Jurisprudencia

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de julio de 2016, dicta una sentencia importantísima en lo que tiene que ver con los derechos del contribuyente, más en concreto, en lo que tiene que ver con su derecho a que los procedimientos caducados por exceder del plazo reglamentario no interrumpan su derecho a la prescripción de la deuda tributaria, incluso cuando él haya interpuesto recursos o reclamaciones con el fin de que se declare esa caducidad.

La norma señala expresamente que los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción de la deuda -se trata de una actuación administrativa baldía-, pero ¿qué pasa con las actuaciones del contribuyente tendentes a que se produzca esa declaración, si es que derivan de su posición?.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera en su sentencia de 1 de febrero de 2016, que está excluida expresamente en la normativa tributaria de aplicación la deducibilidad de los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto, equiparando los honorarios del albacea a gastos de administración del caudal relicto.

En dicha sentencia se incluye un voto particular de una magistrada, que no comparte la equiparación de los honorarios del albacea con gastos de administración del caudal relicto, por cuanto el albacea es la persona expresamente designada por el testador para cumplir su última voluntad, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponda según los términos de la disposición testamentaria. No desempeña su cargo en beneficio de los herederos, a diferencia de lo que ocurre con la administración del caudal relicto, sino que su cometido es específicamente asegurarse de que se cumple lo dispuesto por el causante. Estando su función claramente diferenciada de una mera administración y viniendo impuesto su nombramiento por el propio testador, considera esta magistrada  que la retribución del cargo es un gasto deducible al no ser en modo alguno equiparable a los gastos de administración.

De nuevo se publica una interesantísima y a buen seguro polémica sentencia del Tribunal Supremo en materia de dilaciones dentro del procedimiento inspector; esta vez en lo que tiene que ver con la necesidad de otorgar siempre o no –esa es la cuestión- el plazo de 10 días señalado en el art. 36.4 RD 939/1986 (RGIT) –equivalente al actualmente vigente art. 171.3 RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria)- al objeto de que el contribuyente inspeccionado cumpla con su obligación de aportar la documentación que se le pueda requerir a lo largo del procedimiento.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Santiago Martínez-Vares.

• No es anticomunitaria una norma que limita la reducción del ISD por adquisición de bienes que hayan pertenecido a herencias anteriores a aquellos que han tributado en ese Estado miembro 
• Obligar a traducir una factura, so pena de nulidad, es una medida de efecto equivalente prohibida por el Derecho de la Unión
• La reanudación del procedimiento inspector una vez rebasado su plazo máximo debe denotar una decidida actuación administrativa de terminar lo que no se hizo en plazo para no considerarse interrumpida la prescripción
• La vinculación funcional, y no las formalidades, es la que permite considerar la existencia de establecimiento permanente a través de agente dependiente
• Distribución del valor de los bienes adjudicados en la disolución de entidades transparentes
• Para calificar a una sociedad como patrimonial los créditos a largo plazo a los socios se consideran elementos no afectos, aunque los fondos procedan de la venta de bienes afectos
• Imposibilidad de regularizar la base imponible negativa procedente de un ejercicio ya comprobado por la Inspección, aunque la regularización fuera anulada por los tribunales
• La solidaridad en la deuda aduanera -cuando hay representación indirecta- determina que las actuaciones de investigación y comprobación seguidas con uno de los deudores alcancen al otro
• Conducta que roza la desviación de poder al imponer una sanción a una entidad por no atender tres requerimientos de documentación que ya obraba en poder de la Administración tributaria
• El arrendamiento de una estación de servicio no es un arrendamiento de inmueble, sino uno de industria, por lo que no se exigen los requisitos de empleado y local para calificar la actividad como económica

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que los ayuntamientos cobren una tasa a las empresas de telefonía por el uso que realizan los usuarios de teléfonos móviles del espacio aéreo que se eleva sobre el suelo del municipio.

