Jurisprudencia

• El requisito de que el sujeto pasivo inste el cobro del IVA mediante requerimiento notarial al deudor se satisface con cualquier comunicación notarial, pues exigir requisitos solemnes rigurosos contradice el principio de neutralidad del IVA
• La AN considera acreditado que la recurrente ejerciera en 2008 la actividad económica de promoción inmobiliaria, de forma que el solar vendido estaba afecto a dicha actividad de ciclo largo, siendo correcta la aplicación de la RIC
• El TSJ del País Vasco anula la simulación apreciada por la Inspección al considerar que una sociedad mercantil realizar la actividad de asesoría inmobiliaria que antes realizaban en mayor o menor medida sus socias abogadas a nivel individual
• Las consecuencias de la anulación de la liquidación en las sanciones por no atender algún requerimiento de información debidamente notificado

La Sala aprecia un retraso injustificado de la entidad actora en regularizar su situación, y en la presentación de la declaración complementaria, ya que, una vez constatado cual era en realidad del producto de cobertura contratado con los bancos, debió de procederse a presentar la correspondiente declaración complementaria del ejercicio 2013, lo cual no podía dejarse a su arbitrio o conveniencia, por lo que se aprecia que el recargo aplicado fue correcto

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 23 de marzo de 2022, analiza si es procedente el recargo por declaración extemporánea liquidado a la recurrente.

Comienza el Tribunal dejando constancia de la nueva redacción del artículo 27 de la LGT resultante de la reforma operada por la Ley 11/2021, de 9 de junio, haciendo también referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/2021, que establece el régimen transitorio en materia de recargos, reducción de sanciones, limitación de pagos en efectivo y transmisiones de determinados bienes.

A partir de ahí, afirma la Sala que, en primer lugar, deben examinarse las circunstancias concretas de cada caso, a efectos de determinar si se produjo un supuesto en el que al sujeto pasivo le fue imposible la presentación de la declaración por alguna circunstancia, o bien surgieron, como en este caso, circunstancias posteriores a la presentación de la declaración correspondiente al ejercicio, ajenas a su voluntad, lo que podría implicar que el recargo se considerase improcedente.

Así pues, se establece que, según lo previsto en el precepto citado, para que pueda aplicarse un recargo, deben de darse los siguientes requisitos:

• Extemporaneidad de la declaración o autoliquidación, es decir que se presente después de finalizar el plazo previsto en la normativa reguladora del tributo.
• Presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación omitida o de la liquidación complementaria, que rectifique la anterior, formulada en plazo, haciendo constar, en ambos casos, el periodo impositivo a que se refieren las bases y cuotas objeto de regularización.
• Existencia de una deuda tributaria a ingresar como consecuencia de la declaración-liquidación o autoliquidación presentada.
• Espontaneidad de la declaración, liquidación o autoliquidación presentada, sin mediar requerimiento previo de los órganos de la Administración Tributaria.

• El TJUE afirma que corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si existe un abuso de derecho al existir un contrato o montaje artificial, carente de realidad económica, elaborado con el único fin de obtener una ventaja fiscal en el IVA
• Vulnera la libre circulación de capitales supeditar la devolución del impuesto retenido en la fuente sobre los rendimientos del capital a requisitos adicionales cuando el beneficiario de los dividendos es una sociedad no residente
• ¿Qué magnitud deberemos tomar para graduar el perjuicio económico -cuota líquida o cuota diferencial-  a efectos de determinar la «cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación», si ambas cuotas son distintas?
• El TS debe pronunciarse sobre si resulta ajustada a Derecho la exigencia de que la declaración del IRPF sea presentada con carácter obligatorio por medios electrónicos a través de Internet
• ¿Cabe aplicar en el IS a las dotaciones efectuadas con cargo a fondos internos de la empresa los beneficios en forma de derechos diferidos convertibles fiscalmente en créditos contra la Administración?
• El Tribunal  Supremo deberá determinar, en el ámbito de la inspección tributaria, la virtualidad de la prueba ilícitamente obtenida
• El hecho de que el socio administrador haya figurado matriculado en el mismo epígrafe del IAE que la entidad nuevamente constituida, no impide por si solo la aplicación del tipo bonificado en el IS a las entidades de nueva creación
• El TSJ de Madrid confirma la simulación del préstamo apreciada por la Inspección ya que no se aportó contrato ni justificante alguno del origen del dinero y se empleó en gastos particulares ajenos a la actividad social de comercio menor de carburantes
• En base a los indicios aportados por la Inspección (falta de capacidad económica de la prestataria y la ausencia de plazo de devolución) se confirma el carácter simulado de los contratos de préstamo suscritos entre la entidad recurrente y su filial
• Existe una operación vinculada a efectos del IS entre la sociedad y sus socios, pues la entidad no ha acreditado que contase con medios materiales y personales más allá del trabajo de los socios ni que realizase una actividad independiente de los socios

En un supuesto de lease back, cuya singularidad se encuentra en que en lugar de suscribirse el contrato de arrendamiento financiero con la entidad que transmite la propiedad perteneciente al esposo, aquel se suscribe con la entidad vinculada, la Sala considera que no cabe aplicar las ventajas del régimen especial de arrendamiento financiero pues lo que realmente ha ocurrido es que la sociedad transmitente no ha realizado realmente una inversión pues ha transmitido un bien y recuperado, a través de su vinculada, de forma inmediata su posesión, obteniendo la financiación buscada.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 9 de marzo de 2022, analiza en primer lugar aplicación del régimen especial de arrendamiento financiero regulado en el art. 115 de la LIS aprobado por el RD-Legislativo4/2004, de 4 de marzo.

Así pues, comienza afirmando que la aplicación de dicho régimen especial respecto de determinados contratos de arrendamiento financiero cuyo objeto es la cesión del uso de bienes inmuebles destinados al alquiler, no debe condicionarse a la realización por el sujeto pasivo de una actividad económica en los términos previstos en el art. 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, sino -simplemente- a que los bienes queden afectos a las explotaciones previstas en la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. [Vid., STS, de 1 de diciembre de 2020, recurso nº 2310/2019].

Expuesto lo anterior, la Sala pasa analizar la existencia o no de un negocio fiduciario, motivo que no fue analizado por el TEAC, que se quedó únicamente en el análisis del motivo anterior, el cual ha sido rectificado ahora por la Audiencia Nacional.

• El TS se remite a las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidades para la cuantificación del fondo de comercio susceptible de amortizarse en las operaciones de fusión
• TS: la cesión por la sociedad del uso de vehículos a sus socios debe tributar como rendimiento del capital mobiliario en el IRPF de los cesionarios y, deberán valorarse conforme al art. 41 Ley IRPF al constituir una operación vinculada
• Ante la nulidad de pleno derecho del plan urbanístico la finca nunca llegó a ser urbana ni siquiera en el periodo desde la publicación del PGOU y la publicación de la sentencia que declaró su nulidad, por loq ue la liquidación del IBI debe anularse
• Se confirma la liquidación del ITP y AJD pues estamos ante un contrato de concesión, y no de mera prestación de servicios se está produciendo el otorgamiento de facultades de gestión de servicios y una explotación de bienes de titularidad autonómica
• Debe anularse la liquidación del ICIO girada por el Ayuntamiento en base al coste total de la obra fijado en el seguro decenal de daños suscrito por la apelante pero sin descontar los conceptos que no forman parte de la base imponible conforme al art. 102 TRLHL
• Aplicación de los efectos de la inconstitucionalidad declarada en la STC 182/2021 respecto a   la base imponible del IIVTNU (plusvalía) por los Tribunales Superiores de Justicia
• Disputa entre Ayuntamientos por el porcentaje de reparto de las cuotas del IAE satisfechas por la empresa SEAT, que ha venido aplicándose desde hace más de 20 años
• La Administración no ha probado la simulación respecto a las prestaciones de servicios de asesoramiento de la actora a otra entidad ni ha acreditado que no realice una actividad económica de arrendamientos de inmuebles a efectos de aplicar la RIC
• La materialización indirecta de la RIC no puede eludir el requisito esencial de la dotación de dicho beneficio fiscal: que la sociedad tenga un establecimiento en Canarias a través del que obtenga beneficios derivados de actividades económicas
• No se puede sancionar el no facilitar el acceso a los programas de contabilidad en un acto de registro domiciliario cuando no se informó a la obligada sobre su derecho a oponerse a la entrada

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha resuelto que las liquidaciones del impuesto de plusvalía (IIVTNU), declarado nulo por STC 182/2021 pueden revisarse si la impugnación de la misma  se realizó con anterioridad a la fecha de publicación en el BOE de dicha sentencia, es decir, el 25 de noviembre de 2021.

La página del Poder Judicial ha publicado una comunicación y ha facilitado el texto de la sentencia del  Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra que ha resuelto que las impugnaciones del impuesto de plusvalía (IIVTNU), declarado nulo por STC 182/2021, de 26 de octubre de 2021, cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433/2020, son válidas si se realizaron con anterioridad a la fecha de publicación de dicha resolución en el BOE, es decir, el 25 de noviembre de 2021, y los cobros del impuesto que hayan sido impugnados hasta esa fecha pueden ser revisados con fundamento en dicho pronunciamiento, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional establecía que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

La sentencia de este Juzgado viene a reconocer que  pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de publicarse en el BOE esta sentencia (el 25 de noviembre de 2021) no hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme, de forma que la fecha límite será el día de su publicación en el BOE y no la feca en la de 26 de octubre de 2021, día de la firma de la sentencia del TC.

El espíritu de la normativa es que la excepción a la regla general de la competencia territorial respecto del domicilio fiscal, en el caso de que se estén desarrollando unas actuaciones inspectoras respecto uno de los partícipes en una operación vinculada, es que puedan seguirse también por el mismo órgano de inspección, aunque no tenga la competencia territorial respecto del otro de los partícipes, pero ello no es aplicable si no se estaban desarrollando todavía las actuaciones en sede socio, respecto del IRPF.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 16 de febrero de 2022, analiza si los acuerdos impugnados han sido dictados por un órgano tributario incompetente por razón del territorio. En el presente caso, la parte actora alega que la liquidación ha sido dictada por un órgano incompetente, puesto que la administración que debió intervenir era la correspondiente al domicilio fiscal, que era Málaga desde el 4 de diciembre de 2015 y así se reconoció por la administración, y no en el domicilio fiscal del socio, situado en Madrid.

Las actuaciones de inspección se iniciaron respecto de la entidad actora, conjuntamente, por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 y el Impuesto sobre el Valor Añadido del 1T de 2011 al 4T de 2013, por Acuerdo del día 1 de febrero de 2016 y se pusieron a su disposición en el DEH ese mismo día, si bien la entidad actora no accede al buzón electrónico a efectos de la notificación de dicho Acuerdo, hasta el 7 de febrero de 2016.

El día 4 de febrero de 2016 se iniciaron también actuaciones inspectoras respecto del IRPF del socio en relación a los mismos ejercicios.

La Sala fija como doctrina que la adopción de una ampliación del procedimiento de comprobación limitada por la propia Administración, al mismo tiempo -no antes- y con ocasión de poner de manifiesto el expediente y de dar audiencia, en el mismo acto, sobre una propuesta de liquidación, no es una mera irregularidad no invalidante sino una infracción sustantiva de la letra y el espíritu de la ley formal, incluso del propio texto reglamentario que, al exigir el carácter previo, excluye cualquier ampliación que no lo fuera.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2022, se establece doctrina sobre el momento en el que la Administración tributaria puede comunicar al comprobado la ampliación del alcance de un procedimiento de este tipo para que éste sea válido.

La Sala fija que, en garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los arts. 34.1.ñ) y 137 LGT, Hacienda solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado "con carácter previo" a la apertura del plazo de alegaciones. Añade que será "nulo, por lo tanto, el acto final del procedimiento de gestión de tal clase en que se haya acordado esa ampliación en momento simultáneo, o posterior, a la comunicación al comprobado de la concesión del plazo para puesta de manifiesto y para efectuar alegaciones a la propuesta de liquidación".