Doctrina Administrativa

La DGT reitera el carácter vinculante de las consultas tributarias para las Entidades Locales esa la vez que establece la total independencia entre la exención rogada y bonificación potestativa aplicable a los bienes inmuebles de las Universidades

La DGT en dos consultas de 17 de septiembre, V2501/2018 y V2502/2018 la DGT concluye que  la contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos, pues aunque los efectos vinculantes de la contestación a las consultas tributarias se circunscriben a la persona del consultante, respecto al resto de obligados tributarios, los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios expresados en dicha contestación siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias.

Ambas consultas abordan la independencia entre de la exención del IBI de los bienes inmuebles afectos al cumplimiento de los fines de las Universidades públicas y la bonificación potestativa en cuota íntegra introducida por la Ley Orgánica 4/2007, que se refiere a todos los inmuebles y a todos los centros de enseñanza universitaria.

Y queda limitado, desde él, a los parientes que se señalan -cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado-. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de octubre de 2018, resuelve que, a efectos del ISD, y más concretamente, de la reducción prevista en el art. 20.2.c) Ley 29/1987 (Ley ISD) -empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el art. 4.Ocho de la Ley 19/1991 (Ley IP), o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos-, debe referirse concretamente a la persona del causante, quedando limitado, desde él, a los parientes que se señalan -cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales de segundo grado-, por lo que, si las condiciones se dan sólo en la persona de un sobrino -colateral de tercer grado- del fallecido, no existirá el derecho a la reducción sobre las acciones de éste transmitidas en su herencia.

El Tribunal Central, modificando el criterio mantenido hasta la fecha considera que la suspensión cautelar debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-Administrativo competente. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 27 de septiembre de 2018, resuelve que, habiéndose solicitado la suspensión de una deuda en período voluntario de pago con prestación de garantías distintas a las previstas en el art. 233.2 de la Ley 58/2003 (LGT), la presentación de esta solicitud suspende cautelarmente el procedimiento de recaudación en virtud del art. 44.1 del RD 520/2005 (Rgto. de revisión en vía administrativa), la cual debe mantenerse hasta la resolución del incidente de suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, sin que la AEAT pueda emitir la providencia de apremio respecto de esta deuda con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Regional.

Minimizar el riesgo por Brexit ante la incertidumbre causada sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido es un motivo que puede considerarse económicamente válido a los efectos de aplicar el régimen especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014

En la consulta V2253/2018 se considera motivo económico válido de una operación de fusión por absorción la minimización de los riesgos del Brexit. Un Grupo bancario internacional, cuya sociedad dominante es la entidad X, constituida de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, (Estados Unidos), realiza su actividad crediticia en Europa a través de diversas entidades de crédito reguladas establecidas en diferentes jurisdicciones, contando, cada una de ellas, con la correspondiente licencia bancaria y con las correspondientes autorizaciones regulatorias. La entidad X es una entidad cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en la Bolsa de Nueva York, que desarrolla, a través de sus filiales, la actividad crediticia y de servicios de inversión por todo el mundo. La entidad X es una entidad cuyas acciones se encuentran admitidas a negociación en la Bolsa de Nueva York, que desarrolla, a través de sus filiales, la actividad crediticia y de servicios de inversión por todo el mundo.

Con el objeto de minimizar el riesgo por el Brexit, el Grupo está estudiando un plan de contingencia, partes del cual necesitarán ser implementadas con anterioridad al Brexit, que se espera que tenga lugar el 29 de marzo de 2019.

• ISD: derecho de los no residentes a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma correspondiente o la Ley Estatal y plazo para cambiar de opción
• Bonificación prevista para las donaciones en la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana: inconstitucionalidad del requisito de exigencia de residencia habitual
• Una entidad no puede negarse a asumir las consecuencias de una notificación hecha por un tercero de buena fe a quien aparece como representante en el Registro
• Deducción del 15% sobre los gastos de propaganda y publicidad: el plazo establecido para presentar la solicitud de aplicación del beneficio tiene consideración de esencial
  
• Cabe admitir pruebas en vía económico-administrativa no aportadas en el procedimiento, que acrediten sin mayor investigación, lo que en el procedimiento inspector no resultó acreditado
• La aplicación del régimen fiscal especial de diferimiento precisa del ejercicio de una opción que corresponde a la entidad adquirente que amplía capital
• Basta un intento de notificación del acuerdo del órgano competente ordenando completar actuaciones para que la propuesta de liquidación del acta de conformidad no se convierta en definitiva
• Parte de la vivienda habitual ganancial afecta a la actividad económica de uno de los cónyuges
• Exención por doble imposición de dividendos en IS: vale con que el tiempo de posesión de la participación se cumpla en el grupo
• Bonificación y penalización por el traspaso de un plan de pensiones a otra entidad bancaria

