Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 17 de marzo de 2016, analiza la idoneidad de la utilización del procedimiento de verificación de datos en un determinado procedimiento.

Partiendo de que en el art. 131 de la Ley 58/2003 (LGT) se tasan los supuestos en los que cabe la instrucción del procedimiento de verificación de datos para regularizar la situación tributaria del contribuyente, se debe reconducir la cuestión planteada a si la regularización ahora examinada tiene cabida en cualquiera de los presupuestos tasados por la norma.

La AEAT, acaba de hacer pública en su página web,  una nota aclaratoria relativa al ámbito de aplicación temporal del criterio fijado en el Informe A/1/8/16 de la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, de 7 de marzo de 2016, relativo a la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de los intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la Administración Tributaria, y manifiesta que el citado informe analiza la cuestión objeto del mismo respecto de los ejercicios a los que resulta de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En la consulta vinculante de 3 de febrero de 2016, la DGT afirma que no  tiene la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del IIVTNU, las aportaciones de los terrenos al agente urbanizador y la adjudicación a los propietarios de las parcelas resultantes una vez ejecutada la urbanización que no exceda de la que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados, quedando por tanto fuera las entregas de terrenos que se efectúen con el objetivo de satisfacer las cuotas de urbanización. La transmisión de terrenos de naturaleza urbana, que se efectúe como consecuencia del abono de las cuotas urbanísticas, se encuentra sujeta al pago del IIVTNU, siendo los sujetos pasivos del citado impuesto los transmitentes y también está sujeta la transmisión de los terrenos que en su caso efectúe la Junta de Compensación, siendo ésta el sujeto pasivo del impuesto.

La DGT, en su consulta vinculante de 1 de febrero de 2016, ha aclarado que en caso de concurrencia del derecho real de usufructo y del derecho de propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, sólo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de propiedad, por lo que el sujeto pasivo será sólo el usufructuario. Por tanto, no estarán sujetos al impuesto los titulares del derecho de propiedad cuando exista un derecho de usufructo, aunque recaiga solo sobre parte del inmueble objeto de gravamen y el propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante del bien inmueble. Así, cuando varias personas sean cotitulares del derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, todas ellas tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyentes del IBI y además todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones.

La Dirección General de Tributos acaba de publicar dos consultas el 5 de enero de 2016 (V0021/2016 y V0022/2016) sobre la siempre interesante cuestión de la imputación personal de las cuentas bancarias de titularidad indistinta.

Cierto es que su contenido no es novedoso ya que, si investigamos en su doctrina anterior, podemos encontrar documentos anteriores –escasos, bien es cierto: consultas de 29 de abril de 2015 y 30 de junio de 2005 en el mismo sentido de los que se acaban de publicar, pero el análisis tributario interesa y conviene no dejarlas pasar por alto.

• Cómputo del plazo de presentación de la declaración del IS
• Supuestos que no constituyen alteración patrimonial: apartación del Derecho Civil gallego
• Transmisión de un elemento que ha sido objeto de corrección de valor a una entidad vinculada: ¿dónde se integra la recuperación del valor?
• Los gastos de derribo de edificación por estado ruinoso tras un incendio pasan a formar parte del valor de adquisición del terreno
• El cómputo del periodo continuado superior a nueve meses para la no sujeción de la indemnización por residencia eventual no se interrumpe el 31 de diciembre
• Arrendamiento de un local de negocio con periodo de carencia de la renta
• Las aportaciones a una EPSV sometida al control de la CCAA del País Vasco pueden ser susceptibles de reducción en la BI del Impuesto en territorio común
• Cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales en el canje de participaciones sociales
• Aplicación de los coeficientes de abatimiento en la transmisión de terrenos urbanizados a través de Juntas de compensación de naturaleza fiduciaria. 
• Exención de participaciones en entidades en el IP: la exclusión de los valores cuyo precio de adquisición no supere los beneficios no distribuidos, a los efectos de saber si una entidad es de mera tenencia de valores, incluye los de las filiales 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 2 de marzo de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio trata de determinar si siendo el mismo, o sustancialmente el mismo, el servicio que presta una persona física a la sociedad vinculada y el que presta ésta última a terceros independientes, cuando la sociedad carece de medios para realizar la operación si no es por la necesaria e imprescindible participación de la persona física, la aplicación del método de precio libre comparable tiene necesariamente que incorporar una corrección valorativa por el mero reconocimiento de la existencia de la sociedad, cuando del análisis del supuesto de hecho se deriva que la sociedad no aporta valor añadido -o su valor es residual- a la labor de la persona física más allá de los gastos fiscalmente deducibles que se centralizan en la sociedad.

