Doctrina Administrativa

• Deducción por inversiones e incentivos: ¿procede aplicar el remanente de gastos realizados en un año en la base de cálculo de la deducción del siguiente?
• Alcance del efecto interruptivo de la solicitud de rectificación de autoliquidación a efectos de otras solicitudes
• Aplicación temporal de la doctrina del TEAC frente a las contestaciones a consultas vinculantes de la DGT
• La anulación de la liquidación por motivos de forma lleva consigo la anulación total de la sanción, que queda imprejuzgada
• Obligación de la Administración de informar al sujeto pasivo del derecho a promover la tasación pericial contradictoria
• Los principios de primacía y efecto directo del derecho comunitario sobre el nacional, obligan a inaplicar una norma interna contraria al derecho comunitario
• Porcentaje de amortización aplicable a la cesión de elementos a establecimientos de hostelería y restauración
• Bases imponibles negativas pendientes de compensación en la adquirente mediando el Régimen Especial de Fusiones
• Exclusión del grupo fiscal de entidades en situación de desequilibrio patrimonial al cierre del ejercicio: plazo para corregir el desequilibrio
• La Administración debe expresar cuales son los datos declarados por el obligado tributario que no coinciden con otras declaraciones presentadas o con los que obran en su poder

Analiza y ejemplifica, más allá de los términos de la consulta, situaciones que pueden dar lugar a la consideración de la presencia de un establecimiento permanente

La Dirección General de Tributos ha publicado con fecha 17 de enero de 2018 una consulta de gran interés por cuanto, con un profuso detalle, se ejemplifican las circunstancias que, concurriendo, determinarían la consideración de un servidor instalado en un Estado diferente al de residencia como establecimiento permanente.

La reducción es únicamente aplicable a los arrendamientos que la Ley de Arrendamientos Urbanos califica como de vivienda.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de marzo de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que la reducción prevista en el art. 23.2 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), es aplicable únicamente a los arrendamientos que la Ley 29/1994 (Ley de Arrendamientos Urbanos) califica como de vivienda en su art. 2 y no a los arrendamientos por temporada de su art. 3.2.

Cuando en la declaración de un ejercicio posterior el obligado tributario las vuelve a incorporar como pendientes de compensación no se incumple el principio de non bis in ídem.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de marzo de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que la conducta de un obligado tributario que acreditó en la declaración de determinados ejercicios unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros que se determinaron improcedentes en un procedimiento de comprobación sobre dichos ejercicios y por la que fue sancionado, es susceptible de ser nuevamente sancionada, partiendo de la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, cuando con posterioridad a dicho procedimiento el obligado tributario las vuelve a incorporar como pendientes de compensación en la declaración de un ejercicio posterior, sin que la nueva sanción deba minorarse en el importe de la primera.

• La nueva petición de aplazamiento en el período concedido en la denegación de la primera solicitud no tiene efectos suspensivos
• No procede la providencia de apremio de una liquidación vinculada a posible delito contra la Hacienda Pública al haber una solicitud de suspensión pendiente de resolución
• La no inclusión en el expediente de los documentos en los que la Administración fundamenta su decisión implica una falta de justificación
• Únicamente en un contexto de fraude tributario puede impedirse la rectificación de la repercusión del Impuesto
• Sucesores de la deuda tributaria: requerimiento a los socios de una entidad disuelta y liquidada Solapas principales
• Motivación de las dilaciones imputables al obligado tributario en supuestos de aplazamiento de la comparecencia solicitado por él
• Límite temporal para el inicio de las actuaciones inspectoras respecto de un contribuyente incluido en un concreto plan de inspección
• La afectación de un inmueble a una actividad económica impide la aplicación de los coeficientes de abatimiento
• La fianza, el aval bancario y los gastos de agencia inmobiliaria no forman parte de la base de deducción por alquiler de la vivienda habitual
• La transmisión de derechos de asignación gratuita derivados de la ampliación de capital equivale a la transmisión de derechos de suscripción a efectos tributarios

La Junta Arbitral del Convenio Económico de Navarra acuerda que las entregas de instalaciones productoras de energía de fuentes renovables mediante contrato “ llave en mano” son entregas de bienes inmuebles y se entienden realizadas en el lugar donde radican dichas instalaciones, con independencia de que algunos componentes subcontratados se fabriquen por terceros fuera de Navarra.

