.