Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de noviembre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión consistente en determinar si procede la aplicación de la reducción de las sanciones del 25% prevista en el art. 188.3 de la Ley 58/2003 (LGT) -vinculada al ingreso de la sanción y a que no se recurra ni contra la liquidación ni contra la sanción-,  cuando en el período de ingreso concedido tras la denegación de una solicitud de un aplazamiento o fraccionamiento sin garantía, se procede a efectuar un ingreso solo parcial del importe inicial de la sanción y a solicitar de nuevo un aplazamiento/fraccionamiento sin garantía, el cual es concedido.

• Basta con corregir un defecto formal en la propia factura original presentada en recurso de reposición -sin emisión de factura rectificativa- para cumplir con los requisitos de la Ley de IVA
• En la cesión del uso de un vehículo afecto a la actividad para su uso parcial para fines privados lo que se tiene en cuenta es la disponibilidad del mismo y no únicamente su utilización efectiva
• Las pruebas que, no habiendo sido aportadas en el procedimiento inspector, se aporten en vía revisora, deben acreditar lo pretendido sin requerir investigación
• La solicitud de valoración al Gabinete Técnico de la que hay constancia en el expediente es una interrupción justificada del procedimiento pese a no haber sido notificada
• En los gastos por propaganda y publicidad en envases y embalajes debe probarse, de cara a la deducción, el coste estrictamente publicitario
• El requerimiento de identificación de titulares de contratos de alquiler de cajas de seguridad por los órganos de inspección sólo está supeditado a la trascendencia tributaria y la motivación
• No es motivo de anulación el que la Administración tributaria incoe un acta y no dos en casos en que hay comprobación de valor de operaciones vinculadas junto con otras cuestiones
• La DGT analiza por primera vez la tributación en el IRPF de la venta de bienes en fideicomiso 
• Las fluctuaciones en el cambio de moneda no generan obligación de presentar el modelo 720 a los titulares de bienes inmuebles en el extranjero
• Contratar un servicio de maquila no supone actuar mediante establecimiento permanente

La relación jurídico-tributaria no se rompe por los pactos entre particulares y ello se alarga hasta la fase de reclamación

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 25 de septiembre de 2017, plantea una cuestión curiosa para el ciudadano, si bien se resuelve de un modo relativamente fácil aplicando principios muy de base del Derecho Tributario.

El supuesto de hecho se sitúa en la negociación de una transmisión de bienes inmuebles entre dos entidades, una de ellas en estado de concurso, en la que la transmitente trata de facilitar la operación planteando a quien pretende adquirirle que hay un “derecho de crédito” sobre los inmuebles relacionado con unas liquidaciones por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que le fueron giradas en relación con operaciones que tuvieron que ver con ellos y que son firmes en ese momento ya que no fueron objeto de recurso en plazo.

La inexistencia de valor de rescate en un seguro de vida evita su tributación en el IP

En un ejercicio de implementación entre la normativa de seguros y la normativa tributaria, la Dirección General de Tributos, acaba de publicar una consulta de 5 de octubre de 2017, que aclara que la falta de consignación del valor de rescate en los seguros de vida –unit linked en el caso- les deja al margen de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio.

La existencia de interesados en el procedimiento de devolución, instando que procede la tributación por IVA y no por TPO exige y obliga a la Administración estatal a entrar a conocer y responder a lo planteado por los interesados en el procedimiento que tramita

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 23 de octubre de 2017, analiza por un lado, en que medida, la existencia de un acto administrativo de la Comunidad Autónoma liquidando por el concepto “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, al considerar que la operación de transmisión de un inmueble tributaba por este último impuesto vincula a la Administración Estatal, en concreto a los órganos gestores de la AEAT, y por otro, la indefensión causada al vendedor porque el procedimiento seguido acerca de la devolución del IVA estuvo claramente predeterminado por la actuación inspectora previa realizada a los compradores por la Comunidad Autónoma, que culminó con acta de conformidad en la que se admitía la improcedencia de repercutir IVA por considerar que estábamos ante una segunda entrega de vivienda sujeta y exenta de IVA de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20.Uno.22º de la Ley 37/1992 (Ley IVA). 