La Junta Arbitral del Convenio Económico de Navarra en su Resolución de 15 de febrero de 2018 acuerda que las entregas de instalaciones llave en mano son entregas de bienes inmuebles (instalaciones de parques eólicos, fotovoltaicos y termosolares) y se entienden realizadas en el lugar donde radican, de acuerdo con el art.21.A).5º del Convenio Económico con Navarra.

Los Convenios que sigue el MCOCDE suelen establecer la tributación compartida en estos casos

La consulta de la Dirección General de Tributos de 4 de diciembre de 2017 nos presenta una situación especial en lo que tiene que ver con la entrega de acciones a los trabajadores en compensación por los servicios prestados.

Recordemos que la entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado de acciones a los trabajadores por parte de la empresa, por su condición de tales, se califica como rendimiento del trabajo en especie y que, en caso de obtención de ese tipo de rentas, el contribuyente/trabajador deberá proceder a su imputación en la declaración correspondiente al periodo en que le resultara exigible a su empleador.

• Adquisiciones mortis causa: resulta improcedente excluir a los parientes del causante de la bonificación por no tener su residencia habitual en la Comunidad Autónoma
• La aprobación y publicación del canon de regulación y la tarifa de utilización de agua debe producirse antes del ejercicio al que correspondan
• La declaración de caducidad posterior a la notificación del acuerdo de liquidación vulnera el principio de seguridad jurídica y genera indefensión
• La suscripción de acciones emitidas por otra entidad del grupo no se considera apta para poder aplicar la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
• ¿Qué fecha hay que tener en cuenta para determinar el valor de mercado de un terreno recibido por una permuta a cambio de edificaciones futuras?
• Debe intentarse la notificación en el domicilio fiscal del sujeto pasivo, tras dos intentos en el domicilio por él designado, para que la notificación por depósito se considere válida
• Dado su carácter pactado, ningún importe de la indemnización por cese de relación laboral especial de alta dirección está exento
• Un abogado que ofrece de forma voluntaria y gratuita servicios de abogacía después de la jubilación no podrá deducirse de la pensión los gastos soportados
• No impide la reducción por cesión de intangibles la inexistencia de una actividad económica stricto sensu en las administraciones públicas
• No se han de incluir en la certificación acreditativa de las retenciones practicadas como gasto deducible las cotizaciones a la Seguridad Social cuando estas no han sido practicadas al trabajador

El órgano consultivo analiza por primera vez la tributación de la entrega de estos bonos de fidelización ofrecidos por el Banco Santander a los obligacionistas y accionistas del Banco Popular a raíz de su “rescate”

La Dirección General de Tributos ha publicado con fecha de 14 y 19 de diciembre de 2017 las dos primeras consultas V3212/2017 y V3258/2017 relativas a la entrega de los bonos de fidelización ofrecidos por el Banco Santander a los accionistas y obligacionistas del Banco Popular. Cada una de ellas analiza la situación tributaria desde la perspectiva de cada tipo de inversor, por un lado, cómo ha de tributar por dichos bonos un obligacionista, y por otro lado, cómo ha de tributar un accionista.

El origen último de la entrega de esos bonos debemos localizarlo en la complicada situación económica a la que se ha visto sometido el Banco Popular en los últimos años, que le generó un grave problema de liquidez, que llevó a la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –fondo de rescate español- a adoptar la Resolución de 7 de junio de 2017, en la que acordaron las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), por la que se adoptó la resolución del Banco Popular.

No tributar en el IP por obligación personal o real privaría a sus adquirentes de la tributación beneficiada de ese Impuesto y por extensión del ISD

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 15 de diciembre de 2016, tiene como fondo la tributación de una donación de participaciones de una entidad no residente, adquirida por una persona física residente en España, a la que se deniega la reducción del Impuesto sobre Donaciones bajo el argumento de que su padre –donante- no era residente en España.