Doctrina Administrativa

Selecci贸n de doctrina administrativa. Febrero 2017 (1.陋 quincena)

La cuesti贸n que hay que dirimir en el presente expediente es si la firmeza exigida en el art. 244 de la Ley 58/2003 (LGT) abarca s贸lo a la v铆a administrativa o si se extiende asimismo a la judicial, es decir, si para que sea firme es necesario que el acto no sea susceptible de recurso contencioso administrativo alguno, bien por haber dejado transcurrir los plazos establecidos, bien porque ya no hay una instancia superior o se ha agotado la posibilidad de ulterior recurso. Pues bien, el Tribunal Central sostiene el criterio de que no cabe simultanear este recurso con el recurso contencioso-administrativo, pues el art. 244 de la Ley 58/2003 (LGT) lo circunscribe a los actos y resoluciones firmes, a diferencia del art. 118 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC) que atiende a los actos firmes en v铆a administrativa. La firmeza contemplada en el art. 244 de la Ley 58/2003 (LGT) exige el agotamiento de todas las v铆as ordinarias de revisi贸n, tanto administrativas como jurisdiccionales. Por otra parte, una vez interpuesto recurso contencioso-administrativo, cuando recae sentencia y 茅sta adquiere firmeza, tampoco cabe recurso extraordinario de revisi贸n en aplicaci贸n de lo dispuesto en el art. 213.3 de la misma Ley 58/2003 (LGT). Por tanto, para interponer este recurso es necesario que el acto sea firme en v铆a administrativa y judicial, es decir, que no quepa interponer ninguno recurso ordinario, sea 茅ste administrativo o judicial.

(TEAC, de 02-02-2017, RG 1799/2016)

A juicio del Tribunal Central, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio, la vinculaci贸n que el聽 art. 96.Uno.6潞 de la Ley 37/1992 (Ley IVA) establece entre la deducibilidad de las cuotas de IVA y la de los gastos correspondientes en el IRPF o el IS es una vinculaci贸n objetiva pero no procedimental, pues presupone o exige la comprobaci贸n de determinados requisitos objetivos, sin imponer l铆mites procedimentales para ello y con independencia de si el interesado es o no sujeto pasivo del IRPF o del IS. As铆, a tenor del citado precepto, para que las cuotas de IVA soportadas por los servicios de desplazamiento o viajes, hosteler铆a y restauraci贸n sean deducibles es preciso que el importe de los mencionados servicios sea tambi茅n deducible en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades. Y a la inversa, si el importe de los servicios no es fiscalmente deducible en estos impuestos directos tampoco lo ser谩 la cuota soportada por IVA correspondiente a dicho importe. Pues bien, el mencionado art. 96.Uno.6潞 de la ley 37/1992 (Ley IVA) en su literalidad聽 no exige que la Administraci贸n haya regularizado al obligado en su imposici贸n directa los gastos correspondientes. La finalidad de la norma parece, pues, ligar o vincular las condiciones de deducibilidad de las cuotas de IVA con las de los gastos correspondientes en la imposici贸n directa, de manera que cuando el importe de los servicios re煤na las condiciones de deducibilidad en los impuestos directos, la cuota soportada de IVA se tendr谩 tambi茅n por deducible en el impuesto indirecto.

(TEAC, de 26-01-2017, RG 1968/2016)

En el presente caso, se present贸 dentro del plazo de seis meses, el modelo 361 de solicitud de devoluci贸n de las cuotas del Impuesto soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicaci贸n del impuesto.聽Pues bien, dicha solicitud debe entenderse referida exclusivamente a las cuotas incluidas en la misma, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una rectificaci贸n exclusivamente de errores materiales, de hecho o aritm茅ticos contenidos en la solicitud y que afecten a dichas cuotas. Dicho esto, la solicitud efectuada posteriormente por la entidad, debe calificarse como una ampliaci贸n de la solicitud de devoluci贸n inicial a unas cuotas que no se reflejaron en la misma, por lo que聽 la cuesti贸n que se suscita es determinar si dicha solicitud de devoluci贸n de las cuotas no reflejadas en la solicitud inicial, se ha presentado dentro del plazo legalmente establecido, o por el contrario se ha presentado una vez transcurrido el mismo.聽Pues bien, en relaci贸n con la pretensi贸n principal -rectificaci贸n de la solicitud inicialmente presentada en plazo- la normativa que regula esta materia, exige que dicha solicitud se presente en el plazo legalmente establecido, entendi茅ndose referida exclusivamente a las cuotas incluidas en la misma, siendo posible rectificar errores materiales, de hecho o aritm茅ticos contenidos en la solicitud y que afecten a dichas cuotas. No obstante, como hemos adelantado, lo que pretende la entidad es ampliar la solicitud de devoluci贸n a nuevas cuotas no incluidas en la solicitud inicial, por lo que la fecha en que se ejercita dicha pretensi贸n ser谩 la fecha en que se solicita dicha ampliaci贸n.

