Doctrina Administrativa

En el primer caso se trata de un rendimiento del trabajo y en el segundo de un rendimiento de la actividad económica.

Respecto al primer tema, prestación extraordinaria por cese de actividad concedida por la Seguridad Social, analizado en la consulta vinculante V0071/2021, la Dirección General de Tributos acude al art.17 del RD-Ley 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19). El mismo establece una ayuda para los empresarios o profesionales incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, consistente en un 70% de la base reguladora, o de la base mínima de cotización cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud del RD 463/2020 (Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

• La extralimitación del alcance comunicado de las actuaciones supone un defecto procedimental trascendente que vicia de anulabilidad el acuerdo de liquidación
• La exención de la aportación de garantía ante un supuesto de petición de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda no perjudica el derecho a la reducción del 25% de la sanción
• Imputación temporal de errores contables apreciados en un ejercicio posterior a la formulación de las cuentas anuales
• Tributación de la compraventa de vehículos usados en Europa y aplicación de la regla antifraude
• La falta de inscripción de la transmisión de acciones en el Registro Mercantil no impide declarar la no vinculación a efectos de la modificación de la base imponible del IVA por impago y declaración de concurso
• El TEAC resuelve en recurso extraordinario de alzada dos cuestiones procedimentales relativas a las alegaciones en el procedimiento abreviado y a los efectos de las notificaciones realizadas en sede electrónica a quien no está obligado a recibirlas por este medio
• Cuantificación de los intereses de demora relativos a RIC´s reintegradas
• Suspensión del contrato de arrendamiento de un local cuando no es posible realizar la actividad económica por causa del COVID-19
• Seguros de los vehículos en renting incluidos entre las retribuciones en especie
• Las filiales no constituyen establecimientos permanentes de la casa matriz

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 11 de febrero de 2021, resuelve una cuestión relativa a los efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad del RDLey 2/2016, de 30 de septiembre, descartando y/o rectificando el criterio que hubiera podido parecer que se desprendía del pronunciamiento emitido en Resolución de 30 de octubre de 2020 (RG 3020/2019).

En el caso que nos ocupa, la Administración considera que la declaración de inconstitucionalidad -STC, nº 78/2020, de 1 de julio de 2020, en adelante STC- implica la consideración como indebidos de los ingresos de pagos fraccionados del IS realizados conforme a la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 27/2014 (Ley IS), durante la vigencia del RDLey 2/2016, norma declarada inconstitucional; es decir, a los pagos fraccionados correspondientes al segundo y tercer pago fraccionado del ejercicio 2016, y al primer, segundo y tercer pago fraccionado del ejercicio 2017, pero no afecta a los pagos fraccionados realizados bajo la vigencia de la redacción dada a la citada Disposición Adicional por el art. 71 de la Ley 6/2018 (Presupuestos Generales del Estado para 2018), ni por el art. 4 de la Ley 8/2018 (Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias). Frente a ello, la interesada sostiene que la declaración de inconstitucionalidad del RDLey 2/2016 extiende sus efectos más allá de los pagos fraccionados de 2016 y 2017 y en particular, por lo que aquí respecta, especialmente al primer pago fraccionado de 2018 pero, sin duda también, al segundo y tercer pago fraccionado de dicho ejercicio.

• Pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social por los antiguos trabajadores de Tabacalera ¿Resulta aplicable el régimen transitorio para las mutualidades de previsión social?
• Compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios procedimientos de inspección respecto de todos los obligados tributarios que sean parte en una operación vinculada
• La posibilidad de la AEAT de efectuar notificaciones electrónicas a personas jurídicas no depende de la previa notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas (NEO)
• Base imponible de una concesión administrativa: es ajustado a Derecho calcular el valor de reversión en función de la proyección contable de reposición de los elementos en base a su vida útil
• La anulación de una donación acordada por laudo arbitral no supone la inexistencia de la donación
• Plazo para solicitar la devolución por un no establecido cuando la factura original incurre en vicios tales que no permiten ejercer el derecho a la deducción
• Declaración de responsabilidad solidaria por aplicación de la doctrina jurisprudencial civil de levantamiento del velo
• Desplazamiento patrimonial de las participaciones sociales de un cónyuge a otro
• La DGT considera que los recibos del IBI no son prueba suficiente de la inexistencia de incremento de valor del terreno a efectos del IIVTNU (plusvalía)
• Tratamiento en IRPF de las diferencias por pensiones reconocidas por sentencia posterior a la fecha de fallecimiento del trabajador

• Como regla general, no es posible rectificar la declaración en aduana una vez se haya autorizado el levante de las mercancías
• Legitimación para solicitar el inicio del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a favor de terceros
• La firma de un acta en conformidad no cierra la puerta a la impugnación de dilaciones imputadas al interesado que no estén motivadas
• ¿Se puede aplicar el tipo superreducido a un vehículo ambulancia destinado al transporte de personas no discapacitadas?
• Carácter artificioso de las operaciones realizadas, aun siendo reales y declaradas ¿conflicto en la aplicación de la norma o simulación?
• La incompatibilidad entre la modalidad de operaciones societarias y transmisión patrimonial onerosa no se aplica cuando se distinguen dos convenciones sujetas al Impuesto de forma independiente
• ¿Puede aplicarse un no residente las reducciones previstas para rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles?
• Impuesto Especial sobre Hidrocarburos: pérdidas de almacenamiento en cantidades superiores a las reglamentarias y compensación de diferencias de productos distintos
• Una entidad no establecida en el territorio de aplicación del Impuesto, por el mero hecho de ser propietaria de un inmueble cedido a su filial en arrendamiento, no dispone de establecimiento permanente
• No destruye el carácter patrimonial de una entidad un contrato laboral a jornada completa si el trabajador está pluriempleado

