Doctrina Administrativa

Como se recordará el artículo 25 de la Ley 14/2013,  de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo en el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades (art. 37) la deducción por inversión de beneficios, la cual ha sido interpretada por la Dirección General de Tributos a través del Informe de 30 de enero de 2014, sobre cuestiones relacionadas con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de marzo de 2014, abandona el criterio mantenido hasta ahora en relación con la temporaneidad de la adopción del acuerdo de ampliación de plazo, sobre la base de varias sentencias del Tribunal Supremo, determinando ahora que para computar si el acuerdo de ampliación de la duración del procedimiento inspector se ha adoptado dentro del plazo máximo inicial de 12 meses no han de tomarse en consideración, es decir, no deben descontarse, ni eventuales interrupciones justificadas ni dilaciones imputables al contribuyente.

La Dirección General de Tributos en consulta, de 25 de febrero de 2014, pone de manifiesto la no deducibilidad como gasto de la actividad económica, del alquiler de una vivienda situada en Lisboa, al cual ha tenido que recurrir el contribuyente debido a los numerosos viajes que realiza a la capital portuguesa por motivos profesionales.

• El incumplimiento de la formalización de la garantía en plazo deja sin efecto el aplazamiento/fraccionamiento sin necesidad de comunicación expresa al deudor 
• Suspensión de actos de contenido negativo
• Procedimientos terminados por caducidad y necesidad de declaración expresa de la misma
• Inicio del procedimiento sancionador con anterioridad a la notificación de la liquidación de la que trae causa
• La acreditación de la sujeción a IRPF o a IS posterior al momento de la transmisión no determina el derecho a la devolución de ingresos indebidos de la retención efectuada
• Cantidades satisfechas en compensación por la reducción de la aportación de la empresa al plan de pensiones por acceso del trabajador a la jubilación parcial
• Inicio del procedimiento de inspección: denuncia anónima
• El pago con bienes privativos de la indemnización derivada de la disolución de una sociedad de gananciales es una dación en pago no exenta
• Tributación de las consecuencias derivadas de los laudos arbitrales sobre participaciones preferentes
• Deducción por los miembros de una comunidad de propietarios justificada con facturas expedidas a nombre de dicha comunidad

La Dirección General de Tributos acaba de publicar su consulta de 25 de febrero de 2014, que versa sobre la tributación de unos hechos de rabiosa actualidad que consisten en el desistimiento de la promoción de unas viviendas de protección oficial para la que en su día se solicitó la correspondiente exención respecto del ITP y AJD, al no ser posible su ejecución por no haber aceptado la entidad financiera las posibles subrogaciones en los préstamos hipotecarios cualificados de los adjudicatarios de las viviendas de la promoción y verse estos avocados a la renuncia a las viviendas en cuestión, lo que ha conllevó a la postre la devolución por parte de la promotora de las cantidades que le habían sido satisfechas hasta ese momento.

Parece que con la consulta de la Dirección General de Tributos, de 18 de febrero de 2004, se pone punto y final a una polémica entre los dos órganos administrativos respecto de la equiparación entre la figura del préstamo y la del crédito.

Hace unos meses, el Tribunal Económico-Administrativo Central publicó dos resoluciones que resolvían, haciendo un resumen profundo de la doctrina administrativa de la DGT en la materia, su propia conclusión al respecto, la cual se puede resumir en la idea de que cabe equiparación entre las dos figuras a efectos de la exención regulada en el art. 9 de la Ley 2/1994 (Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios).

La AEAT, ha incluido en su página web, en relación con el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, una relación de preguntas frecuentes relativas al mismo.

A continuación, se recogen todas estas preguntas frecuentes que, con formato pregunta-respuesta, dan solución a posibles dudas que pudieran plantearse en relación con el citado Impuesto.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 27 de febrero de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, unifica criterio en relación con la posibilidad de obtener la reducción prevista en el art. 188.3 de la Ley 58/2003 (LGT) por el responsable cuando las sanciones susceptibles de reducción ya lo estuvieran en parte -en un 30 por ciento- como consecuencia de la conformidad del deudor principal.

Dicho de otro modo, la cuestión planteada consiste en determinar en los casos de aplicación retroactiva de lo dispuesto en el art. 41.4 de la Ley 58/2003 (LGT), en los que no proceda la anulación del acuerdo de declaración de responsabilidad porque las sanciones susceptibles de reducción ya lo estuvieran en parte -en un 30 por ciento- como consecuencia de la conformidad del deudor principal, si cabe o no que los Tribunales Económico-Administrativos ordenen la notificación por segunda vez del correspondiente acuerdo de declaración de responsabilidad a los efectos de que el declarado responsable pueda optar por la opción de beneficiarse de la reducción de las sanciones regulada en el art. 188.3 de la misma Ley 58/2003 (LGT), esto es, del 25 por ciento.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 6 de febrero de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, fija criterio en relación con la siguiente cuestión: la deducibilidad o no en el IS de las cantidades satisfechas por una sociedad a su administrador, cuando el cargo de administrador es gratuito de acuerdo con los estatutos sociales y el administrador ejerce funciones de dirección.

• Falta de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de alquiler de vehículos
• Los requerimientos individualizados de obtención de información formulados por las unidades de módulos no suponen el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación
• Cómputo del plazo para interponer una reclamación económico-administrativa: de fecha a fecha
• Autoliquidación complementaria con resultado a ingresar cuando la autoliquidación inicial fue erróneamente a devolver
• La comunicación de modificación de la base imponible por un contribuyente a la Administración no supone el inicio de procedimiento alguno
• El valor real del coste de la obra no puede ser otro que el de ejecución material de la misma
• Otorgamiento de escritura pública de compraventa sometida a condiciones suspensivas
• La comprobación de valores en la transmisión hereditaria de acciones
• La ejecución hipotecaria instada por un avalista impide la devolución del ITP relativo a la adjudicación del bien
• Condonación de créditos por la sociedad dominante de un grupo empresarial
• El ejercicio de funciones de dirección no exige su efectiva remuneración para que concurra la exención en el IP en quien las ejerce
• El régimen especial de los trabajadores desplazados exime de la obligación de información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero