Jurisprudencia

El TS reitera su doctrina que afirma que cuando se discute únicamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales, no es obligatorio agotar con carácter previo la vía administrativa, formulando recurso de reposición o, en su caso, reclamación. En estos casos el interesado puede interponer directamente el recurso contencioso-administrativo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2025, recaída en el recurso n.º 7341/2023, reitera la doctrina de la STS de 13 de junio de 2025, recurso n.º 4246/2023 y fija como doctrina que, cuando se discute únicamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos de aplicación y efectividad de los tributos locales, no es obligatorio agotar con carácter previo la vía administrativa, formulando recurso de reposición o, en su caso, reclamación.

En el presente caso y puesto que la alegación en la que se sustentaba el recurso contencioso-administrativo era la inconstitucionalidad de la Ley, debieron tanto el Juzgado como la Sala de instancia entrar a conocer del fondo del litigio.

El TS concluye que la regulación de régimen de suspensión de la ejecutividad de las deudas derivadas de los procedimientos de recuperación de ayudas ilícitas, constituye una excepción al régimen de suspensión y contra cautelas previsto con carácter general por nuestro derecho nacional, pero resulta conforme con la efectividad e inmediatez del procedimiento en los términos exigidos por la jurisprudencia del TJUE.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2025, recaída en el recurso n.º 5482/2023, fija como doctrina que no se oponen a los principios de equivalencia y de eficacia en materia cautelar, al contrario, es plenamente compatible con la jurisprudencia del TJUE, una regulación nacional que exija, para acordar la suspensión cautelar de la devolución de una ayuda de Estado y previa a la acreditación de la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, que se aporte una garantía en forma de dinero en la Caja General de Depósitos.

En el recurso de casación la fijación de la doctrina jurisprudencial debe adaptarse a las circunstancias y límites del caso concreto, sin entrar sobre las cuestiones que, aun cuando pudieran presentar interés casacional, si a la conclusión a la que se llegue resulta ajena e irrelevante para resolver el caso concreto.

La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2025, recaída en el recurso n.º 2923/2024, coincide con el planteamiento del Abogado del Estado en que la recurrente en su escrito de interposición del recurso de casación parte de una premisa que no se corresponde con las actuaciones, y no resulta procedente entrar en su examen, ya que las interpretaciones de las normas jurídicas y la doctrina que emane de la sentencia debe tener como obligado punto de referencia el caso concreto que se enjuicia, sin entrar sobre las cuestiones que, aun cuando pudieran presentar interés casacional, si a la conclusión a la que se llegue resulta ajena e irrelevante para resolver el caso concreto.

No estamos ante una prueba concluyente que pueda sustentar el hecho aquí relevante de que la sociedad era sujeto pasivo del IVA y realizó por sí misma la urbanización, transformación y mejora de los inmuebles de manera que constituyeran una actividad económica conducente a la exacción del IVA.

La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2025, recaída en el recurso n.º 909/2022, confirma la Resolución de la Junta Arbitral del Concierto con el País Vasco que señaló la necesidad de acudir al mecanismo de coordinación en un caso como el debatido, que no puede ser interpretado, como hace la AEAT, en atención al riesgo potencial que pudiera temerse de que todo conflicto atinente a la imposición indirecta diera lugar a ella, debe entenderse que la circunstancia de que la sociedad inmobiliaria tuviera o no tuviera actividad era un elemento determinante, no solo del régimen del IVA, sino de la procedencia o no de que la operación estuviera sujeta a un impuesto distinto al declarado, conforme a la norma del propio art. 47 ter Ley del Concierto Económico, como "Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declarado el contribuyente". Por tanto, esta resolución debe confirmarse porque eran precisos elementos concluyentes acerca de la intervención directa e inequívoca de Inmobiliaria en el proceso urbanizador, desde el punto de vista urbanístico como de la fiscalidad directa sobre la sociedad para poder enervar la determinación adoptada por la Junta Arbitral.

La Sala comparte la solución alcanzada por la Junta Arbitral en la que partiendo del carácter inmediato del devengo del IVA y de la necesidad de considerar el "reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico", en los supuestos de concurso de acreedores deben realizarse dos regularizaciones de la deuda concursal y postconcursal, respectivamente, al considerar que la deuda resultante de la regularización de la proporción de tributación del IVA "no tiene carácter íntegramente postconcursal".

La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2025, recaída en el recurso n.º 434/2024, confirma la Resolución de la Junta Arbitral del Concierto con el País Vasco que señaló que que partiendo de la existencia de una laguna que obliga a una tarea de exégesis del Concierto Económico, y partiendo igualmente del carácter inmediato del devengo del IVA y de la necesidad de considerar el "reparto equitativo de los recursos fiscales en el que se funda el Concierto Económico" le lleva a optar por considerar que en los supuestos de concurso de acreedores deben realizarse dos regularizaciones de la deuda concursal y postconcursal, respectivamente, al considerar que la deuda resultante de la regularización de la proporción de tributación del IVA "no tiene carácter íntegramente postconcursal".

Procede reconocer a la entidad partícipe en la AIE, la base de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas generada, al tener la recurrente la condición de coproductora cinematográfica, tanto en términos tributarios como de dicha legislación sectorial y no se discute que la AIE tenga su domicilio fiscal en Canarias, siendo irrelevante que la actora lo tenga fuera de dicha Comunidad Autónoma, puesto que la deducción corresponde a la AIE.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 13 de noviembre de 2025, recaída en el recurso n.º 1351/2021 resuelve que procede reconocer a la recurrente, como entidad partícipe en la AIE, la base de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas generada, al tener la recurrente la condición de coproductora cinematográfica, tanto en términos tributarios como de dicha legislación sectorial y el régimen económico y fiscal de Canarias, que tiene un significado instrumental que abarca un conjunto de medidas heterogéneas de naturaleza económica y fiscal, que tienen un marcado carácter dinámico y evolutivo «con el claro objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del archipiélago» y cuyo alcance debe interpretarse en un «sentido finalista».

Dada la invalidez de las actuaciones penales, mal puede sostenerse que esta actuación ineficaz desde tal perspectiva, pueda ser en cambio idónea para que la Administración casi dieciocho años después de la paralización de los procedimientos tributarios pueda proseguir dichas actuaciones administrativas, considerando que ha existido interrupción de la prescripción en consideración a dichas actuaciones penales que por su larga paralización temporal no han sido idóneas para la interrupción de la prescripción de los delitos fiscales perseguidos.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 4 de noviembre de 2025, recaída en el recurso n.º 2049/2021 resuelve que no cabe permitir una indefinida posibilidad del ejercicio de las potestades tributarias, ya que ello sería contrario a los más elementales principios de seguridad jurídica. Dada la invalidez de las actuaciones penales, mal puede sostenerse que esta actuación ineficaz desde tal perspectiva, pueda ser en cambio idónea para que la Administración casi dieciocho años después de la paralización de los procedimientos tributarios pueda proseguir dichas actuaciones administrativas, considerando que ha existido interrupción de la prescripción en consideración a dichas actuaciones penales que por su larga paralización temporal no han sido idóneas para la interrupción de la prescripción de los delitos fiscales perseguidos.