(TEAC, de 26-01-2017, RG 4495/2013)

De acuerdo con la documentaci贸n obrante en el expediente, con anterioridad al desarrollo de actuaciones de comprobaci贸n e investigaci贸n de car谩cter general en relaci贸n con el IVA, ejercicio 2005, se desarrollaron respecto al mismo tributo y per铆odo, actuaciones de car谩cter abreviado. Habiendo adquirido firmeza la liquidaci贸n provisional derivada de dichas actuaciones de comprobaci贸n e investigaci贸n, la cuesti贸n que se debe resolver es si dichas actuaciones tienen el mismo objeto que las actuaciones iniciadas posteriormente con car谩cter general, ya que de ser as铆 la liquidaci贸n definitiva derivada de estas 煤ltimas actuaciones debe ser anulada, y ello de conformidad con el art. 148.3 de la Ley 58/2003 (LGT). Pues bien, en las actuaciones de car谩cter abreviado respecto al IVA del ejercicio 2005, la Inspecci贸n no se limita a una mera comprobaci贸n formal, sino que realiza una labor de calificaci贸n jur铆dica; as铆, del mismo modo que la Inspecci贸n consider贸 que determinadas operaciones no eran deducibles porque no se hab铆a producido el devengo del Impuesto, porque estaban destinadas a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas o por tratarse de gastos asociados con veh铆culos autom贸viles de turismos, pod铆a haber determinado que la operaci贸n que se regulariza en segundo t茅rmino tampoco era deducible. Dicho esto, en base al art. 148.3 de la Ley 58/2003 (LGT), la Administraci贸n Tributaria no puede iniciar un procedimiento inspector con el mismo objeto, ya que la nueva regularizaci贸n no se basa en ninguna de las circunstancias a que se refiere el p谩rrafo a) del apdo. 4 del art. 101 de la Ley 58/2003 (LGT). Es decir, en el presente caso, cabe otorgar a las actuaciones inspectoras desarrolladas con la entidad, el efecto preclusivo que recoge el apartado tercero del art. 148 de la ley 58/2003 (LGT).

(TEAC, de 26-01-2017, RG 6087/2013)

El Tribunal Central cambia el criterio hasta ahora mantenido聽 y entiende que procede abonar al contribuyente聽 intereses de demora sobre los intereses devengados y no pagados por el retraso en聽la devoluci贸n de pagos fraccionados indebidos concedida en ejecuci贸n de 聽la resoluci贸n del TEAC. Contin煤a diciendo que no se ejecutar铆a la resoluci贸n econ贸mico-administrativa en sus propios t茅rminos si el devengo de intereses de demora deja de producirse sin haberse abonado el montante total de la devoluci贸n que era procedente en derecho -principal m谩s intereses de demora hasta la fecha de su pago efectivo-. El devengo聽no se detiene respecto de la parte de la devoluci贸n no satisfecha. Por lo tanto, concluye que debe procederse a abonar los intereses de demora sobre los intereses devengados por los pagos fraccionados ingresados indebidamente, computados desde la fecha en que tuvo lugar la devoluci贸n del principal y hasta la fecha de su pago efectivo.

(TEAC, de 12-01-2017, RG 5040/2013)

A lo 煤nico que habilita el art. 42.6.b) del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), en caso de incumplimiento del plazo de mantenimiento del elemento en que se materializ贸 la reinversi贸n es a聽la no p茅rdida del derecho a la deducci贸n聽en caso de nueva reinversi贸n dentro del plazo establecido en al apartado 4.a) del mismo art铆culo a contar desde la puesta a disposici贸n del elemento patrimonial transmitido que gener贸 la renta acogida al beneficio fiscal聽motivado ello por cuanto que el contribuyente, dentro del referido plazo, puede reinvertir en el momento que considere oportuno y en el elemento patrimonial de su elecci贸n dentro de los aptos a tal fin. Ahora bien, dicha 鈥渟ustituci贸n鈥 habilita a la no p茅rdida del derecho a la deducci贸n pero聽no excluye la obligaci贸n de regularizar como consecuencia del incumplimiento del plazo de mantenimiento del elemento de 鈥減rimera materializaci贸n鈥 de la reinversi贸n. Por tanto, no se abre un nuevo plazo de tres a帽os para reinvertir cuando la reinversi贸n anterior no se ha mantenido. El plazo final es el que marca la Ley: hasta tres a帽os desde la fecha de la transmisi贸n del elemento patrimonial que genera el beneficio extraordinario.聽

(TEAC, de 12-01-2017, RG 2539/2013)

La DGT ha venido sosteniendo, en coherencia con lo que entiende que es la naturaleza del impuesto patrimonial, que el balance aprobado a tener en cuenta en la valoraci贸n de las participaciones no cotizadas es el que lo hubiera sido con anterioridad al devengo. Sin embargo, la reciente jurisprudencia del TS, en atenci贸n a un criterio 鈥渇avorable al mejor acercamiento a la realidad econ贸mica de la base imponible del tributo鈥 interpreta que ha de tomarse como punto de referencia el aprobado dentro del plazo legal para la presentaci贸n de la autoliquidaci贸n por el impuesto, a pesar de que esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, criterio al que se suma ahora el 贸rgano consultivo. Eso s铆, matiza la DGT, si dentro del plazo de autoliquidaci贸n del Impuesto no se aprueba un nuevo balance, debe tomarse en consideraci贸n el 煤ltimo cerrado y aprobado antes de dicha fecha.

(DGT, de 23-12-2016, V5434/2016)

La autenticidad en la que pensamos si hablamos de 鈥渄ocumento aut茅ntico鈥 es la que s贸lo pueden dar la Administraci贸n o quien la represente 鈥揳utoridades o funcionarios- al presupon茅rseles fe p煤blica. Sin embargo, no se necesita tanto para acreditar la realidad de una donaci贸n hecha a una entidad de las acogidas a la Ley 49/2002 (R茅gimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al Mecenazgo). Seg煤n la DGT, que acude para ello a la definici贸n de la palabra 鈥渁creditar鈥 suministrada por la RAE, es aut茅ntico a estos efectos todo escrito en el que constan datos fidedignos susceptibles de ser utilizados como medio de prueba 鈥損or ejemplo, las facturas o albaranes que documenten los donativos realizados-, cuya valoraci贸n se har谩 conforme a los principios generales de la prueba.聽

(DGT, de 19-12-2016, V5336/2016)

La adjudicataria de una concesi贸n administrativa para la construcci贸n, conservaci贸n y gesti贸n de una carretera, va a percibir una determinada cantidad de la Administraci贸n P煤blica concedente con la finalidad de restablecer el equilibrio econ贸mico-financiero del contrato de concesi贸n de obra p煤blica adjudicado por raz贸n del mayor coste de las expropiaciones, en los t茅rminos establecidos en el referido contrato de concesi贸n. De esta forma, parece deducirse que estas cantidades no tienen la consideraci贸n de una subvenci贸n vinculada al precio de los servicios de gesti贸n de la carretera que presta la adjudicataria, puesto que su finalidad, con independencia de que tambi茅n asegure el reequilibrio econ贸mico de la concesi贸n, es resarcir a la adjudicataria del sobreprecio de las expropiaciones que constituye uno de los supuestos que se establecen expresamente en el propio contrato para su revisi贸n. Por tanto, la referida subvenci贸n no constituye la contraprestaci贸n de operaci贸n alguna sujeta al Impuesto. Esto es as铆 en la medida en que no existe un v铆nculo directo entre la cuant铆a percibida por la entidad y el servicio prestado por la misma. En conclusi贸n, estas cantidades no constituyen una subvenci贸n vinculada al precio de estos servicios, sino que el cobro de las mismas se debe a una circunstancia sobrevenida prevista en el contrato de concesi贸n que reviste de una naturaleza indemnizatoria.

(DGT, de 30-11-2016, V5183/2016)

Una sociedad fue objeto de comprobaci贸n por parte de la Agencia Tributaria en el a帽o 2013, no aportando por error ninguna factura para la justificaci贸n del IVA soportado. La liquidaci贸n ha sido abonada y no se ha presentado ning煤n recurso. Pues bien, ahora desea saber si tiene posibilidad de deducir en 2015, las facturas no deducidas, por error, en 2013, a lo que la DGT se帽ala que, efectivamente, la sociedad podr谩 deducir las referidas cuotas soportadas, que no fueron tenidas en consideraci贸n por la Administraci贸n tributaria al no aportar el original de las facturas, cumplidos los requisitos se帽alados por la Ley 37/1992 (Ley IVA), siempre que no haya transcurrido el plazo de caducidad establecido en el art. 100 de la Ley del Impuesto y siempre que se cumplan los dem谩s requisitos establecidos en dicha Ley 37/1992 (Ley IVA) para el ejercicio del derecho a la deducci贸n por el sujeto pasivo.

(DGT, de 28-11-2016, V5125/2016)

El IIVTNU no tiene en cuenta los gastos asociados al inmueble ni a la transmisi贸n聽

En una consulta de la Direcci贸n General de Tributos de 15 de diciembre de 2016 se aborda el tema del c谩lculo de la base imponible del IIVTNU, que es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisi贸n de la propiedad de los terrenos por cualquier t铆tulo o de la constituci贸n o transmisi贸n de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los mismos.

En este caso se ha transmitido una vivienda que ha originado un ligero incremento patrimonial, sin embargo no es este el hecho imponible del impuesto sino que el IITVNU grava el incremento del valor del terreno puesto de manifiesto en la trasmisi贸n y no el incremento experimentado en el patrimonio personal del sujeto pasivo, como as铆 lo afirma la sentencia de 14 de julio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a.

La Administraci贸n no puede considerar como valor de adquisici贸n cero euros en el c谩lculo de una ganancia patrimonial aunque el contribuyente no aporte documentaci贸n: unificaci贸n de criterio

El Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, en su Resoluci贸n de 2 de febrero de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio determina la improcedencia de considerar un valor de adquisici贸n de cero euros en la determinaci贸n de una ganancia patrimonial en supuestos en los que el contribuyente no presenta declaraci贸n o bien la presenta sin consignar alteraci贸n patrimonial alguna, y tampoco atiende a los requerimientos formulados en el seno de un procedimiento iniciado.

Selecci贸n de doctrina administrativa. Enero 2017 (2.陋 quincena)

Lo determinante para que el informe pericial pueda considerarse debidamente motivado en lo que al m茅todo de comparaci贸n para la determinaci贸n del m贸dulo unitario b谩sico a partir de muestras o testigos se refiere, es que se expliciten adecuadamente los elementos integrantes de las muestras elegidas, esto es, que se identifiquen los testigos empleados y que se razonen las circunstancias por las que se consideran semejantes o comparables con el inmueble a valorar las muestras tomadas como referencia, sin que se requiera como regla general incluir en el informe pericial la relaci贸n pormenorizada de testigos o muestras analizadas que han sido rechazadas, con expresi贸n de los motivos de su exclusi贸n en cada caso. Ahora bien, si es necesaria la aportaci贸n al informe, y por lo tanto al expediente administrativo, de una copia de los documentos que reflejen las operaciones tomadas como muestras, aun consistiendo tales documentos en escrituras p煤blicas. Esto es as铆 porque, correspondiendo a la Administraci贸n la carga de probar que el valor real del acto jur铆dico documentado es superior al declarado por el interesado y teniendo en cuenta que el dato esencial del que parte el perito para fijar el valor comprobado es el valor consignado en las escrituras p煤blicas de transmisi贸n seleccionadas como testigos o muestras, no cabe duda que la aportaci贸n de tales escrituras al informe y al expediente administrativo de comprobaci贸n de valores se antoja indispensable.聽No se opone a esta conclusi贸n, el hecho de que el obligado tributario pudiera llegar a contrastar los datos contenidos en las escrituras p煤blicas y consignadas en el informe pericial mediante la consulta pertinente al Registro de la Propiedad.聽

(TEAC, de 19-01-2017, RG 5240/2016)

En el caso que se analiza, consta en la documentaci贸n, que la entidad est谩 obligada a recibir por medios electr贸nicos las comunicaciones y notificaciones a realizar por la Agencia Estatal de Administraci贸n Tributaria y que el acto impugnado fue puesto a disposici贸n de la entidad con fecha 31 de agosto 2012 y hora 20:25, en el buz贸n electr贸nico asociado a su direcci贸n electr贸nica habilitada en el Servicio de Notificaciones Electr贸nicas. Si bien es cierto que la reciente modificaci贸n de la Ley General Tributaria por Ley 34/2015, ha incluido expresamente esta previsi贸n en el art. 104.2, es razonable entender que dicha previsi贸n se hallaba ya en el esp铆ritu de la norma tal equiparaci贸n de la puesta a disposici贸n con el intento a que el precepto se refiere y se trata de una adecuaci贸n t茅cnica de la redacci贸n, dado que la anteriormente vigente ven铆a de un momento en el que no exist铆a NEO. Por tanto, a efectos del cumplimiento de plazos, la existencia de un intento de notificaci贸n se acredita al haber sido puesta a su disposici贸n el contenido del acto en la direcci贸n electr贸nica habilitada al efecto, sin que pueda hacerse depender el cumplimiento de un plazo por parte de la Administraci贸n de la voluntad del interesado de acceder o no al contenido de dicho acto.聽

(TEAC, de 12-01-2017, RG 738/2013)

En los procedimientos sancionadores en materia de infracciones administrativas de contrabando el聽鈥渄ies a quo鈥聽es el que figura en el acuerdo de inicio del procedimiento y no el de su notificaci贸n. As铆 lo establece en el art. 35.5 del聽RD 1649/1998 (Desarrolla infracciones administrativas de contrabando), no pudi茅ndose aplicar el aplicar el art. 104 de la Ley 58/2003 (LGT) cuando dice que el plazo de seis meses en los procedimientos iniciados de oficio se contar谩 desde la fecha de notificaci贸n del acuerdo de inicio, pues dicha Ley 58/2003 (LGT) es supletoria para lo no previsto en la normativa de contrabando.聽Por su parte, el聽鈥渄ies ad quem鈥聽no se detalla en el mencionado art. 35.5 del聽RD 1649/1998 (Desarrolla infracciones administrativas de contrabando), por lo que acudiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal Central determina que ser谩, la fecha en que se notifique al interesado la resoluci贸n y no la fecha en que la misma haya sido dictada.

(TEAC, de 24-11-2016, RG 5642/2013)

La legislaci贸n del IRPF no ha contenido, ni contiene hoy, la regulaci贸n general del tratamiento a dar a las operaciones realizadas entre entidades vinculadas, sino que se remite a la existente en el 谩mbito del IS, vi茅ndose, por tanto, concernida de manera indirecta por las modificaciones legislativas del IS. La dificultad estriba en que el debate no se establece entre una norma general y otra especial, sino entre dos normas especiales. Por un lado, las 鈥渘ormas espec铆ficas de valoraci贸n鈥 del art. 35.1.b) de la Ley 40/1998 (Ley IRPF) y del posterior texto refundido, as铆 como el art. 37.1.b) de la vigente Ley 35/2006 (Ley IRPF), responden bien al tipo concreto de activo que se enajena, o bien al tipo de operaci贸n a trav茅s de la que se realiza la transmisi贸n, recogiendo una pluralidad de casos cuya necesidad de norma especial es, por tanto, variada, y va desde la conveniencia de ofrecer una soluci贸n t茅cnica concreta a complejos problemas valorativos a la fijaci贸n de referencia valorativa en transmisiones cuya contraprestaci贸n no se recibe en dinero. Por otro lado, las reglas previstas para las operaciones vinculadas se justifican por la relaci贸n existente entre las partes contratantes, y su finalidad es clara y un铆voca: evitar la elusi贸n fiscal que puede obtenerse con el uso de precios de conveniencia que transfieran bases imponibles entre los contratantes. Pues bien, ante la convivencia de estas diferentes reglas especiales que responden a distinta finalidad, sin que la norma priorice con claridad la aplicaci贸n de una u otra, la jurisprudencia de la Audiencia Nacional reca铆da sobre ejercicios posteriores a la vigencia de la Ley 43/1995 (Ley IS), siempre ha confirmado la aplicaci贸n de la regla de operaciones vinculadas cuando la regularizaci贸n expresamente se basa en esta circunstancia, en la vinculaci贸n de las partes contratantes y, por tanto, en el uso interesado de precios diferentes al que habr铆an convenido partes independientes, sin llegar a afirmar una preferencia absoluta y general de las normas de operaciones vinculadas sobre las que tan solo se fijan en el tipo de activo transmitido o en la operaci贸n en la que se transmite. En conclusi贸n, habr谩 que atender a los motivos por los que la regularizaci贸n se practic贸.