• Imputación temporal de los rendimientos satisfechos por el FOGASA
• Inclusión obligatoria en el sistema de notificaciones electrónicas de una entidad disuelta o extinguida
• La liquidación provisional de la Administración referente a una autoliquidación no interrumpe el plazo para solicitar devolución de ingresos indebidos
• La mera disponibilidad de un punto de amarre no acredita establecimiento permanente
• Efectos preclusivos de las actuaciones inspectoras realizadas con anterioridad a un segundo procedimiento de comprobación
• Las cuotas sociales abonadas a un club financiero no son deducibles
• La escritura de fijación de tasación para subasta no está sujeta a AJD
• Ejercicio a computar para la reducción de la base imponible por adquisición mortis causa de participaciones en entidades por persona distinta del causante
• No es obligatorio para la Administración tributaria realizar un procedimiento separado e independiente de valoración de todos los elementos que componen el activo de una entidad
• La tramitación de un nuevo procedimiento sancionador no está vedada por el principio non bis in ídem

• Posibilidad de optar a la reducción  del 25 % de la sanción -art. 188.3 de la Ley 58/2003 (LGT)- por el responsable: aplicación retroactiva del art. 41.4 de la misma Ley
• No se produce el devengo del Impuesto sobre la Electricidad por la energía suministrada por un depósito fiscal a la fábrica
• Cómo determinar dónde se encuentran "depositadas" las participaciones de fondos de inversión a efectos de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
• Venta de inmuebles a través de una empresa ajena, después de darse de baja de la actividad promotora por la que se tributaba en IRPF
• El tutelado no forma parte de la unidad familiar en la tributación conjunta
• Residir en Andorra y ejercer actividades económicas en España en desplazamientos puntuales pero constantes puede suponer estar al frente de uno/varios establecimientos permanentes
• La tributación conjunta de las unidades familiares con residencia común-foral se gestiona ante la Hacienda donde reside quien mayor base liquidable genera
• La autorización judicial para la venta de inmuebles solo protege la tributación en el ITP y AJD cuando los bienes se transmitan en subasta judicial

Basta con que la Administración acredite por medio de pruebas indiciarias y presunciones que el responsable conocía o debía conocer que podrían derivarse perjuicios para la Hacienda Pública.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 26 de octubre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que, es conforme a derecho la declaración de responsabilidad solidaria del art. 42.2.a) de la Ley 58/2003 (LGT), en aquellos casos en los que, tratándose de una ocultación o transmisión compleja de bienes o derechos el responsable no haya intervenido formalmente en todas la fases del proceso pero quedó acreditado por la Administración que conocía o podía conocer que de esa operación podrían derivarse perjuicios para la Hacienda Pública, pudiendo realizarse la acreditación de este conocimiento por medio de indicios.

Es irrelevante que el representante aduanero no haya figurado en la orden de carga en plan de inspección o que el procedimiento se refiera también a importaciones declaradas por medio de otros representantes aduaneros.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 23 de octubre de 2017, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio la cuestión que consiste en determinar si para tener por válidas las notificaciones de la deuda aduanera realizadas tanto al importador como al representante aduanero que haya actuado bajo la modalidad de representación indirecta en los términos del art. 106 del RD 1065/2007 (RGAT), basta con acreditar que previamente ambos han tenido conocimiento de la tramitación del procedimiento y de su derecho a comparecer en el mismo, y que la liquidación se haya girado a nombre de aquellos que efectivamente hayan comparecido en dicho procedimiento, sin perjuicio de la notificación de la deuda que les corresponda a los que no hubiesen concurrido, de forma que resulta irrelevante que alguno de los obligados no haya figurado en la orden de carga en plan de inspección o que el procedimiento se refiera también a importaciones declaradas por medio de otros representantes aduaneros.

Según nos recuerda la consulta de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Tributos, ni la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 58/2003 (LGT), ni su normativa de desarrollo contenida en el RD 520/2007 (RGAT), vinculan bienes como el oro, las joyas o las obras de arte a la obligación de declarar la titularidad de bienes y derechos en el extranjero que se formaliza en el modelo 720. Efectivamente, sólo deben ser objeto de declaración las cuentas financieras, de cualquier tipo, y los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de los que sean titulares los residentes en España.

Así las cosas, la adquisición de oro en el extranjero y su depósito fuera de nuestras fronteras, no genera obligación ninguna a este respecto. Y ello aunque la gestión se haga desde una cuenta en la que se depositen los fondos necesarios para la adquisición y se recojan los beneficios derivados de la venta del oro; eso sí, siempre que esté situada en España, ya que ni compra de oro en el extranjero a través de la misma ni el depósito del metal precioso en el extranjero suponen –según la DGT- disponibilidad de fondos monetarios fuera de España por parte de su titular.