La sentencia de 5 de julio de 2016, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó, rechaza la ordenanza fiscal que en tal sentido aprobó en 2013 el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro (Zamora) y destaca que “es como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegación de aeronaves que circulen por encima del territorio local”. El Supremo destaca que la tasa vulnera la Constitución, la Directiva Europea del sector, y la Ley General Tributaria, ya que es “una inaceptable invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva”.

El TC declara inconstitucionales varias disposiciones de la Ley catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas por invadir competencias del Estado

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno contra varios preceptos y disposiciones de la Ley de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. El Tribunal declara la inconstitucionalidad de los preceptos y disposiciones impugnados, a excepción de los relativos a la creación de una Agencia Catalana de Protección Social y a la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña, respecto de los que establece una interpretación conforme con la Constitución. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Santiago Martínez-Vares.

La Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado en una sentencia de 29 de junio de 2016 que el departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia no puede requerir de forma directa información tributaria a la Financiera de El Corte Inglés al tener esta entidad su domicilio fuera del territorio de dicha administración, que tendrá que hacer el requerimiento a través de la Inspección de Tributos del Estado o de las Comunidades Autónomas.

El Tribunal Supremo señala que la empresa, al tener su domicilio fuera del territorio de dicha administración, tendrá que hacer el requerimiento a través de la Inspección de Tributos del Estado o de las Comunidades Autónomas.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló los requerimientos de información dirigidos por la Subdirección de la Inspección Foral a la Financiera de dicha empresa para que en el plazo de un mes identificara a los titulares de la tarjeta de El Corte Inglés –particulares o empresas- con domicilio en el Territorio Histórico de Bizkaia que hubiesen realizado pagos por un importe total anual igual o superior a 30.000 euros en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. [Vid., STSJ del País Vasco de 3 de febrero de 2015, recurso n.º 431/2013].

• La existencia de pérdidas en una operación no limita el derecho a la deducción del sujeto pasivo transmitente
• Que un funcionario de la Agencia Tributaria revele sin autorización datos fiscales de contribuyentes no va más allá del ilícito administrativo si el destinatario de la información es el propio contribuyente
• La resolución de una rectificación de liquidación con solicitud de devolución de ingresos indebidos sólo interrumpe la prescripción del derecho a liquidar si incluye liquidación provisional
• El cambio de operativa en la adquisición de una filial en el extranjero por otra más rentable no justifica una declaración de fraude de ley
• El Tribunal Supremo señala una vez más que imponer el coste del IIVTNU al comprador es un abuso del que protege la legislación sobre consumidores y usuarios
• La fecha, en el acuse de recibo de una notificación entregada y firmada, debe constar en el espacio reservado a ella, y no la suple un posterior estampillado de Correos 
• La cláusula contenida en un contrato de arrendamiento de vivienda por la que el arrendador se compromete a la limpieza mensual del inmueble no permite burlar la excepción a la exención del IVA
• Un error en el traslado de datos a una declaración, cotejable con los libros registro, y explicable por una limitación informática, es excusable
• Debe anularse la providencia de apremio girada a la interesada como sujeto pasivo y no como representante de la herencia yacente o heredera
• Una residencia militar de acción social de estudiantes no está exenta del IBI
• Debe anularse la liquidación girada por la Administración por un valor comprobado superior al fijado por los administradores concursales
• Si un pazo cuenta con protección integral deberá aplicarse el coeficiente de valoración catastral correspondiente a todas las construcciones que lo componen
• Vinculación de la Administración tributaria, de un mismo actuario, por sus propios actos

La sentencia del Tribunal Supremo, de de 30 de mayo de 2016, casa y anula la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 17 de febrero de 2012, que ratificó en reposición la liquidación impugnada por el ITP y AJD, tomando como valor comprobado el asignado a las fincas rústicas adquiridas el asignado para las subastas en las fincas hipotecadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 6.1. de la Ley 15/2002 de la Región de Murcia (Medidas Tributarias en Materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales), declarado inconstitucional por la STC, n.º 25/2016, de 15 de febrero de 2016 entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de noviembre de 2006.