La Agencia Tributaria ha hecho público un Informe, de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, relativo a la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la Administración Tributaria, en el cual se extraen las siguientes conclusiones:

• Los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas de procedimientos de comprobación, de naturaleza indemnizatoria, no son partidas deducibles a la hora de determinar la base imponible del IS, en aplicación de la doctrina vinculante del TEAC (Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015 (R.G. 01967/2012)).
• Los intereses suspensivos, debido a su naturaleza financiera, sí son deducibles a la hora de determinar la base imponible del IS, equiparándose así a los aplazamientos.
• En los casos que sea necesario dictar una nueva liquidación, en virtud del artículo 26.5 de la LGT, y hubiera mediado suspensión, los intereses de demora liquidados sobre la nueva cuota no serán deducibles desde que se produjo el incumplimiento por parte del obligado tributario hasta que se produce la primera liquidación administrativa en la que se corrige dicho incumplimiento. Los intereses devengados a partir de ese momento sí serían deducibles.​

• Contenido de la notificación de la providencia de apremio en la vía ejecutiva por cuenta de otras Administraciones y Entes Públicos 
• Efectos de una segunda solicitud de aplazamiento en periodo voluntario una vez denegada la primera  
• Valor en aduana de mercancías importadas y cánones 
• Deducibilidad fiscal de la provisión para responsabilidades habiendo condenado el sujeto pasivo por sentencia judicial como responsable solidario  
• Deuda tributaria suspendida y garantizada con aval: intereses de demora vs interés legal 
• Está exento en el Impuesto especial sobre Hidrocarburos, el carburante consumido en el transporte por ferrocarril
• Ni las fianzas y embargos que cubren la eventual responsabilidad derivada del delito ni la fianza prestada para obtener la libertad provisional son deducibles en el IP
• Tratamiento fiscal en el IS de los activos por impuesto diferido tras su modificación efectuada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 
• La falta de presentación del IRPF, al no estar obligado a ello, impide la traslación a ejercicios posteriores de la reducción por aportaciones a planes de pensiones no aplicada. 
• La exención por reinversión en rentas vitalicias de las ganancias procedentes del fondo de comercio en la venta de farmacia, corresponde al titular de la misma aunque la adquisición se hiciera con bienes gananciales
• Participación mínima a efectos de la aplicación de la exención para evitar la doble imposición de dividendos en el IS
• Reducción por adjudicación de una parte del plan de pensiones en la liquidación de la sociedad de gananciales al excónyuge no titular
• Cómputo del personal discapacitado para la aplicación de la deducción por creación de empleo en el IS
• Deducciones. Mejora a la accesibilidad y eficiencia energética realizadas por comunidad de propietarios
• Régimen de atribución de rentas. Sociedades comanditarias KG alemanas
• El usufructo de la vivienda habitual establecido por sentencia a la separación matrimonial es una carga deducible en la herencia del cónyuge

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en distintas Resoluciones de fecha 25 de febrero de 2016, y en sendos recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio resuelve varias cuestiones en relación con la notificación por comparecencia.

Pues bien, dichas cuestiones son las que siguen:

• Posibilidad de notificar por comparecencia tras dos intentos infructuosos con resultado de “dirección incorrecta” en un procedimiento iniciado de oficio

Si bien es cierto que nuestros Tribunales no han mantenido una posición unánime sobre los intentos de notificación que se deben realizar por parte de la Administración en el supuesto de “dirección incorrecta”, planteándose numerosa casuística al respecto, en lo que sí han coincidido es en que en aquellos supuestos en los que intentada la notificación en el lugar habilitado para llevar a cabo la misma, la notificación resulte fallida con resultado “dirección incorrecta”, pese a que ni la normativa tributaria ni tampoco la administrativa especifiquen de una manera exhaustiva cuál debería ser la forma correcta de proceder ante tales resultados por parte de la Administración, e incluso cuando la normativa postal y su desarrollo reglamentario establecen que no procede practicar un segundo intento de entrega, con carácter previo a acudir a sistemas subsidiarios de notificación, resulta conveniente y diligente abordar un segundo intento de notificación antes de acudir a la notificación por comparecencia.