(TEAC, de 23-11-2016, RG 3029/2013)

La cuesti贸n objeto de regularizaci贸n radica en la inversi贸n efectuada en la adquisici贸n de envases y embalajes y concretamente en que la Inspecci贸n rechaza que los gastos en envases y embalajes sean considerados en su totalidad como gastos de propaganda y publicidad, y que tambi茅n, en su totalidad, sean incluidos en las bases para aplicar las deducciones. Pues bien, los obligados tributarios que pretenden acogerse a la deducci贸n deben acreditar haber incurrido en gastos de publicidad, esto es, los gastos cuya finalidad es dar a conocer los productos, o en este concreto supuesto, los acontecimientos promocionados. Respecto de estos gastos, una vez acreditada su existencia y cuantificado su importe, no existe objeci贸n alguna para que puedan ser considerados base del beneficio fiscal analizado. Ahora bien, la existencia de dichos costes no debe confundirse con el resto de costes derivados de la propia fabricaci贸n de los envases y embalajes en los que la empresa debe incurrir con independencia de que decida acometer la acci贸n publicitaria para la que se prev茅 el beneficio fiscal. Adem谩s, resulta importante se帽alar que la asunci贸n de costes espec铆ficos derivados de la incorporaci贸n de logos publicitarios a los envases y embalajes no implica que los costes finales de los envases con logo sean superiores a los costes ordinarios de esos envases antes o despu茅s de la concreta acci贸n promocional. En s铆ntesis de lo anteriormente expuesto ha de recalcarse que no se trata de que se exija ning煤n coste adicional, sino un coste 鈥渆spec铆ficamente鈥 atribuible a la inclusi贸n del logo, es decir al gasto de publicidad.

(TEAC, de 03-11-2016, RG 3779/2013)

Puesto que se considera que los socios no residentes operan en Espa帽a mediante establecimiento permanente, est谩n obligados a nombrar un representante en Espa帽a. No obstante, en caso de no hacerlo, la Administraci贸n -conforme al art. 9.2 RDLeg. 5/2004 (TR Ley IRNR)- podr谩 considerar como representante, a estos efectos, a aqu茅l que ostente la capacidad de contratar, es decir, de gestionar y dirigir la actividad realizada en Espa帽a. Y esta posibilidad surge en caso de incumplimiento de la obligaci贸n de nombrar al representante fiscal recogido en el art. 9.1 o al representante inscrito en el Registro Mercantil. Por lo tanto, dado que la comunidad de propietarios puede gestionar y dirigir la actividad realizada en Espa帽a de los comuneros no residentes, se podr谩 considerar responsable solidario de los mismos que no hayan nombrado representante en Espa帽a. Ello es as铆, sin perjuicio de la responsabilidad general recogida la Ley General Tributaria que incluye, entre los responsables solidarios de la deuda tributaria, a las personas o entidades 鈥渜ue sean causantes o colaboren activamente en la realizaci贸n de una infracci贸n tributaria.鈥 -art. 42.1.a) Ley 58/2003 (LGT)-.

(DGT, de 15-11-2016, V4922/2016)

Por la incorrecta tramitaci贸n de una demanda por despido laboral, el contribuyente percibe, en concepto de compensaci贸n por mala praxis, 12.000 鈧 de la compa帽铆a aseguradora que cubre la responsabilidad civil del abogado. La regulaci贸n de las rentas exentas se recoge en el art. 7 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), y m谩s concretamente en el p谩rrafo d) donde se recogen las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil por da帽os personales, en la cuant铆a legal o judicialmente reconocida. No obstante, en este supuesto la compensaci贸n o indemnizaci贸n no se corresponde con la indemnizaci贸n exenta del art. 7.d), sino que se corresponde con un perjuicio econ贸mico causado al contribuyente, es decir, da帽os patrimoniales pero no los da帽os personales que ampara la exenci贸n. Con lo cual procede calificar la indemnizaci贸n como ganancia patrimonial, efectos de determinar su tributaci贸n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas, y en cuanto derivada de la responsabilidad civil contractual por la negligencia en el cumplimiento de la relaci贸n contractual que se establece entre el abogado y el contribuyente, y que implica tambi茅n a la aseguradora de aquel. Procede su integraci贸n en la base imponible general. Al no derivar esta ganancia patrimonial de una transmisi贸n, su cuantificaci贸n se corresponder谩 con el importe de la indemnizaci贸n que determine la sentencia, ya que la ley determina que el importe de las ganancias o p茅rdidas patrimoniales ser谩 en los dem谩s supuestos (distintos del de transmisi贸n), el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso.

(DGT, de 11-11-2016, V4868/2016)

El tutor tiene derecho a una retribuci贸n, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita, correspondiendo al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendr谩 en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes. En principio y con un car谩cter general, el ejercicio de las funciones de tutor, que b谩sicamente se concretan en ser el representante del incapacitado y velar por 茅l, no determina que se est茅 desarrollando una actividad econ贸mica, pues no se dan las caracter铆sticas configuradoras de esta calificaci贸n. El hecho de tener que procurar alimentos al incapacitado, de informar al Juez anualmente sobre la situaci贸n de 茅ste, as铆 como rendirle cuenta anual de su administraci贸n, y dem谩s facultades que se establecen para los tutores, constituyen elementos suficientes para calificar, en principio, como rendimientos del trabajo las retribuciones que se perciban. No obstante, proceder谩 calificar tales retribuciones como rendimientos de una actividad econ贸mica, aunque la tutor铆a se realice de manera accesoria u ocasional, cuando el contribuyente ya viniera ejerciendo una actividad econ贸mica en la que el desarrollo de las funciones de tutor pueda entenderse que constituye un servicio m谩s de los prestados a trav茅s de dicha actividad. Teniendo en cuenta la reducci贸n del 30% que se aplica a los rendimientos 铆ntegros, en caso de rendimientos del trabajo, o sobre rendimientos netos en caso de rendimientos de actividades econ贸micas, se especifica que la remuneraci贸n no est谩 vinculada al tiempo de ejercicio del cargo, sino al trabajo a realizar por el tutor, teniendo en cuenta el valor y la rentabilidad de los bienes del incapacitado, no habiendo un per铆odo de generaci贸n superior a dos a帽os y sin que se trate de rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, con lo cual, no 聽resulta aplicable la reducci贸n del 30%.

