Jurisprudencia

La devolución de ingresos indebidos derivados del ingreso erróneo del IVA a favor de una Administración tributaria que carecía de competencia para recaudarlo no puede denegarse al sujeto pasivo que repercutió el impuesto cuando se acredita que ha soportado efectivamente la carga fiscal y ha sufrido un perjuicio patrimonial real, pues ello puede generar un enriquecimiento injusto y vulnerar el principio de neutralidad del IVA.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 487/2026, de 16 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 531/2022, analiza si resulta conforme a Derecho la denegación de la devolución de ingresos indebidos correspondientes a cuotas del IVA ingresadas por error en España cuando debían haberse satisfecho a la Administración tributaria de otro Estado miembro de la Unión Europea.

El TGUE establece que la inclusión, años después de las operaciones, de la mención «inversión del sujeto pasivo» en las facturas no permite aplicar el régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares ni regularizar el impuesto en el período en curso o en períodos posteriores.

El Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de octubre de 2026, recaída en el asunto T-773/25, analiza si, en el marco de una operación triangular intracomunitaria, el adquirente intermedio puede acogerse al régimen de simplificación cuando la factura con la mención «inversión del sujeto pasivo» se emite varios años después de realizar las operaciones, y si dicha emisión permite aplicar el régimen con efectos ex nunc o, por el contrario, supondría una aplicación retroactiva.

La conservación de una copia del NIF o DNI del destinatario junto con la nota de entrega no constituye un requisito formal exigido por el Reglamento de Impuestos Especiales para la aplicación del tipo bonificado del Impuesto sobre Hidrocarburos, cuando el suministrador ha podido identificar al consumidor final mediante la exhibición del documento y la entrega queda debidamente acreditada.

La Audiencia Nacional analiza en su sentencia n.º 524/2026, de 16 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 3098/2021, si resultaba conforme a Derecho la regularización practicada por la Inspección al considerar que determinadas entregas de gasóleo bonificado debían tributar al tipo general por no haberse aportado copia del NIF o DNI del receptor junto con las correspondientes notas de entrega.

El Tribunal Supremo establece que la suspensión de una deuda tributaria previamente acordada en vía económico-administrativa mediante la aportación de garantía suficiente constituye un elemento especialmente relevante que debe ser necesariamente ponderado por el órgano judicial, de modo que su posterior denegación en vía jurisdiccional, cuando no han variado las circunstancias ni las garantías, requiere una motivación reforzada y específica.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1023/2026, de 21 de septiembre de 2026, con nº recurso 3273/2024, si, cuando la Administración tributaria ya ha acordado la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria en vía administrativa o económico-administrativa por haberse aportado una garantía suficiente, resulta conforme con los principios de seguridad jurídica y buena administración que, posteriormente, en vía judicial, se deniegue el mantenimiento de dicha suspensión sin que hayan cambiado las circunstancias del obligado tributario ni las garantías aportadas.

El Tribunal Supremo determina que el órgano jurisdiccional no puede confirmar una liquidación tributaria fundamentada en la potestad de calificación del artículo 13 de la LGT mediante la introducción de una simulación del artículo 16 que no fue declarada previamente por la Administración tributaria.

En la sentencia nº 1032/2026, de 22 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo analiza si un órgano jurisdiccional puede confirmar una regularización tributaria cuando la Administración la fundamentó en la potestad de calificación del art. 13 de la Ley General Tributaria (LGT), pero el tribunal considera que los hechos deben encuadrarse en la simulación regulada en el art. 16 de la LGT. En particular, se plantea si el órgano judicial debe respetar el título jurídico empleado por la Administración en la liquidación, teniendo en cuenta que el art. 16.2 LGT exige que la existencia de simulación sea declarada por la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación.

El segundo tema ya tratado en otras sentencias recientes del Tribunal Supremo se refiere a la diferencia entre el valor declarado por el contribuyente en la autoliquidación del ITP y el valor asignado al inmueble en la tasación hipotecaria, pues constituye motivación suficiente para iniciar un procedimiento de comprobación de valores, sin que la Administración tributaria deba justificar previamente que ambos importes se corresponden con el valor real del inmueble ni acreditar la existencia de ocultación o fraude fiscal.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1025/2026, de 21 de septiembre de 2026, con nº recurso 6548/2024, si la Administración tributaria puede utilizar el método de comprobación de valores previsto en el art. 57.1.g) de la Ley General Tributaria (LGT), basado en el valor asignado a los bienes en la tasación de fincas hipotecadas, sin necesidad de justificar adicionalmente que dicho valor coincide con el valor real del inmueble. En particular, debe determinar si la diferencia entre el valor declarado por el contribuyente y el que figura en la tasación hipotecaria constituye motivación suficiente para iniciar el procedimiento de comprobación de valores, así como si basta con aportar el certificado de tasación sin incluir el informe técnico que lo sustenta.

Si al fallecimiento del causante existe una deuda a favor de uno de sus herederos, la deuda no es deducible del caudal relicto, aunque el heredero no hubiera originado personalmente el crédito y aunque lo hubiera adquirido previamente por herencia de un tercero.

Esto es lo que concluye la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1021/2026, de 8 de septiembre, rec. núm. 1402/2024 a raíz de la reclamación formulada por uno de los sobrinos de la causante, fallecida el 8 de marzo de 2020, que había nombrado herederos a sus dos sobrinos, por partes iguales. La fallecida mantenía una deuda de 317.194,81 € frente a uno de los herederos, pero la deuda no se había originado directamente con el sobrino. La causante la tenía frente al padre de este, que falleció el 3 de diciembre de 2018. El sobrino adquirió el crédito frente a su tía por herencia de su padre. Al presentar inicialmente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los herederos no incluyeron esa deuda como pasivo de la herencia. Posteriormente solicitaron la rectificación de la autoliquidación, pretendiendo reducir el caudal relicto en esos 317.194,81 €. La Administración rechazó la solicitud. El TEARC confirmó el criterio administrativo, aplicando el artículo 13.1 de la Ley 29/1987 (Ley ISD), que excluye la deducibilidad de las deudas del causante a favor de los herederos y determinados familiares.