• La prestación de un contrato de seguro por la sociedad en favor de su administradora no tributa por el ISD al ser un rendimiento del trabajo
• La suscripción a una biblioteca virtual por un periodo de tiempo determinado que permite el préstamo de libros electrónicos tiene un IVA del 4 por ciento
• La DGT aclara la tributación de los servicios de asistencia mecánica en carretera cubiertos por un seguro, prestados junto con otros servicios de asistencia en viaje, sanitaria, jurídica…
• ¿Son deducibles las cuotas del IVA soportadas por un contribuyente por la reparación de una ventana de la parte de su vivienda afectada a su actividad empresarial?
• Venta de derechos de créditos futuros respecto a las rentas que se lleguen a obtener por un arrendamiento
• La comisión de gestión de cartera no es deducible en IRPF, y el reembolso de participaciones efectuado para su pago tampoco tiene incidencia
• No es necesario instar la rectificación de una autoliquidación para aplicar la deducción por inversiones en espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
• El beneficio operativo de la entidad absorbente determina el limite de deducción de los gastos financieros
• Se puede reflejar en la declaración de IRPF una pérdida patrimonial por la venta de unas acciones a precio cero

• El Estado español goza de plena legitimación para el establecimiento de impuestos medioambientales sin que la normativa comunitaria establezca limitación alguna al respecto
• La aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión no se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad económica cuando se trate de alquiler de inmuebles
• Las casas residenciales para religiosos tienen la consideración de vivienda, pero ¿forma la iglesia parte de esa vivienda?
• Cuándo nace la obligación de retener sobre unas pagas extras no abonadas a causa de un ERTE
• Los gastos de suministro generados por el desarrollo de la actividad en la vivienda habitual con motivo del COVID-19 no son deducibles
• El oro físico almacenado fuera de España no se declara en el modelo 720
• La DGT analiza la tributación en el IIVTNU (plusvalía) de un supuesto de adquisición de un inmueble mortis causaen el que había concurrido previamente la consolidación del dominio en el causante y adquirente
• Modificación de la base imponible del IVA por créditos incobrables inmersos en procedimientos concursales cuando el deudor concursal se encuentra establecido en otro Estado miembro
• Requisitos para implementar la factura electrónica por una entidad
• El inicio del procedimiento especial de revisión no implica la pérdida de las reducciones de la sanción al no tener la consideración de recurso o reclamación

La DGT considera que no pueden tener consideración de establecimientos las superficies de los domicilios de sus empleados desde donde estos trabajan en modo de teletrabajo a efectos de determinar  el lugar de realización de la actividad económica a efectos del IAE.

La DGT en su consulta V3293/2020, de 6 de noviembre de 2020 responde a la cuestión sobre el lugar de realización de la actividad económica a efectos del IAE, en el supuesto de teletrabajo de los empleados.  La DGT considera que no pueden tener consideración de establecimientos las superficies de los domicilios de sus empleados desde donde estos trabajan en modo de teletrabajo y por tanto el lugar de realización de la actividad de la sociedad es aquel municipio en el que esté situado el establecimiento desde el que presta sus servicios. A tal efecto deben considerarse como establecimientos los locales sobre los que el sujeto pasivo tenga, por cualquier título, disponibilidad directa. La sociedad no está obligada a matricularse ni tributar en aquellos municipios en donde no disponga de local o establecimiento para el ejercicio de su actividad de prestación de servicios y no pueden tener tal consideración de establecimientos las superficies de los domicilios de sus empleados desde donde estos trabajan en modo de teletrabajo.

El vencedor del pleito puede deducir del importe percibido en concepto de costas los gastos del juicio.

Con motivo del supuesto de una condena en costas a unas entidades bancarias, la Dirección General de Tributos aprovecha para exponer y aplicar el nuevo criterio relativo a la tributación de las costas judiciales que recientemente ha sido adoptado por El Tribunal Económico-Administrativo Central. La consulta que se va a analizar a continuación es la primera consulta publicada por la DGT pronunciándose sobre este tema desde la resolución del TEAC.

• El recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio resulta inadmisible si lo que se cuestiona es el criterio del propio Tribunal Central
• Sujeción de la transmisión de un hotel que se encuentra arrendado a otra entidad, que es la que, con su propio personal, lo explota
• La liquidación provisional a cuenta de la definitiva derivada de un acta previa dentro de un procedimiento de inspección con alcance general no interrumpe la prescripción
• Las deudas a la comunidad de propietarios de anteriores titulares no constituyen mayor valor de adquisición del inmueble para el nuevo adquirente a efectos del IRPF
• Obligación de presentar pagos fraccionados en IRPF cuando se ejercen dos actividades distintas, una profesional y otra empresarial
• Parte de una vivienda arrendada por un particular a una sociedad para el desarrollo de su actividad
• Entidad dedicada a la venta de vehículos en los que promueve su financiación: sectores diferenciados y deducciones
• Un arquitecto no puede deducir cuota alguna por la autopromoción de la que será su vivienda habitual