(DGT, de 10-11-2016, V4843/2016)

Un contribuyente percibe rendimientos del trabajo por importe de 9.530,00 鈧 y su mujer, empleada de hogar, 10.120,00 鈧. En la tributaci贸n conjunta, tal como pretenden tributar, los l铆mites excluyentes de la obligaci贸n de declarar no se elevan o multiplican en funci贸n del n煤mero de miembros de la unidad familiar, por lo que en este caso el l铆mite excluyente de la obligaci贸n de declarar en tributaci贸n conjunta ser谩 el de 12.000 euros, al percibirse rendimientos del trabajo de m谩s de un pagador y superar el importe percibido del segundo pagador los 1.500 euros anuales.

(DGT, de 10-11-2016, V4824/2016)

El heredamiento cumulativo y por atribuci贸n particular del Derecho Civil catal谩n, generan, sobre todo el primero, m煤ltiples situaciones jur铆dico-fiscales en lo que tiene que ver con su sometimiento al ISD y al IRPF. Devengo y obligaci贸n de declarar generan sometimiento y exenci贸n a la par. Se trata de una consulta para analizar pormenorizadamente en cada paso de la operaci贸n.

(DGT, de 08-11-2016, V4733/2016)

El TEAC se opone al embargo de la integridad de los ingresos obtenidos por el turno de oficio y asistencia letrada al detenido en unificaci贸n de criterio

El Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, en su Resoluci贸n de 31 de enero de 2017, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio que a las percepciones satisfechas por el Colegio de Abogados a los abogados que han prestado servicios en el turno de oficio y asistencia letrada al detenido, les resultan de aplicaci贸n los l铆mites a la embargabilidad previstos por el art. 607 de la Ley 1/2000 (LEC), en tanto que de conformidad con lo previsto en el apdo. 6 de dicho precepto forman parte de los ingresos de la actividad profesional.

La Administraci贸n dice ahora que la asistencia jur铆dica gratuita est谩 sujeta y no exenta en IVA

La Direcci贸n General de Tributos cambia ahora su criterio en consulta de 25 de enero de 2017 respecto de la tributaci贸n en el IVA de la asistencia jur铆dica gratuita, que pasan de estar no sujetos, a estar sujetos y no exentos, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21 por ciento.

El Tribunal Central en unificaci贸n de criterio concluye que las rentas procedentes de la actividad de visado desarrollada por los colegios profesionales no est谩n exentas del IS

El Tribunal Econ贸mico-Administrativo Central, en su resoluci贸n de 12 de enero de 2017, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificaci贸n de criterio la cuesti贸n consistente en determinar si las rentas derivadas de la prestaci贸n de servicios de visado, obtenidas por los Colegios Profesionales, est谩n exentas o no del Impuesto sobre Sociedades.

Para dar respuesta a la cuesti贸n controvertida conviene analizar la evoluci贸n normativa del r茅gimen de las entidades parcialmente exentas.

Instrucciones de la AEAT sobre gesti贸n de aplazamientos y fraccionamientos de pago

Como continuaci贸n de la nota sobre 鈥los aplazamientos a los aut贸nomos tras el Real Decreto-ley 3/2016鈥, publicada en la p谩gina web de la AEAT el pasado d铆a 13 de enero de 2017, se han elaborado por parte del citado organismo dos Instrucciones para revisar y actualizar los criterios dados a los 贸rganos de recaudaci贸n en esta materia.

En primer lugar, la Instrucci贸n 1/2017, de 17 de enero, de la Direcci贸n General de la AEAT, procede a dejar sin efecto la Instrucci贸n 6/2006, de 23 de noviembre, de la Direcci贸n General de la AEAT, sobre gesti贸n de aplazamientos y fraccionamientos de pago, se帽alando que corresponde al titular del Departamento de Recaudaci贸n de la AEAT la competencia para dictar los criterios de actuaci贸n en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago, dirigidos a los titulares de las Delegaciones Especiales y de la Delegaci贸n de Grandes Contribuyentes y a los titulares de las Dependencias Regionales de Recaudaci贸n

Selecci贸n de doctrina administrativa. Enero 2017 (1.陋 quincena)

Siendo cierto que la Administraci贸n Tributaria queda vinculada por los criterios expuestos en las consultas tributarias escritas, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias del obligado y los que se incluyan en la contestaci贸n a la consulta, no se debe entender dicha vinculaci贸n m谩s all谩 de sus estrictos t茅rminos. Debemos recordar que la DGT resuelve consultas de situaciones particulares, cada una de las cuales puede tener peque帽as caracter铆sticas que las hagan diferentes, y si el caso concreto no ha sido resulto por la DGT, debe exigirse una mayor labor al 贸rgano encargado de la aplicaci贸n de los tributos para justificar porqu茅 aplica una consulta concreta, o por qu茅 no la aplica. Esta conclusi贸n no significa que se impida aplicar esas consultas, simplemente incide en la necesidad de justificar su aplicaci贸n o su no aplicaci贸n.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 3185/2013)