• No existe doble imposición entre el IPVEE y el IAE
• Devolución del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas: el mero incumplimiento de los requisitos formales no puede acarrear la pérdida automática de las ventajas fiscales
• Posibilidad de rectificar la cuota repercutida tras las actuaciones de la inspección
• El método de estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes no es el idóneo, por su generalidad, para calcular el valor en impuestos como el ISD
• La determinación de la base imponible debe ir orientada a fijar el valor real del coste de la obra nueva declarada
• Determinación del patrimonio neto que constituye la base imponible del IP: deducción a tal efecto, en cuánto deuda, de la cuota del IRPF
• Cómputo de la dilación consistente en incomparecencia del obligado tributario
• Forma de aplicar la minusvalía latente de unas aportaciones financieras subordinadas adquiridas a una sociedad que pasa a estar en concurso
• Tributación de las indemnizaciones por despido de los trabajadores desplazados al extranjero
• El becario aunque se convierta en trabajador no puede acogerse al régimen de trabajadores desplazados del IRPF

Será el importe de esa valoración el que deba tenerse en cuenta para establecer el alcance que corresponda a la responsabilidad solidaria.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 27 de septiembre de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión relativa a si en los casos en que la Administración tributaria haya aceptado la valoración dada por las partes a los bienes o derechos ocultados o transmitidos entre el deudor principal y el responsable solidario, será el importe de esa valoración el que deba tenerse en cuenta para establecer el alcance que corresponda a la responsabilidad solidaria del art. 42.2.a) de la Ley 58/2003 (LGT) que se declare.

El contenido del requerimiento refleja sin necesidad de mayores explicaciones o razonamientos, y por ende justifica, la trascendencia tributaria de la información solicitada.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 18 de septiembre de 2018, resuelve que, en el caso que nos ocupa, el requerimiento no necesita mayor motivación porque la trascendencia tributaria resulta evidente. Lo que se está solicitando es el importe de las minutas resultantes de los dictámenes -acompañada de los necesarios datos de identificación de los mismos y de los letrados-. No se requieren los expedientes completos ni siquiera el contenido de los mismos, solo datos cuantitativos relativos a las minutas de los procedimientos. La trascendencia económica, y consiguientemente tributaria de esta información, es evidente.

• Determinación del tipo impositivo aplicable a las obras de reparación realizadas en viviendas cuando el siniestro está cubierto por una póliza de seguro contratada por el propietario
• ¿Debe ser considerado el plazo de residencia en la vivienda, anterior a la fecha de adquisición, a efectos de la exención por reinversión?
• Base imponible del IRPF en la regularización de ventas ocultas ¿Hay que minorar la cuantía del IVA?
• Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente: acreditación de la realidad de las retenciones cuya devolución se solicita
• Cuantificación de la bonificación en casos de rentas netas no bonificadas positivas y rentas netas bonificadas negativas
• Las consultas tributarias tienen efecto vinculante para las Entidades Locales
• Tributación del producto “Renta Vitalicia Inversión Flexible” que puede contratarse por dos personas
• El pago a cuenta sobre la ganancia obtenida por la transmisión de acciones de IIC se ha de realizar por el socio que transmite
• Imputación a los socios de una agrupación de interés económico (AIE) de la deducción en el IS por actividades de I+D
• Aunque las sociedades fusionadas sean inactivas puede aplicarse el régimen especial en el IS

Si por las circunstancias del mercado una entidad opta por ofrecer en arrendamiento operativo unos inmuebles, podrá  amortizar contablemente el valor de la construcción de los diferentes inmuebles de manera sistemática y racional en función de su vida útil, pero al carecer de local y persona contratada en la actividad del arrendamiento  los inmuebles arrendados se considerarán no afectos a una actividad económica, a efectos de determinar si estamos ante una sociedad profesional.

La DGT, en su consulta de 29 de junio 2018 analiza las consecuencias en el IS de que una entidad dedicada a la promoción inmobiliaria y que ha construido para su venta una edificación destinada principalmente a viviendas, por las circunstancias del mercado, ante la imposibilidad de realizar dicha venta, opte por el ofrecimiento de los inmuebles a través de contratos de arrendamiento con opción de compra manteniendo, sin embargo, la intención de venta, no su arrendamiento permanente o prolongado en el tiempo.

Conforme a la Resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013,  por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, reclasificará  los inmuebles arrendados y en expectativa de alquiler con opción de compra de existencias a inversiones inmobiliarias, por ser objeto de arrendamiento operativo.