La administraci贸n ha de satisfacer intereses de demora por el periodo de tiempo en que el importe del IVA a la importaci贸n estuvo indebidamente en su poder, es decir, hasta la fecha de la autoliquidaci贸n en la que dicho IVA soportado pudo ser compensado con el correspondiente IVA devengado. En el caso analizado, si bien la Administraci贸n reconoci贸 intereses de demora desde la fecha de ingreso del importe indebido hasta la fecha en la que se present贸 la primera autoliquidaci贸n, la fecha final del c贸mputo no es la fecha en la que se present贸 la autoliquidaci贸n, sino la fecha en que le fue devuelto al interesado el importe indebidamente ingresado.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 1144/2012)

De acuerdo con la tesis mantenida por el Tribunal Supremo, la conducta tipificada en el segundo p谩rrafo del mencionado art铆culo consiste en determinar o acreditar cantidades incorrectas en la propia declaraci贸n; es decir, para que exista el tipo infractor aqu铆 tipificado, es necesario que el obligado tributario presente una declaraci贸n-liquidaci贸n en la que declare incorrectamente rentas netas, cuotas repercutidas, cantidades o cuotas a deducir o incentivos fiscales, pero cuya regularizaci贸n posterior por parte de la Administraci贸n, en un procedimiento de comprobaci贸n, no suponga una falta de ingreso -infracci贸n tipificada en el art. 191 de la LGT- o una obtenci贸n indebida de devoluci贸n -infracci贸n tipificada en el art. 193 de la LGT- debido a que el obligado tributario tiene a su favor cantidades pendientes de compensar, deducir o aplicar. Por su parte, la Inspecci贸n manifiesta que lo fundamental en la conducta tipificada analizada en este caso, es que no se haya declarado correctamente, con independencia de que no se haya declarado en absoluto o se haya declarado s贸lo parte; sin embargo, debemos tener en cuenta que el t茅rmino utilizado por el legislador en el precepto indicado es聽鈥渃uando se declare incorrectamente鈥澛 y no 鈥渃uando se declare incorrectamente o no se declare鈥, t茅rminos que en cambio si utiliza en la tipificaci贸n de otras infracciones, como la regulada en el art. 196 de la misma Ley 58/2003 (LGT), por lo que una interpretaci贸n gramatical de los t茅rminos utilizados por el legislador, que es la que debemos tener en cuenta a la vista de la claridad de las palabras reflejadas en el precepto, nos llevan a mantener la misma tesis que la sustentada por el Tribunal Supremo.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 6639/2013)

En el caso concreto que se analiza, el TEAC hab铆a anulado una liquidaci贸n por ITP y AJD, por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La Administraci贸n, en ejecuci贸n de la resoluci贸n, practic贸 nueva liquidaci贸n del mismo impuesto, por el concepto Actos Jur铆dicos Documentados sin聽que constara la iniciaci贸n de聽nuevo procedimiento. Pues bien, el TEAC considera que la liquidaci贸n se ha dictado en un procedimiento no iniciado y por tanto inexistente. Se produce un vicio de nulidad absoluta pues, no habi茅ndose iniciado procedimiento alguno, no es posible dictar liquidaci贸n en el seno del mismo, dado que tal procedimiento no existe. La conclusi贸n no puede, en consecuencia, ser otra que declarar la nulidad absoluta del acto impugnado por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido.

(TEAC, de 15-12-2016, RG 3539/2011)

El documento de valor esencial al que hace referencia el interesado es la Sentencia del 贸rgano judicial portugu茅s aportada, que, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE)聽n.潞聽44/2001 del Consejo, debe ser reconocida en los dem谩s Estados miembros distintos de Portugal sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno. Debe advertirse asimismo que dicha sentencia tiene el car谩cter de 鈥漴esoluci贸n鈥 a los efectos de citado Reglamento, habi茅ndose presentado una copia aut茅ntica de la misma por la interesada que pretende el reconocimiento de la sentencia, no concurriendo ninguna de las causas que impiden este reconocimiento. Pues bien, por un lado, en el presente supuesto, se aprecia que los acuerdos impugnados referidos a los ejercicios 1994 y 1995, son firmes en v铆a administrativa como consecuencia de no haber sido interpuesto contra el mismo recurso de reposici贸n en plazo o reclamaci贸n econ贸mico-administrativa. Por otro lado, se aprecia que la Sentencia citada, al considerar como hechos probados que no se adquirieron los bienes citados por la interesada, constituye un documento de valor esencial para la decisi贸n del asunto objeto de los acuerdos impugnados; de tal manera que聽al declarar la inexistencia de las operaciones intracomunitarias, carecen de base jur铆dica los acuerdos impugnados. As铆 mismo, se trata de un documento posterior al acto recurrido, en la medida en que los acuerdos impugnados fueron dictados en el a帽o 1997 y la Sentencia aportada es de fecha 5 de marzo de 2013. Por tanto, concurre la causa establecida en el art. 244.1.a) de la LGT, por cuanto concurre documento de valor esencial, la Sentencia聽del 贸rgano judicial portugu茅s, que es posterior a los actos recurridos, y que evidencia el error cometido en los mismos.

(TEAC, de 24-11-2016, RG 3231/2013)

Existen diferentes procedimientos para la aplicaci贸n y solicitud de la exenci贸n del IVA, en funci贸n del tipo de operaci贸n de la que se trate. En el presente caso, estamos ante la exenci贸n regulada en el p谩rrafo b) del apdo. 1 del art. 3 del RD 3485/2000 (Franquicias y exenciones en r茅gimen diplom谩tico, consular y de organismos internacionales). Pues bien, la Organizaci贸n Mundial del Turismo no ha seguido el procedimiento regulado en la norma mencionada, seg煤n el cual, el primer requisito es que la solicitud de la aplicaci贸n de la exenci贸n se presente con car谩cter previo a la realizaci贸n de la operaci贸n. As铆 mismo, tampoco se cumple el requisito relativo a la no repercusi贸n del IVA en la factura por parte de los proveedores. No se trata, como alega el obligado tributario, de un simple defecto formal al haber presentado un modelo distinto del correspondiente, sino que se trata de un supuesto en el que no se ha seguido el procedimiento regulado en las normas para el tipo de operaci贸n de la que se trataba. Por tanto, al no haber seguido el obligado tributario el procedimiento regulado para solicitar la exenci贸n previa del Impuesto, las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposici贸n interpuestos por el interesado son conformes a derecho.

(TEAC, de 24-11-2016, RG 6017/2013)

No procede la exenci贸n en el IBI respecto de un inmueble que se encuentra dentro del 谩mbito declarado "Bienes de Inter茅s Cultural del Conjunto Hist贸rico Art铆stico" del municipio, con una antig眉edad superior a 50 a帽os y se encuentra incluido en el Cat谩logo de Bienes Protegidos con un grado de protecci贸n "estructural", como instrumento para una especial protecci贸n, ya que la protecci贸n que se exige para ello es una protecci贸n integral y en este caso el inmueble s贸lo goza de una protecci贸n estructural. Cuando la protecci贸n no es integral sino de otro nivel distinto, no puede ser reconocida la referida exenci贸n en el IBI, habida cuenta de la interpretaci贸n restrictiva a la que est谩n sujetas las exenciones en materia tributaria de conformidad con el art. 14 LGT, que proh铆be el empleo de la analog铆a para extender m谩s all谩 de sus t茅rminos estrictos el 谩mbito del hecho imponible, de las exenciones y dem谩s beneficios o incentivos fiscales. Por tanto, no le resulta de aplicaci贸n la exenci贸n en el IBI, ya que el inmueble no se encuentra incluido como objeto de protecci贸n integral, requisito exigido para gozar de la exenci贸n del impuesto.

(DGT, de 25-11-2016, V5117/2016)

La comunidad de usuarios, carece de personalidad jur铆dica m谩s all谩 de la que individualmente corresponda a cada uno de sus miembros o comuneros, por tanto, si a trav茅s de su presidente promueve una reclamaci贸n judicial, lo ser谩 por todos o parte de sus miembros, actuando en cuanto tales, es decir, como personas f铆sicas y por tanto estar谩 exenta de la tasa judicial.

(DGT, de 23-11-2016, V5071/2016)

La hipoteca unilateral es un instrumento jur铆dico en uso creciente en la vida pr谩ctica que supone, a grandes rasgos, la firma inicial de la hipoteca por parte del deudor hipotecario, no asistiendo a la firma el representante del Banco, quien lo refrenda con posterioridad. Pues bien, la DGT en esta consulta viene a considerar a la operaci贸n como un todo, aclarando que la aceptaci贸n posterior no hace tributar de nuevo por la operaci贸n, lo cual supondr铆a una clara doble imposici贸n.

(DGT, de 10-11-2016, V4739/2016)

Como consecuencia de una decisi贸n empresarial de integraci贸n parcial de actividades del grupo societario, una persona f铆sica pasa a prestar sus servicios de una a otra empresa del grupo, produci茅ndose una sucesi贸n de empresa de acuerdo con el art. 44 RDLeg. 2/2015 (TRET). De modo que 聽parecer铆a que existen dos pagadores distintos, es decir, dos personas jur铆dicas que intervienen en la sucesi贸n: la sociedad cedente y la sociedad cesionaria. Ahora bien, esta duplicidad de pagadores tiene su origen en la integraci贸n parcial de actividades dentro del grupo societario y consecuente subrogaci贸n. Desde el punto de vista del IRPF, la sociedad cesionaria mantiene la condici贸n de mismo pagador, a efectos de la determinaci贸n del tipo de retenci贸n aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente. Adem谩s, a efectos de la determinaci贸n del l铆mite de la obligaci贸n de declarar por la obtenci贸n de rendimientos del trabajo, para estos trabajadores no se produce la existencia de m谩s de un pagador por el hecho de pasar a formar parte de la plantilla del nuevo empresario, la sociedad cesionaria. En conclusi贸n, el cesionario (el nuevo empresario) mantiene su condici贸n de mismo pagador -no produci茅ndose, por tanto, la existencia de m谩s de uno-, con lo cual el l铆mite determinante de la obligaci贸n de declarar respecto a los rendimientos del trabajo ser谩 22.000 euros anuales, y no el l铆mite de 12.000 euros en los supuestos de m谩s de un pagador.

(DGT, de 03-11-2016, V4662/2016)

Externalizaci贸n de la gesti贸n del arrendamiento: la DGT insiste en que en el IP se pierde el derecho a la exenci贸n, no vincul谩ndole lo resuelto a efectos de otros impuestos

Se ha publicado una nueva consulta -otra vez en el entorno del Impuesto sobre el Patrimonio- sobre las consecuencias que, de cara a la consideraci贸n como actividad econ贸mica de la actividad de arrendamiento de inmuebles, tiene la externalizaci贸n de la gesti贸n; se trata de la consulta de la Direcci贸n General de Tributos, de 28 de noviembre de 2016.

Recordemos que el art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF) -al que se remite a la hora de definir el concepto de actividad econ贸mica la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio- se帽ala que 鈥se entender谩 que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad econ贸mica, 煤nicamente cuando para la ordenaci贸n de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.鈥.

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